Amnistía Internacional asegura que la población civil sigue siendo víctima directa de la impunidad

LONDRES (EFE) - El informe de Amnistía Internacional (AI) 2003 pone de manifiesto que persisten graves deficiencias en los estados latinoamericanos para garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo que la población civil sigue pagando un elevado precio.

El documento insta a los gobiernos y a quienes ejercen la autoridad en los países donde se cometen abusos a que se realicen investigaciones independientes y eficaces y se ponga a los responsables a disposición de la justicia.

AI dedica en su introducción al informe mundial por países una mención particular al conflicto colombiano, que califica de “tragedia” en los derechos humanos que ha merecido escasa atención internacional.

Subraya que desde 1985 han muerto más de 60 mil personas, el 80% de ellas civiles, y centenares de miles se han visto obligadas a desplazarse, han sido torturadas o han desaparecido, por lo que advierte que “todas las partes implicadas en el conflicto deben asumir su responsabilidad en la perpetuación del ciclo de la violencia en ese país”.

La organización internacional acusó a las autoridades de Cuba de seguir aplicando “medidas drásticas para reprimir la posible disidencia interna” y destacó que más de 50 personas estaban condenadas a muerte a final del año pasado.

Pero también advierte que el embargo impuesto hace más de 40 años por Estados Unidos a la isla contribuyó a crear un clima de negación del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

El informe de AI afirma que la violencia policial, la impunidad, las torturas y malos tratos en cárceles y comisarías, así como la persecución de campesinos e indios continuaron en Brasil, pese a las leyes sobre derechos humanos aprobadas durante el pasado gobierno.

Denuncia la organización que continuaron las graves violaciones de derechos humanos debido a la “impunidad generalizada y a la incapacidad del gobierno federal de garantizar que las autoridades estatales (regionales) acataran la legislación nacional e internacional relativa a esos derechos”.

La violencia, la polarización política y los rumores de un golpe militar aumentaron la inestabilidad en Venezuela y amenazaron con ocasionar más abusos graves contra los derechos humanos, según el informe.

Además, la organización recibió “informes generalizados sobre homicidios cometidos por la policía en varios estados” y denuncias sobre torturas.

Respecto a Perú, denuncia la vigencia de la legislación antiterrorista y la privación de libertad de presos “falsamente” acusados en el pasado de delitos relacionados con el terrorismo.

Agrega que hubo informes sobre tortura y malos tratos y que los casos de miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos seguían transfiriéndose a tribunales militares.

En México, Amnistía Internacional considera que las fuerzas de seguridad, la fiscalía y la judicatura continúan recurriendo de forma generalizada a las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura y los malos tratos, pese al compromiso del gobierno con la promoción y el respeto a los derechos humanos.

La organización dice que en Argentina centenares de personas fueron detenidas durante las protestas generalizadas a lo largo del pasado año, motivadas por la crisis económica, donde “la policía dio muerte a manifestantes en circunstancias que hacían pensar que habían sido ejecutados extrajudicialmente”.

Amenazas a defensores de los derechos humanos, persecuciones a homosexuales y la parcialidad en los juicios contra agentes de las fuerzas de seguridad acusados de cometer violaciones de esos derechos son algunas de las denuncias que hace AI en su informe sobre Ecuador.

Un agravamiento en la situación de la región de El Chapare que provocó sangrientos enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas de seguridad es lo más destacado en el capítulo dedicado a la situación de derechos humanos de Bolivia en el informe de AI.

En Uruguay, AI destaca las muertes de presos en cárceles de ese país tras un motín y apunta que siguen sin ser esclarecidos casos relacionados con el Plan Cóndor de la década de los años 70.

El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y el maltrato o la tortura a detenidos en Paraguay fueron denunciados por Amnistía Internacional en su informe.

En el caso de Chile, se destaca las duras condiciones de reclusión y los malos tratos, así como enfrentamientos entre la policía y comunidades indígenas.

AI se refiere además a otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, como las actuaciones vinculadas a la Caravana de la Muerte, operación militar en 1973 que causó la muerte a 75 personas.

En Honduras, aseguró que “decenas” de niños murieron en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el pasado año y que continuaron los abusos contra defensores de los derechos humanos en ese país.

Expresó asimismo su preocupación por la impunidad en que se encuentran algunos responsables de violaciones de derechos humanos en El Salvador en 2002, 10 años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una cruenta guerra civil.

En Guatemala, la situación de los derechos humanos ha empeorado, los abusos aumentaron y permaneció la impunidad, aunque se han producido “lentos avances” en el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996 que terminaron con 30 años de guerra civil, asegura el informe.

Los intentos por perseguir la corrupción en Nicaragua originaron una crisis política, durante la cual fueron asesinados, agredidos o amenazados defensores de los derechos humanos y autoridades públicas.

Los homicidios cometidos por la policía y el Ejército de República Dominicana descendieron ligeramente, aunque continuaron produciéndose víctimas abatidas a tiros durante manifestaciones y en “presuntos tiroteos con las fuerzas de seguridad”, destaca el documento.

En Puerto Rico, AI menciona que la Marina de Estados Unidos usó grandes cantidades de gas pimienta en varias manifestaciones de protesta contra la base militar norteamericana de Vieques.

Críticas a Estados Unidos

LONDRES (AP/AFP) - La “guerra contra el terrorismo” encabezada por Estados Unidos ha hecho al mundo más peligroso y dejado a la gente sintiéndose más insegura, aseveró Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.

La organización de defensa de los derechos humanos dijo que los derechos humanos han sido amenazados, las leyes internacionales han sido socavadas y los gobiernos han sido protegidos de escrutinio, todo en nombre de la causa de combatir el terrorismo.

Kate Allen, directora en Gran Bretaña de Amnistía Internacional, dijo que la campaña contra el terrorismo ha tenido “un abrumador impacto” a nivel mundial.

En tanto, la atención del mundo se concentraba en Irak, hubo “un fuerte costo en derechos humanos y en vidas” en sitios que incluyen Costa de Marfil, Colombia, Burundi, Chechenia y Nepal, dijo.

“El mayor desafío que enfrentamos en la actualidad es llamar la atención sobre las crisis ‘ocultas’ y los derechos de las ‘víctimas olvidadas’, dijo Allen.

“Existe un riesgo real de que Irak corra el destino de Afganistán”, añadió.

Por su parte, Estados Unidos rechazó la mayoría de las críticas presentadas en su contra por AI, pero declaró que respeta el rol de contralor en informar los abusos que se dan alrededor del mundo.

La Casa Blanca rechazó los cargos de que las tropas estadounidenses que se encuentran en Irak violaron los derechos humanos de los iraquíes y declaró que las acusaciones de que los prisioneros de la guerra en Afganistán están siendo maltratados “no tienen mérito”.

El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, sugirió que la organización, con base en Londres, debería invertir sus recursos en detallar los abusos a los derechos humanos en Irak antes de que Sadam Husein fuera depuesto por la invasión estadounidense al país.

“Creo que el mundo está regocijado por el hecho de que gracias a los esfuerzos de la coalición, millones de personas que estaban en prisión ahora están libres”, declaró Fleischer a los periodistas.

La Opinión Digital

California - EE.UU.

15 de agosto de 2003