Datos de
la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desalojo (CODHES) divulgados el
miércoles 26 revelan que, en 2007,
Colombia tuvo el más alto número de
desalojos forzados de los últimos cinco
años. Casi 306 mil personas dejaron sus
casas en dirección a otros 843
municipios.
La Consultoría atribuye este aumento del 20 por ciento en
relación con 2006 al rearme paramilitar,
a los enfrentamientos con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), además de la
erradicación de los cultivos.
La capital Bogotá es el destino más frecuente de las
personas que tienen que dejar sus casas
por miedo al conflicto armado: casi 45 mil personas sólo el año pasado;
en seguida está Nariño, con la
recepción de 32.856 víctimas de
desalojos. En total, son 32
departamentos afectados.
Las familias temen perder a sus hijos a causa del conflicto
armado, sea por las guerrillas, sea por
los grupos paramilitares. En los
territorios en los que habitaban, tenían
que convivir constantemente con
amenazas, atentados, bombardeos y miedo
a las minas terrestres.
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Las familias
temen perder a
sus hijos a
causa del
conflicto
armado, sea por
las guerrillas,
sea por los
grupos
paramilitares |
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La CODHES identificó nuevas zonas
de desalojo, en razón de las nuevas
dinámicas del conflicto armado, como la
zona de ejecución del Plan
Consolidación (antiguo Plan
Patriótico). La confrontación entre
los grupos armados continúa causando
graves violaciones de los derechos
humanos, con una violencia cruel que no
diferencia civiles de combatientes y
hace uso indiscriminado de las armas de
fuego.
“Los enfrentamientos trascienden a los combatientes y se
trasladan con crueldad en contra de la
población civil, bajo la acusación de
pertenecer o auxiliar a alguno de los
dos grupos. No se conoce el número de
muertos, pero llega a cientos,
especialmente en el departamento de
Arauca”.
El informe de la CODHES confirma un dato
repetido desde hace mucho por las
entidades de derechos humanos
colombianas:
los paramilitares no fueron
desmovilizados. En Nariño, Chocó,
Antioquia, Córdoba, Valle, Cauca,
Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar,
Vichada y Casanare, jóvenes actúan con
otras ropas y nombres, pero siempre con
la complicidad de las autoridades y bajo
la tutela de narcotraficantes.
“Ellos realizan operaciones en contra de la población civil;
cuidan o disputan cultivos,
laboratorios, rutas de narcotráfico;
desalojan a campesinos, indígenas y
comunidades negras; apoyan a candidatos
y se infiltran en administraciones
locales”, dice el informe.
Uno de los problemas detectados por la Consultoría es que el
gobierno no reconoce los desalojos
forzados a causa de las fumigaciones y
nadie lucha por los derechos de esas
personas: “La guerrilla, los
paramilitares y la necesidad los obligan
a cultivar, el Ejército y la Policía los
persigue, la Acción Social no los
reconoce y la Procuraduría los mira con
sospecha”.
Adital
29 de febrero de 2008
