El Gobierno debe poner freno a la violencia

Ante el cobarde y alevoso asesinato contra diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Grupo de Apoyo Mutuo, manifiesta que esta ola de violencia que sacude y estremece a la sociedad guatemalteca, pone en evidencia la ausencia de planes nacionales orientados a desarrollar un combate frontal  al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia común.

 Estos tres crímenes dejan a la población guatemalteca y salvadoreña en situación de vulnerabilidad, debido a la sensación, de que frente al hecho de que tres diputados al PARLACEN fueron muertos de forma tan brutal, que puede esperar el resto de la población, que no goza de las garantías que tienen estos funcionarios.

Para el Grupo de Apoyo Mutuo es urgente que el gobierno de Guatemala, de muestras claras y tangibles de su voluntad de combatir a los responsables de la ola de violencia.  Independientemente de que la violencia haya afectado a honorables diputados de un país hermano, el mensaje que reciben los visitantes a nuestro país, es que nos encontramos frente a una sociedad enferma que ha terminado aceptando la violencia común y política como algo normal.

Las noticias diarias sobre la muerte de forma violenta de decenas de guatemaltecas y guatemaltecos, según los análisis realizados por el Grupo de Apoyo Mutuo ponen en entredicho y cuestionan los planes de combate al crimen y la violencia elaborados por el Ministerio de gobernación  con el apoyo  del Ministerio de la Defensa Nacional a través de las fuerzas combinadas que supuestamente patrullan el territorio nacional.

Según el informe de la situación de los derechos humanos en Guatemala en el año  2006 realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo,  la sociedad guatemalteca sigue considerando la inseguridad y la violencia como las principales materias pendientes en políticas de Estado. Las zonas urbanas y rurales son copadas por bandas organizadas que someten a la población a un estado de psicosis y pánico. Las intimidaciones, las amenazas, y el asesinato de testigos, ponen en grave riesgo la institucionalidad del país.

En ese mismo informe se pone de manifiesto el pobre resultado al trabajo realizado por el Ministerio de la Defensa Nacional, que viene colaborando con el Ministerio de Gobernación, ya que las fuerzas combinadas que operan contradiciendo el espíritu de los acuerdos de paz, no han logrado resultados positivos en el combate a la violencia y han costado al menos 1.200 millones de quetzales al pueblo guatemalteco en los tres años de gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANA).

Con base a lo anteriormente expuesto, el Grupo de Apoyo Mutuo exige al gobierno de Guatemala que realice las investigaciones necesarias y entregue a la justicia nacional a los miembros de estas bandas, que sólo contribuyen al incremento del desprestigio de la imagen de nuestro país en el concierto de las naciones civilizadas del mundo.

Guatemala, 21 de febrero de 2007