La legislación uruguaya que ha permitido a la policía y el ejército quedar impunes por torturas y asesinatos debe ser anulada, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 19 de octubre, cuando el país se dispone a votar en referéndum el futuro de dicha legislación.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Caducidad) impide procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a 1985, lo que engloba el periodo de 11 años de gobierno civil y militar en que se documentaron miles de casos de tortura y muchas desapariciones.

El 99 por ciento de los presos políticos entrevistados en su momento por grupos locales de derechos humanos aseguraban que habían sido torturados. El número de presos políticos encarcelados en ese periodo llegó, en su momento culminante, a los 7.000, según cálculos.

“Esta ley fue concebida como carta de libertad gratuita para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer personas en Uruguay” afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

“Ya es hora de que Uruguay demuestre que no permitirá la impunidad por estos crímenes. Las víctimas merecen justicia.”

“La ley contraviene la obligación jurídica internacional de Uruguay de proporcionar justicia y poner al descubierto las difíciles verdades de su pasado reciente. Esta ley debe declararse nula” dijo Guadalupe Marengo.

La ley fue propuesta por el gobierno democráticamente elegido de Julio María Sanguinetti y aprobada por el Congreso en diciembre de 1986. Fue ratificada mediante votación popular en un referéndum celebrado en 1989.

Las interpretaciones de la ley han limitado su alcance para abarcar los delitos cometidos tras el golpe militar de junio de 1973 y dentro del territorio uruguayo.

Aunque algunos jueces han ejercido su poder discrecional para excluir ciertos casos del alcance de la ley. Su anulación es la única forma de que Uruguay pueda asegurarse de que no va a obstaculizar el curso de la justicia, y de que abusos como esos no sucederán en el futuro.

En el día de ayer la Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en la causa relacionada con la muerte de la activista Nibia Sabalsagaray en dependencias del ejército en 1974. 

Esta decisión, esperada desde hace mucho tiempo, se da a pocos días de que la ciudadanía uruguaya sea llamada a votar sobre la ley, en un referéndum convocado el 25 de octubre.