La convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, adoptada por la ONU suministra a las víctimas y a sus defensores una panoplia importante para luchar contra el olvido, obtener justicia y exigir reparaciones.

Hombres armados, con uniforme o sin él, irrumpen en una vivienda y se llevan a alguien a la fuerza, que puede ser un opositor o un defensor de los derechos humanos. Lo conducen a un lugar de detención secreta, donde lo más seguro es que lo torturen. Sus allegados buscan desesperadamente informaciones de las autoridades, que tienen un aspecto de no saber nada, de desinterés o de proceder tranquilamente a abrir una investigación, que no acabará. Un hombre o una mujer han desaparecido. Y si un día esta persona es encontrada, es quizás a través de un rescate, o bien no se la encuentre nunca más o se halle su cadáver, a veces mutilado, en una fosa o en la cuneta de una carretera.

Los habitantes de Chechenia, Nepal, Colombia o Irak tienen la experiencia diaria de ese escenario. Por primera vez, un instrumento de derecho internacional, la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, adoptada por la ONU el 20 de diciembre del 2006, suministra a las víctimas de estos crímenes y a sus defensores una panoplia importante para luchar contra el olvido, obtener justicia y exigir reparaciones. La convención cuestiona indirectamente las prisiones secretas norteamericanas de la CIA, una práctica empleada por la Administración Bush en su lucha antiterrorista. Algunas de estas prisiones están situadas en Europa, lo que hace responsables a los gobiernos involucrados. Los grandes países democráticos están pues invitados a dar ejemplo, antes de leer la cartilla al resto del planeta.

Comfia

9 de febrero de 2007

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