Consejero fundador del
Movimiento de Justicia y
Derechos Humanos de Brasil y
jurista de prestigio
internacional, Jair Krischke se
encuentra en Montevideo
realizando gestiones vinculadas
al pedido de extradición a la
Argentina que pesa sobre el
violador de los derechos humanos
coronel Manuel Cordero,
actualmente detenido en Brasil.
-¿Qué te trae a Montevideo en
esta oportunidad?
-El tema principal que me convoca a Montevideo es el pedido de
extradición del coronel uruguayo
(R) Manuel Cordero que se está
tramitando en Brasil, por
requerimiento de la justicia
argentina en el marco de una de
las llamadas “megacausas” que,
en este caso, se refiere a
hechos ocurridos durante la
aplicación del Plan Cóndor. La
Suprema Corte brasileña está
entrando en la etapa decisoria
en este caso acerca de si
concede o no la extradición de
Cordero pedida por el juez
argentino Guillermo Montenegro.
Existen otros dos pedidos de
extradición de Cordero en curso
en la justicia brasileña: uno
que provino desde Uruguay y otro
que acaba de llegar también
desde Argentina.
-¿En qué etapa está exactamente
el trámite de extradición?
-El pasado 23 de abril Cordero fue a declarar en Porto Alegre
ante un juez federal designado
por la Suprema Corte, ya que
ella no instruye directamente
estos casos. El resultado de ese
interrogatorio debería estar ya
en Brasilia, a consideración de
la Corte. No obstante, y en
virtud de que en Brasil muchas
veces se sabe poco de lo que
ocurrió durante la dictaduras en
Argentina y Uruguay, he venido a
recabar testimonios directos de
las personas que fueron víctimas
de Cordero para complementar y
apoyar las evidencias y
elementos de juicio que la Corte
tendrá a su disposición para
decidir en este caso tan
emblemático. Todo este material
que están elaborando las Madres
y Familiares de Detenidos
Desparecidos del Uruguay será
entregado al Fiscal General de
la Nación.
-¿Se conoce el tenor de las
declaraciones de Cordero?
-Se trata de un hábil declarante que argumenta que nunca
formó parte de los “grupos de
tareas” de militares uruguayos
que realizaban operativos en
Argentina, sino que ocupaba una
posición de “analista de
inteligencia”. Por eso es
importante recabar los
testimonios de aquellas personas
que fueron secuestradas,
torturadas e interrogadas por
Cordero, de quienes lo
identificaron como uno de los
integrantes de esos “grupos de
tareas” en los que él niega
haber participado. La Suprema
Corte no tiene competencia para
juzgar los crímenes de Cordero,
sino que debe evaluar si es un
delincuente huyendo de la
justicia o si se trata de una
persecución política, como lo
afirma él.
-Cordero pidió ser trasladado
desde la prisión de Porto Alegre
a la de una ciudad fronteriza
con Uruguay, Santana do Livramento.
-Pidió eso, o en su defecto prisión domiciliaria, pero no se
ha resuelto nada al respecto y
él sigue en la misma prisión.
-¿Cuándo habrá una definición
acerca del pedido de
extradición?
-Es probable que en dos meses la Corte haya adoptado una
decisión.
En Montevideo,
Carlos Amorín
©
Rel-UITA
17
de mayo de 2007 |
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