Amnistía Internacional presentó su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.  El Informe 2005, que abarca 149 países, destaca el hecho de que ni gobiernos nacionales ni organizaciones internacionales han sido capaces de atajar las violaciones de derechos humanos, y pide una mayor rendición de cuentas internacional.  

Según el Informe, a lo largo del año 2004 se despreciaron los derechos humanos de la gente corriente, o se cometieron graves abusos contra ellos en todos los rincones del planeta. Los intereses económicos, la hipocresía política y la discriminación socialmente organizada siguieron alimentando las llamas del conflicto en todo el mundo.

En América,  el respeto de los derechos humanos siguió siendo una utopía para muchas personas. En la evaluación de Amnistía Internacional los gobiernos del continente no cumplieron su compromiso de mantener los derechos humanos fundamentales. Las instituciones democráticas y el Estado de derecho estuvieron en peligro en una gran parte de Latinoamérica.

El Informe denuncia que los civiles siguen siendo las principales víctimas de la violencia política en el continente. La situación de los derechos humanos en Colombia continuó siendo crítica, con la población civil en el punto de mira de todas las partes implicadas en el conflicto: las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el gobierno y los grupos armados de oposición.

La inestabilidad y la radicalización política siguieron afectando a Venezuela durante gran parte del año.  En Haití, a pesar de la presencia de una fuerza militar y policial de la Organización del las Naciones Unidas (ONU), persisten la violencia política y las violaciones de derechos humanos. En otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala y Paraguay, las disputas sobre tierras y las condiciones de trabajo en las plantaciones siguieron exacerbando prolongados conflictos y violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos siguió incumpliendo las normas internacionales sobre derechos humanos al aplicar la pena de muerte a menores, a personas con discapacidades mentales, a acusados que no habían dispuesto de una asistencia letrada efectiva y a ciudadanos extranjeros a quienes se les habían negado sus derechos consulares. En 2004 se llevaron a cabo 59 ejecuciones.

En la presentación del Informe 2005 de Amnistía Internacional, la secretaria general de la organización, Irene Khan, ha dicho que los gobiernos no han dado muestras de integridad en el ejercicio de su liderazgo y deben rendir cuentas. "Los gobiernos están incumpliendo las promesas que han hecho en materia de derechos humanos -ha señalado Irene Khan, según informan las agencias. "Se está elaborando una nueva agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad. Con tal fin se está intentando, entre otras cosas, redefinir la tortura para hacerla admisible".

ADITAL

26 de mayo de 2005