Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, al concluir su visita al Ecuador que inició el pasado 25 de abril, afirma que hay abuso de la fuerza pública contra los indígenas. En marzo y abril de este año el movimiento indígena protagonizó una serie de movilizaciones para oponerse a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Estados Unidos y exigir la caducidad del contrato con la empresa petrolera estadounidense OXY por incumplimiento del contrato firmado con el Estado ecuatoriano. 

El relator manifestó que las movilizaciones generaron una respuesta desmesurada por parte de las autoridades, porque hubo represión en algunas instancias, hubo actos de discriminación contra los indígenas que se dirigían a la reunión de Quito y a otras partes. La fuerza pública detuvo a los indígenas, los bajó de los autobuses porque usaban la vestimenta indígena.

Según el relator, estas últimas movilizaciones han polarizado a la opinión pública. En la prensa hubo un discurso de tinte racista por parte de algunos comentaristas que va en contra de la tradición que el Ecuador siempre ha tenido y en contra de la tolerancia mutua y de la convivencia que es la base de la resolución de los conflictos.

Además para ello hay un peligro en estas movilizaciones recientes que es la posible criminalización de la protesta social, aplicando el derecho penal a legítimas expresiones que en este caso era con respecto al TLC, pero que pueden ser con respecto a la presencia de la OXY en el país. Y esto plantea un desafío para el libre ejercicio de los derechos humanos y para la protección de los mismos no solo de los pueblos indígenas sino de todos los sectores del país.

Tras recorrer cinco provincias del país (Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Chimborazo y Pastaza), una primera conclusión del relator es que los pueblos indígenas continúan en situación de pobreza a pesar del crecimiento económico de los últimos años. La débil respuesta de las estrategias de desarrollo ante los problemas acumulados de falta de empleo de las comunidades indígenas contribuye a fomentar el incremento de las migraciones de sus miembros. A la pobreza rural se suma de manera creciente la difícil condición de los indígenas en el sector urbano. La situación de las mujeres indígenas en ese contexto es especialmente vulnerable.

Asimismo los pueblos indígenas carecen de un adecuado acceso a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud. Las niñas indígenas continúan siendo las más marginadas en el proceso educativo. Los programas de educación intercultural bilingüe no han dado los frutos que se esperaban debido, principalmente, a la falta de recursos presupuestarios y técnicos. Lo mismo ocurre en el área de la salud indígena. La mortalidad infantil y la falta de acceso a servicios de salud en las áreas rurales son particularmente preocupantes.

En materia jurídica, se concluye que a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, persisten grandes retos para su protección y promoción efectivas. Los avances logrados en la Constitución de 1998 se han visto limitados por la falta de desarrollo legislativo y la débil aplicación de las normas. No se ha legislado en materia indígena sobre la consulta previa, libre e informada, la salud y la jurisdicción indígena.

Con respecto a los pueblos que viven en la Amazonía ecuatoriana, el relator expresó su preocupación por el deterioro progresivo del hábitat indígena y el impacto de las actividades extractivas como la minera, petrolera y maderera sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Adital

8 de mayo de 2006