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“Nuestra voz no
la callarán
nunca”
Herbert
AnayaSanabria
Presidente de la
CDH-ES al
momento de su
asesinato el 26
de Octubre de
1987 |
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La Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador celebro su 30 aniversario, con
un Seminario y Foro Internacional que se
desarrolló en San Salvador del 7,
al 9 de mayo de 2008, denominado,
“Impunidad Presente, Justicia Pendiente,
Corte Penal Internacional Urgente”.
Durante tres días, los participantes del
Seminario y Foro Internacional
debatieron sobre diversos temas
relativos a los derechos humanos, tales
como; Verdad, Justicia y Reparación para
las Victimas, Leyes de Reconciliación y
Amnistía, Experiencias exitosas de
Combate a la Impunidad, Leyes
Antiterroristas y Derechos Humanos, y
Rescate de la Memoria Histórica.
Los 30 años de existencia de la CDH-ES,
estuvo revestida de una inevitable
referencia a los años del conflicto
armado, que fueron especialmente
difíciles, para una Comisión de Derechos
Humanos, que tenía que identificarse
claramente como “No Gubernamental” ya
que con el mismo nombre funcionaba una
oficina del gobierno cuya práctica
permanentemente era desmentir, o restar
importancia a toda denuncia de violación
a los derechos humanos que sucedía en
El Salvador.
Y esta referencia no es para menos. La
CDH-ES No Gubernamental fundada
en mayo de 1978, sufrió aparte del
asesinato de dos de sus presidentes,
Marianela García Villas en 1983, y
Herbert Anaya Sanabria en 1987,
también
la desaparición y asesinato de su
Secretaria de Prensa, María Magdalena
Henríquez, así como de Ramón
Valladares, Administrador de la
misma, ambos hechos sucedidos en octubre
de 1980. Asimismo en diciembre de 1981,
fue desaparecido Carlos Eduardo Vides,
Director de la Comisión y en 1982 la
Policía de Hacienda desapareció a
América Perdomo, Directora de Relaciones
Públicas de la misma1.
En el caso de Marianela García Villas,
esta murió mientras recolectaba muestras
que comprobaban el uso de Napalm2
contra población civil por parte del
Ejercito Salvadoreño. Y en el caso de
Herbert Anaya Sanabria, este fue
amenazado de muerte durante su captura
en mayo de 1986 por parte de sus mismos
captores y torturadores de la Policía de
Hacienda. Lejos de amedrentarse,
Anaya junto a varios de sus
compañeros, escribieron basados en los
relatos de los presos políticos, y desde
la Cárcel de Mariona; el documento fue
titulado “La Tortura en El Salvador” y
fue publicado el 24 de septiembre de
1986. Este documento contenía aparte de
cifras y relatos escalofriantes, dibujos
creados a partir de los testimonios de
las personas que habían vivido la
tortura. Este documento además de
recorrer el mundo entero dando
testimonio de lo que estaba sucediendo
en las cárceles salvadoreñas, permitió
establecer cómo los oficiales
salvadoreños entrenados en la
tristemente celebre “Escuela de Las
Américas”, ponían en práctica las
técnicas de interrogación y tortura que
en dicho centro se les enseñaba. En
octubre de 1987, la amenaza a Herbert
Anaya se concretó, en un crimen que
posteriormente intentó ser encubierto
por los cuerpos policiales con una burda
historia de problemas internos y de
ajusticiamento por parte de una
organización guerrillera. Historia que
por cierto, nunca tuvo mayor
credibilidad.
Precisamente, entre los documentos
históricos que se expusieron con motivo
del 30 aniversario de la CDH-ES,
se encontraba uno de los ejemplares
originales de “La Tortura en El
Salvador” escrito a máquina y anillado
en los años 80´s. Asimismo se repartió a
los participantes un video que recopila
los testimonios de quienes conocieron a
Herbert Anaya.
Y es quizás por esta historia de
crímenes que afectaron a los defensores
y defensoras de los Derechos Humanos,
que durante el Foro de Cierre de las
Actividades, se debatió ampliamente
sobre el polémico tema de la Corte Penal
Internacional, ya que en palabras de
Miguel Montenegro, presidente de la
CDH-ES, ésta permitiría perseguir
en el futuro, crímenes de similar
magnitud.
Por su parte el Dr. José María Davó,
representante del Consejo General de la
Abogacía de España, hizo énfasis en el
hecho de que en su país, la existencia
de una voluntad política para formar
parte de la Corte Penal Internacional,
logró superar incluso obstáculos
jurídicamente complejos que iban desde
la Constitucionalidad de la Corte, hasta
el fuero que tiene el rey y los
parlamentarios. Asimismo recordó que la
CPI no puede actuar
retroactivamente sino que es un
instrumento para perseguir graves
crímenes a futuro, que los propios
Estados en que se comenten, no tienen la
voluntad de perseguir, ya sea porque
desean encubrir a sus autores, o bien
porque éstos forman parte del aparato
estatal.
En la misma línea, la Lic. Francesca
Varda, peruana, miembro de la
Coalición Internacional por la Corte
Penal Internacional, hizo un recuento de
los países latinoamericanos que aún no
han ratificado el estatuto de la CPI,
El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Chile.
Realizó un resumen de como han ido
superándose obstáculos, incluida la
presión directa del gobierno de
Estados Unidos para condicionar
cooperación militar y de desarrollo al
compromiso de los países para no
entregar ciudadanos estadounidenses a la
CPI.
El representante de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos de
El Salvador, el Dr. Salvador
Menéndez Leal, enfocó su
participación en presentar los
argumentos que en su criterio
contradicen las razones que aduce el
Estado salvadoreño para no ratificar la
CPI, al tiempo que animó a las
organizaciones defensoras de los
Derechos Humanos a seguir impulsando la
adhesión al estatuto de la CPI.
Finalmente la Hermana Raquel Saravia,
guatemalteca y en representación del
Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad, hizo un recorrido de los
hechos que llevaron a la muerte a
Monseñor Gerardi, enfatizando, que
para este religioso, al igual que para
Monseñor Romero, y para otros
grupos como el suyo, que intentan seguir
el ejemplo de estos mártires; la
inspiración hacia la defensa de los
derechos humanos proviene desde el seno
mismo de su fe y compromiso religioso.
El Foro de cierre culminó con la certeza
de la necesidad de renovados esfuerzos
en la defensa de los derechos humanos.
