Jair Krischke

El abogado Jair Krischke afirma que su carta magna respeta la dignidad y los derechos humanos, como los tratados internacionales. El Supremo Tribunal Federal decide el caso desde el 18 de julio, en el aniversario de la Constitución uruguaya. El pedido de refugio es analizado por el Conare, que interrogó al militar durante cinco horas. Tiene pedido de captura desde Argentina.

El eventual otorgamiento de un estatus de "refugiado" al prófugo coronel retirado Manuel Cordero, quien se encuentra en San Pablo, Brasil, sería inconstitucional, además de constituir una afrenta al pueblo uruguayo, afirmó a La República el activista de derechos humanos Jair Krischke.

Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, dijo ayer a La República que estaba "seguro de que el gobierno de Brasil no le va a regalar el estatus de refugiado a este terrorista de Estado, prófugo de todas las justicias".

El Superior Tribunal Federal de Brasil decidirá desde el próximo 18 de julio, paradójicamente en la fecha de aniversario de la jura de la Constitución uruguaya, si otorga o no el estatus de refugiado pedido por Cordero, quien ha sido requerido por la Justicia de Uruguay y Argentina.

Cordero declaró ser un perseguido político que desde 1986 recibe amenazas, sin que las autoridades uruguayas lo protegieran y hasta corría el riesgo de no recibir atención médica por su enfermedad cardíaca, situación que se agravaba al asumir en el gobierno Tabaré Vázquez y el Encuentro Progresista.

Refugio inconstitucional

Jair Krischke, quien ubicó al militar prófugo cuando se escondía en una casa de Santa Ana de Livramento y lo informó a la policía federal y la Interpol de su país, opinó que el Superior Tribunal Federal de Brasil no puede otorgar el refugio a Cordero porque implicaría una violación a la Constitución de su país.

"Existen principios fundamentales -explicó Krischke-: el artículo 1º de la Constitución dice que la República Federativa de Brasil constituye un Estado democrático de Derecho y tienen por fundamento, en su tercer capítulo, "la dignidad de las personas humanas".

En el artículo 4º de la Constitución de Brasil se señala como uno de los principios que rigen para sus relaciones internacionales, "la prevalencia de los derechos humanos" y en el artículo 5º , que otorga derechos y garantías, se validan los tratados internacionales firmados por Brasil", agregó.

"Brasil ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura... por lo que mal se le puede dar refugio a un criminal de lesa humanidad", destacó. Krischke recordó que Cordero se encuentra en Brasil desde julio de 2004, se presentó ante la Policía Federal para tramitar su permanencia legal el 21 de setiembre de ese año. El 14 de febrero de 2005 mintió ante las autoridades al declarar ser un perseguido para así solicitar su condición de "refugiado".

Patas de Cordero

La Policía Federal lo citó a declarar el 28 de febrero, pero su abogado, doctor Julio Martín Favero, pidió la postergación de la fecha, con el argumento de que el militar retirado estaba enfermo. Recién el 2 de marzo último Cordero hizo sus argumentos para pedir refugio.

Para Krischke, las declaraciones de Cordero resultan increíbles. "Este valiente coronel que cometió crímenes terribles, como la tortura, la desaparición de personas y el secuestro de niños, ahora miente cobardemente para escapar de su segura condena."

En su relatorio, Cordero afirma: "Que desde el año de 1986, el requirente y su familia sufren amenazas y ataques en contra de su integridad física, lo que aumentó gravemente después del cambio de gobierno en 2004" y que "sufre una persecución implacable de parte de la izquierda". "Que además de siempre buscar protección junto a las autoridades uruguayas -agrega Cordero- éstas no tomaron ninguna medida para protegerlo" y "que en Uruguay estaba sin recibir atención médica para su enfermedad cardíaca, pues cuando se trata de su persona, la niegan o la sabotean", denunció. "¡Este señor miente descaradamente!" -enfatizó Krischke-, "porque todos sabemos que en el año 2004 no hubo cambio de gobierno en Uruguay. Cordero vino a Brasil en julio, antes mismo de las elecciones que fueron en octubre, y pide refugio el 14 de febrero, antes de asumir Tabaré Vázquez".

Desacatado y prófugo

Cordero huyó a Brasil en julio de 2004, cuando debía enfrentar una causa de "desacato por ofensa", denunciada por el juez penal José Balcaldi ante el juez Pedro Hackenbruch, y apareció en setiembre último cuando se presentó ante la Policía Federal de Brasil para tramitar un permiso de residencia legal.

Balcaldi, quien debía instruir una causa contra Cordero en un juicio por "apología del delito", debido a declaraciones en las que el coronel retirado había defendido la tortura de presos políticos, terminó por recusarse del caso cuando fue acusado por el militar de haber sido "colaborador de la dictadura".

En la entrevista del periodista Raúl Ronzoni, publicada por el semanario Búsqueda el 27 de setiembre de 2001, Cordero había reivindicado la acción irregular contra grupos terroristas y defendió los métodos que implican matar, torturar, secuestrar o hacer desaparecer personas.

Pese a la orden de captura ordenada por la Justicia uruguaya en el juicio por desacato, la presencia de Cordero en Brasil era de conocimiento del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, ya que el militar debía presentarse mensualmente ante los consulados para cobrar su jubilación.

Cordero firmó un poder absoluto sobre sus bienes en favor de su cuñado, pero deberá seguir presentándose cada mes ante una oficina consular uruguaya para ratificar que se encuentra vivo. De lo contrario no se podría autorizar a sus representantes legales el cobro de haberes y pensiones.

A estudio del Conare

La solicitud de refugio se encuentra actualmente a estudio del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), que preside el doctor Luiz Paulo Barreto y cuya coordinación ejerce la doctora Nara Conceiçao Nascimento Moreira da Silva, quien ya mantuvo una entrevista de cinco horas con Cordero en San Pablo.

El Conare, con sede en Brasilia, está integrado por los ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo y Empleo, Salud, Educación y Deporte, junto al Departamento de Policía Federal, organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El Comité brasileño tiene entre sus cometidos el análisis de los pedidos de refugio y recomendar su otorgamiento o no al Supremo Tribunal Federal de Brasil, el máximo organismo judicial de ese país, cuyos ministros deben resolver el otorgamiento del refugio pedido por el prófugo Cordero.

El militar se encuentra en San Pablo, donde venía realizándose exámenes médicos para una operación al corazón o la instalación de varios by pass. El trámite iniciado por Cordero le permitiría residir legalmente en Brasil con documento provisorio y permiso de trabajo.

Hasta que no se resuelva el otorgamiento o no a su solicitud de refugio, Cordero no podría ser repatriado a Uruguay o extraditado a Argentina, donde el juez Guillermo Montenegro -quien había librado una orden de captura internacional en 2001- ha pedido formalmente su extradición a las autoridades brasileñas.

Un breve prontuario

Juan Manuel Cordero Piacentini, nació el 15 de setiembre de 1938 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1951, en el arma de Artillería. Ascendió a capitán en 1967 y un año después su nombre era reconocido como el de un represor por quienes lo sufrieron en el Grupo de Artillería Nº 5.

En 1972, luego de la declaración del Estado de Guerra Interno, Cordero era uno de los oficiales que junto a José Nino Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira recorría las unidades militares del interior del país, para dar "talleres prácticos" sobre cómo interrogar a presos y presas por razones sindicales o políticas.

Cuando el golpe de Estado de 1973, Cordero realizaba cursos de Estado Mayor en Uruguay y de contrainsurgencia en Argentina, adonde viajaba asiduamente como "nexo" entre los servicios de Inteligencia (revista como S2 en Artillería Nº 5) entre ambos países.

Con el grado de mayor en 1976 ya estaba integrado al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y había sido cooptado por el Servicio de Información y Defensa (SID), por quienes participó en la operación del Plan Cóndor en Automotores Orletti de Buenos Aires.

Con el alias de "303" era el tercer mando del tristemente célebre centro de torturas "300 Carlos", conocido como "el infierno", ubicado en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, donde fueron desaparecidos militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Roger Rodríguez

La República

  4 de julio de 2005