Uruguay no puede ser tierra para el crimen perfecto: por lo que son sus organizaciones sociales, por lo que el pueblo ha aportado a las luchas, por la tradición artiguista. Un poco más tarde, o aún antes de los previsto, se sabrá qué pasó con los detenidos-desaparecidos.

Todo depende de lo que, con serena firmeza, sin pausa, hagamos cada uno de los habitantes de esta tierra.

El tema de los detenidos-desaparecidos, como toda causa entrañablemente popular, depende de la capacidad militante para difundir las razones que exigen se informe la verdad.

El escritor Juan Gelman ha explicado algo que es, además de su tragedia personal, la de miles y miles en el Cono Sur y en la Patria Grande. Dijo: “Los familiares de detenidos-desaparecidos sufren pérdidas  irreparables. La búsqueda de la justicia no las recupera, pero continúa la memoria, que exige el conocimiento de la verdad”.

Todo el que medita sobre este tema llega, necesariamente, a una conclusión: no se vive una democracia digna, real, creíble, si en ella se prolongan las consecuencias de las arbitrariedades  y crímenes de las tiranías. Más claramente: no hay psiquiatra ni psicólogo que no advierta cómo en los familiares de detenidos-desaparecidos “el duelo no se procesa”, el dolor se prolonga, y  la herida se mantiene, irrestañable, mientras no se llega a la verdad.

Hace algunos años, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, una madre planteó, textualmente: “Tengo un hijo que desapareció en Uruguay cuando tenía 22 años, y yo me pregunto –frente a las declaraciones del capitán Tróccoli- si tengo que pensar que está enterrado de pie con un árbol encima. No sé si los señores diputados pueden entender la tragedia que eso representa para nosotros. He perdido seres queridos –mis padres y mi marido- y sé que hay un tiempo de duelo, de dos o tres años. A uno le parece que no se va a poder resignar, pero la resignación y la paz llegan. Sin embargo, es terrible que después de 20 años sigamos sufriendo la misma tragedia y sintiendo el mismo dolor por los desaparecidos, cuyo duelo no hemos procesado. Siento como si mi hijo estuviera frente a mí y me preguntara: “Mamá: ¿por qué?”.

Gelman recordó en Madrid la desaparición de su hijo Marcelo Ariel, de 20 años; de su nuera María Claudia Irureta Goyena, española, de 19 años y encinta de siete meses; todos desaparecidos a partir de Automotores Orletti, lugar donde aplicaron su odio oficiales de las fuerzas de represión de varios países. El cadáver del hijo de Gelman fue arrojado a las aguas del Canal San Fernando en un tambor rellenado con cemento y arena. Hallaron sus restos 13 años después. “Y fue una suerte de consuelo –explica Gelman- poder darles sepultura; arrancar a mi hijo de la noche de la niebla genocida, cumplir así con una ley humana que viene del fondo de los siglos, y es básica para la cultura universal”.

A medida que el tiempo transcurre crece en Uruguay (y en toda la Patria Grande) la exigencia de que se informe la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. Pasa el tiempo, el miedo y la complicidad dejan de dar réditos y el problema preocupa hasta a quienes, en otras circunstancias, miraban para otro lado.

Todos sabemos, ya, que así como la historia ofrece páginas, como el Éxodo,* por ejemplo, que son hechos con los que todos los orientales nos sentimos orgullosamente identificados y forman parte de la raíz común, que el holocausto perpetrado por estas latitudes no sea superado con la verdad es una niebla que pesará, históricamente, sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Parlamento, sobre las instituciones en general y, en especial, sobre las Fuerzas Armadas.

Cuando planteamos estos temas no reclamamos cárcel para los responsables. Los asesinatos, las torturas, las prisioneras dando a luz encapuchadas y maniatadas, como los hechos de Orletti, los vuelos de la muerte, los niños desaparecidos y no buscados por los demócratas que sucedieron a los que también se decían defensores de la democracia, no se solucionan con rejas. A la Ley de Caducidad siguió, además, un plebiscito. Pero es necesario recordar que los teóricos y votantes de la ley de impunidad sostenían que ella era el único camino para que se supiera la verdad sobre los detenidos-desaparecidos. “Es mucho mejor esta ley -se decía en defensa de la impunidad y consta en las actas del Parlamento- a que se siga en la incertidumbre y se permita a los militares guardar silencio eterno sobre estas situaciones aberrantes. La verdad tiene que saberse. A los familiares se les tiene que decir qué es lo que sucedió (...) No se puede continuar ocultando la verdad”.

Después, los que con esos argumentos (sumados al fantasma del retorno de los militares y del terror) consiguieron la impunidad, se plegaron al silencio. Pero hoy, como siempre, democracia es también opinión pública. Y esta apoya las demandas de los familiares de detenidos-desaparecidos, como lo demuestran las manifestaciones que se reiteran cada mes de mayo.

El mandato viene de los compañeros que cayeron en la lucha. Y es un imperativo con gran fuerza, que también tiene raíces en la prédica y el ejemplo de esos mismos y en la solidaridad con quienes lucharon por un mundo sin clases sociales. Una fuerza que viene de la demanda de verdad y justicia junto a quienes “al negarse a olvidar -como ha dicho Gelman- impiden la segunda muerte de las víctimas”.

E impiden el crimen perfecto (porque desde el monopolio del poder descontaban la impunidad) de los que practicaron el terrorismo de Estado.