Amnesty International y el Tribunal Permanente de los Pueblos enviaron cartas a las autoridades nicaragüenses pidiendo protección para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la doctora Vilma Núñez. Sirel conversó con ella para conocer cuáles son los temores de esta reconocida organización de derechos humanos.

-¿Qué fue lo que motivó a dos organizaciones internacionales tan importantes como Amnesty International y el TPP, a expresarse de manera oficial pidiendo a las autoridades nicaragüenses que se le garantice protección y el cese de lo que consideran un hostigamiento contra usted?

-La preocupación que expresaron estas organizaciones, a las que se sumaron el Observatorio para los Defensores de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, se debe a la situación de polarización que se está viviendo en el país, a raíz de la implementación de medidas y acciones que yo definiría como una verdadera persecución selectiva en contra de aquellos sectores críticos hacia el gobierno. El discurso del actual presidente Daniel Ortega se ha caracterizado por ser muy confrontativo con los medios de comunicación, con algunas ONG y con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que defienden los derechos humanos. En ese sentido, la preocupación que expresaron estas organizaciones no fue solamente hacia mi persona, sino también para todo el personal del CENIDH.

-¿Cuáles han sido estos hechos que usted cataloga de persecutorios?

-Son varios. Hubo una persecución en contra de nueve defensoras de derechos humanos a través de una acción penal promovida por la Fiscalía de la República y el CENIDH decidió asumir su acompañamiento. En los meses pasados comenzó también una persecución en contra de siete ONG nacionales. Dos de ellas, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), de Carlos Fernando Chamorro, y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) fueron citadas, intervenidas y hostigadas a través de continuos llamados a comparecencias. Ambas organizaciones denunciaron los hechos al CENIDH y pidieron nuestro acompañamiento. Nosotros accedimos, así como lo hicimos con otras organizaciones que estaban siendo investigadas.

Esta decisión del CENIDH profundizó la política de hostigamiento y obstaculización del gobierno en contra de nosotros y de mi persona.

-¿Cómo se concretó esta política?

-Comenzó una campaña de deslegitimación y calumnia a través de los medios de comunicación oficialistas. Se dedicaron programas televisivos y radiales y páginas enteras para desacreditarme, diciendo que en el CENIDH somos “agentes del imperialismo”, “defensores de la oligarquía” y esto nos pone en una situación de alto riesgo. En un contexto muy polarizado como el actual, hablar en esos términos y ponerme como una enemiga y traidora del sandinismo significa estar en peligro de vida.

A esta campaña siguieron los hechos. Mientras acompañábamos a las organizaciones sociales, que habían sido citadas por la Fiscalía para rendir declaraciones sobre sus actividades, fuimos insultados, agredidos y golpeados por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que sitiaban el lugar. Sucesivamente, atacaron mi casa lanzando pintura roja y negra en la pared, simulando sangre derramándose, lo que interpreto como una clara advertencia de muerte.

Creemos entonces que la verdadera causa de esta persecución es estar defendiendo los derechos humanos de estas organizaciones y personas.

 -¿Cuál fue su reacción?

-Solicitamos de inmediato medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque la Policía Nacional no nos estaba garantizando una verdadera protección. Después de investigar lo ocurrido, la CIDH decidió solicitar al gobierno de Nicaragua que se adoptaran esta medidas para proteger a mi persona y al CENIDH. Lamentablemente, la Cancillería le dio largas al asunto y actualmente no tenemos una verdadera protección. Toda esta situación preocupó muho a Amnesty International, tanto que decidió enviar a dos personas para investigar lo ocurrido y fue a raíz de lo que pudieron averiguar que surgen los comunicados contundentes de esta organización y del TPP. En este momento me siento agredida física y psicológicamente.

-Resulta evidente que en estos últimos dos años el CENIDH ha intensificado las denuncias en contra del actual gobierno, lo cual se diferencia de la actitud demostrada en el pasado, cuándo las denuncias estaban dirigidas sobre todo a otro tipo de violaciones. ¿A qué se debe ese cambio?

-El accionar de un organismo de derechos humanos está condicionado por el contexto y por la clase de violaciones a los derechos humanos que se producen y denuncian. Tenemos que acomodar nuestro trabajo a la realidad que nos toca enfrentar. Los 16 años que precedieron al gobierno de Daniel Ortega fueron de gobiernos sistemáticamente violadores de derechos económicos y sociales y los principales conflictos eran en estos terrenos. Ahora el gobierno dice que lo que nosotros estamos haciendo es atacarlo políticamente. La defensa de los derechos humanos no es un trabajo aséptico, ni religioso, sino un trabajo político; un enfrentamiento permanente contra el poder que está violentando los derechos y que puede ser político, económico o gubernamental. No se trata entonces de un ataque político de tipo partidario o en calidad de adversarios del gobierno, sino que se trata de señalar quiénes son los violadores de los derechos humanos en este momento. Un eje fuerte que caracteriza al actual gobierno es la violación a los derechos civiles y políticos.

-¿Qué salida le ve a esta situación de polarización?

-Polarización no implica necesariamente comportamientos homogéneos en ambos lados. Aquí se está dando por la provocación y agresión de un lado y el nivel de resistencia del otro. Considero que los principales asesores del presidente Ortega hicieron mal sus cálculos y que no se esperaban una reacción tan fuerte de parte de diferentes sectores no afines al gobierno. Hay heridas que serán difíciles de sanar, y algo que duele es que se está afectando el trabajo que hemos hecho en todos estos años, de que la gente se sienta sujeta de derechos y que tiene derecho a reclamarlos. Ojala el gobierno rectifique y busque nuevos mecanismos de concertación.