El pasado lunes 2 de julio, el presidente Elías Antonio Saca pretendía anunciar en Suchitoto el inicio del plan gubernamental de privatización del agua, llamado oficialmente “Política de Descentralización”. ¿Por qué eligió para hacer ese anuncio, exactamente el lugar donde fueron asesinados los esposos Manzanares, padres de “Mariposa”, la histórica locutora de la radio “Venceremos”, y por si eso fuera poco, el día en que se cumplía el primer aniversario del repudiable crimen? Las organizaciones sociales han señalado esto como una prueba clara de la provocación presidencial. Hubo 14 detenidos en los disturbios callejeros y amenazan con procesarlos por terrorismo.

 

 

La población civil organizó una serie de protestas para ese día, y parecería que en la opinión del Presidente, ellas dieron al traste con una más de sus acostumbradas apariciones públicas, las cuales van acompañadas, sin excepción, de una fuerte cobertura de publicidad mediática.

 

Organizaciones de mujeres campesinas protestaban desde lanchas que bordeaban el balneario conocido como “Puerto San Juan”. Pretendían entregar una carta al Presidente, pero fueron perseguidas por una lancha artillada del Ejército. Según comentaron algunos pobladores, cuando Saca recibió la noticia de que el cuerpo diplomático y los Ministros que participarían en el acto público no podían llegar debido a las protestas ciudadanas en la única calle de acceso, montó en cólera y ordenó la represión, y especialmente la captura de “los dirigentes” de las protestas. Encolerizado, el Presidente subió a su helicóptero y abandonó el balneario recreativo en las orillas del lago Suchitlan.

 

Ya en la residencia presidencial realizó el anuncio de la “Política de Descentralización” -que pasó casi desapercibido, por cierto-, mientras las explosiones de las bombas de gases, balas de goma y convencionales hicieron recordar a la población de Suchitoto cómo se escucha y se siente la cólera de los gobernantes contra la población.

 

“Andaban diciendo que le habían tirado una piedra a un carro del gobierno, y que una señora casi se murió del susto, y entonces que eso es un acto de terrorismo”, comentó un poblador de Suchitoto al describir las excusas policiales para desatar la represión.

 

Ahora, la venganza del presidente Saca parece subir de tono: una jueza pretende encarcelar por “Actos de Terrorismo” a 13 personas, incluyendo a las líderes de CRIPDES y a las demás personas capturadas el 2 de julio.

 

Suchitoto: las heridas abiertas

 

Corría la mañana del 28 de febrero de 1983. La cuesta de Guadalupe y la planicie del cantón Tenango, en las cercanías de Suchitoto, fueron lugares de muerte para por lo menos 250 pobladores. Apenas cuatro días antes, el Presidente de aquel entonces, Alvaro Magaña, había visitado Suchitoto en el marco del operativo que el ejercito llamó “Guazapa 10”. El gobierno quería anunciar el fin del sitio guerrillero a la ciudad de Suchitoto y el desalojo de las fuerzas insurgentes del estratégico cerro de Guazapa, ubicado a sólo 20 kilómetros de la capital.

 

Pero lo que ocurrió cuatro días después de esa visita presidencial a Suchitoto fue la masacre de Tenango y Guadalupe. Miles de campesinos y campesinas, la mayoría niños, mujeres y ancianos, huían de los operativos del “Guazapa 10” que caían sobre sus comunidades. En una operación de venganza y castigo contra una población a la que consideraban “amigable” con los rebeldes, se les aplicó una maniobra envolvente con infantería y aviación, masacrando a por lo menos 250 personas que trataban de alcanzar la zona de Cinquera. La infantería, a cargo de Domingo Monterroza, atacó con fuego de fusilería y artillería a la población civil en la explanada de Tenango, y quienes lograron cruzar el río Quezalapa fueron bombardeados por aviones A37 de la Fuerza Aérea con bombas de 500 libras. Los ejecutores de la masacre: el tristemente célebre Batallón Atlacatl. Sus oficiales eran entrenados en la “Escuela de las Américas” por el Ejército estadounidense, el mismo que también proveía los aviones y pertrechos militares usados por el Ejercito salvadoreño.

 

Desde esa fecha hasta 1992 Suchitoto permaneció como un pueblo fantasma, abandonado casi totalmente por la población y ocupado por el Ejército para colocar piezas de artillería que dirigía hacia las faldas del cerro de Guazapa. Éste nunca fue desalojado por las fuerzas insurgentes que le llamaron “Una Flecha en el Corazón del Enemigo”, y sirvió como lugar de concentración a las fuerzas rebeldes que ingresaron a San Salvador en noviembre de 1989 durante la mayor ofensiva de la guerra.

 

El asesinato de los esposos Manzanares

 

Rosa Marina Manzanares, “Mariposa”, era nada menos que la voz femenina que caracterizaba una de las dos radios insurgentes durante el conflicto armado. Acompañada por el conocido “Santiago” –ahora director del Museo de la Palabra- daban los partes de guerra del FMLN y representaban la voz oficial de la insurgencia.

 

El domingo 2 de julio de 2006, en horas de la mañana, los padres de Mariposa fueron torturados y asesinados con barbarie, en su casa ubicada en el barrio La Cruz de Suchitoto. “¿Cómo pudieron hacerles esto? Ellos eran inofensivos, amables y ayudaban a quien les pidiera ayuda”, declaró una vecina al periódico CoLatino.

 

Como es habitual en estos casos, en vez de custodiar la escena del crimen la Policía destruyó las evidencias. Cuando dos días después los esposos Manzanares estaban ya en sus ataúdes, los agentes llegaron a abrirlos para, supuestamente, recolectar muestras de sus uñas.

 

La hipótesis de que se trató de una operación de escuadrones de la muerte con objetivos políticos toma fuerza creciente con el hecho de que un año después, el 2 de julio de 2007, justo en medio de los actos de desagravio y conmemoración del asesinato, el presidente Saca pretendió anunciar ahí mismo, una de las medidas más controversiales de su gobierno: la privatización del agua.

 

Demasiadas coincidencias

 

Hace también un año, el 5 de julio de 2006, Mario Belloso, para esa fecha ya expulsado de la Juventud el partido de izquierda por sus actitudes “sospechosas”, disparó un fusil en medio de una protesta estudiantil, asesinando a dos policías de la unidad antidisturbios que en ese momento dispersaban la manifestación. Este lamentable hecho, que cobró la vida de dos personas, sirvió como marco perfecto para que el gobierno aprobara en tiempo record una ley antiterrorista que el partido ARENA había intentado crear durante años sin lograrlo ni siquiera en tiempos de guerra.

 

El embajador estadounidense apoyó dicha medida argumentando que “El Salvador y Estados Unidos son socios en la guerra contra el terrorismo”. Primeramente se invocó para reprimir a vendedores ambulantes, y un año después se pretende aplicar a 13 de las 14 personas capturadas en Suchitoto el pasado 2 de julio durante las protestas populares.

 

Trece presas y presos políticos

 

Resultado de esta coyuntura, el pasado sábado 7 de julio una jueza “blindada” -como se ha dado en llamar a los funcionarios que entienden en estos casos-, decretó la detención para 13 de las 14 personas capturadas en Suchitoto durante las protestas. Entre ellas se encuentran la presidenta y la vicepresidenta de CRIPDES, una organización campesina que durante la guerra organizaba las comunidades desplazadas por el conflicto armado.

 

La jueza otorgó a la Fiscalía tres meses para investigar más sobre los supuestos actos terroristas. En este tiempo, las seis mujeres y los siete hombres capturados permanecerían en prisión. Según los abogados defensores y dirigentes sociales, la jueza respondió a presiones políticas desde la Presidencia y el partido gobernante más que a razones legales. Ante esto, los abogados defensores anuncian que apelarán la decisión; mientras tanto, las organizaciones sociales anunciaron que incrementarán la resistencia social y la denuncia nacional e internacional ante la existencia de 13 presos y presas políticas en El Salvador. Algo que tanto dentro como fuera del país, se llegó a pensar que era cosa del pasado.

 

Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL)

10 de julio de 2007