La paradójica resistencia del poder
político de izquierda es uno de los obstáculos más serios que enfrentan las
organizaciones sociales y humanitarias que intentan anular la ley de
amnistía a los violadores de los derechos humanos.
Esa convicción se manifestó entre buena parte de los organizadores de la
“Semana contra la impunidad”, que se realizó entre el lunes 21 y el domingo
27 de junio, con motivo del 37 aniversario del golpe de Estado de 1973.
Los animadores de la semana se proponían sobre todo mantener en el ambiente
la agitación en torno a la supresión de la ley de 1986 y analizar los
escollos que se presentan a la concreción de ese objetivo.
El
fracaso, por muy poco margen, del intento de anular la ley en un plebiscito
realizado en octubre pasado, junto a las elecciones nacionales, había hecho
temer que el tema quedara definitivamente enterrado. Los promotores de la
consulta se sintieron entonces particularmente decepcionados con un amplio
sector de la dirigencia del gobernante Frente Amplio, que se vio obligada a
respaldar la consulta por la fuerza que cobró la demanda entre sus bases
pero que después no la apoyó a la altura de lo que se esperaba.
Pero
luego algunos hechos reconfortaron a los grupos que insisten en la anulación
de la ley de amnistía.
Primero, la masiva participación ciudadana en la tradicional marcha de los
20 de mayo por “verdad, justicia y nunca más”. Fueron decenas de miles los
que manifestaron hace un mes por las calles de Montevideo, tal vez una de
las mayores marchas de este tipo desde que se iniciaron en 1996 por
iniciativa de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Hubo
entonces muchos más jóvenes que en otras ocasiones, un dato de peso en una
sociedad envejecida como la uruguaya. De franjas de jóvenes han venido los
intentos de renovación política que han sacudido en los últimos meses a la
izquierda uruguaya, y que se manifiestan, entre otros, en asuntos como la
“lucha contra la impunidad”.
Sumó también al molino una decisión de la Suprema Corte de Justicia de
considerar inconstitucional la ley del 86 en unos 20 casos de asesinatos
cometidos entre 1973 y 1976. La Corte debe pronunciarse caso por caso, y los
grupos humanitarios confían en que se termine dando en Uruguay un
fenómeno similar al que se produjo en Argentina, donde por
acumulación de fallos de la máxima instancia de la justicia el parlamento se
vio prácticamente forzado a dejar sin efecto las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida.
En septiembre, además, es muy factible que por el caso de la nuera del poeta
argentino Juan Gelman, María Claudia García,
secuestrada en Buenos Aires y trasladada clandestinamente y hecha
desaparecer en Montevideo, Uruguay sea condenado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos al mantener en su ordenamiento jurídico
una ley que considera violatoria de los derechos humanos. La probable
condena se produciría en un momento especial: bajo un gobierno de izquierda,
y presidido por alguien como el tupamaro José Mujica, que sufrió en
carne propia las atrocidades de la dictadura.
Ante este panorama hay en el Frente Amplio movimientos para anular en el
parlamento la ley del 86. Pero chocan con otra sensibilidad, también
fuertemente representada en el partido gobernante: la de quienes dicen que
no sería legítimo que se anulara por voluntad de un partido, por mayoritario
que sea, una ley refrendada en dos plebiscitos (el de 2009 y uno anterior,
20 años antes).
Mujica
y el vicepresidente Danilo Astori son representantes de esta
sensibilidad. El presidente ha insistido además en un discurso de
“reconciliación” con las fuerzas armadas y de “superación del pasado” que ha
caído muy mal entre las organizaciones humanitarias y sociales que promueven
la anulación.
Y están quienes no respaldan la anulación sino la derogación de la ley de
amnistía. De derogarse, el texto no tendría validez a futuro, pero lo
actuado hasta ahora, los (muchos) casos de violaciones a los derechos
humanos que no han sido investigados ni castigados por la justicia por haber
sido declarados dentro de la ley del 86 no podrían ser reabiertos.
“Derogar sería casi tan negativo como mantener la ley, porque tendría
efectos hacia atrás un texto que todos los tratados internacionales que
Uruguay ha suscrito califican de violatorio a los derechos humanos”,
considera la abogada Lilián Toja, participante en un coloquio
internacional sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado organizado en el
marco de la “Semana contra la impunidad”.
“La actitud del actual gobierno, y del anterior, también del Frente Amplio,
que dejó fuera de la ley a varios casos de desapariciones, permitió llevar a
prisión a una decena de militares y civiles, pero hay muchos otros que están
libres y que seguirían estándolo si la ley se deroga y no se anula”, comentó
un integrante de Familiares de Desaparecidos.
Pablo Chargoñia,
abogado que está entre los promotores de algunos de los juicios más sonados
por violaciones a los derechos humanos, puso sobre la mesa otro obstáculo al
juzgamiento de los crímenes de la dictadura: la actitud de jueces y
tribunales.
La mayoría de aquellos que han procesado a militares o civiles por
asesinatos o desapariciones cometidos bajo la dictadura lo han hecho por un
delito que prescribe en 26 años, el de “homicidio muy especialmente
agravado”, en vez de hacerlo por el de crimen de lesa humanidad,
imprescriptible.
Algunos de esos jueces y tribunales –la mayoría- estiman que el juzgamiento
de esos delitos comienza a prescribir en marzo de 1985, cuando se recuperó
la democracia tras 12 años de dictadura; otros fijan el punto de partida de
la prescripción en 2005, cuando por la actitud del gobierno de turno, el del
socialista Tabaré Vázquez, la ley de impunidad del 86 comenzó a
resquebrajarse y hacer justicia se hizo en parte posible.
Si la primera tesis siguiera siendo
aplicada, los delitos aún no juzgados prescribirían antes de fines de 2011.
“Sería una afrenta para las organizaciones humanitarias y para la sociedad
toda que crímenes que en todo el mundo son considerados como de lesa
humanidad aquí fueran equiparados a delitos comunes”, dijo Toja.
“Desarmar entre todos la impunidad de hoy y
la de ayer", como decía el lema de la Semana, implica también desterrar las
"islas de impunidad fáctica" que subsisten en el Estado, señaló Chargoñia.
"Los jueces, muchas veces, no tienen el apoyo necesario o la capacidad para
desentrañar el complejo entramado del sistema represivo uruguayo, al no
permitírseles acceder a archivos como el de los servicios de inteligencia”.
María
Victoria Moyano,
hija de desaparecidos uruguayos en Argentina recuperada por Abuelas
de Plaza de Mayo en los años ochenta, estimó a su vez que “nadie tiene
derecho, ni siquiera un presidente, a obligar a las víctimas de un genocidio
como el que tuvo lugar en el Río de la Plata a reconciliarse con los que lo
cometieron”.
