El movimiento sindical del país no sólo se ocupa de hacer campaña en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en contra de la privatización, sino que está también en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Debido a este trabajo, los sindicalistas se han convertido en blanco principal de la violencia, acusados por las fuerzas armadas o sus aliados paramilitares de actividades revolucionarias. Asimismo, los grupos armados de oposición, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han sometido a abusos contra los derechos humanos a los sindicalistas.

Desde el 2000 han sido víctimas de homicidio más de 750 sindicalistas, y al menos un centenar más han "desaparecido". Sólo en 2005 fueron muertos o "desaparecieron" 73 sindicalistas, y más de 200 recibieron amenazas de muerte. Más recientemente, el 2 de marzo de 2006, Héctor Díaz Serrano, miembro del sindicato de trabajadores del petróleo Unión Sindical Obrera, murió, alcanzado por disparos, cuando se dirigía al trabajo. Esa mañana, el periódico Vanguardia Liberal había informado de que un grupo paramilitar que se hacía llamar Comando Regional del Magdalena Medio había emitido una declaración en la que amenazaba con matar a sindicalistas y otros activistas sociales que se presentaran a las elecciones al Congreso del 12 de marzo de 2006.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado también muchos casos de detención arbitraria de sindicalistas y otros activistas sociales por las fuerzas de seguridad. Estas detenciones se han practicado a menudo sobre la base de datos proporcionados por informantes militares a sueldo, no de investigaciones imparciales de las autoridades judiciales. Muchos de estos activistas han sido puestos posteriormente en libertad por falta de pruebas, pero a algunos los han matado o amenazado poco después de quedar libres. Estos sucesos han hecho temer que las fuerzas de seguridad estén menoscabando deliberadamente el trabajo legítimo de los sindicalistas, desacreditándolo por medio de acciones judiciales y, cuando éstas no dan resultado, de agresiones físicas, perpetradas la mayoría de las veces por paramilitares.

El Día Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional quiere recordar la difícil situación de los sindicalistas colombianos, que sufren de manera especial el conflicto armado. Con tal fin, la organización pone de relieve el caso de los sindicalistas del departamento de Arauca, zona petrolera del nordeste del país. Samuel Morales y Raquel Castro fueron detenidos el 5 de agosto de 2004 y acusados de "rebelión" en enero de 2005. En la misma operación murieron por disparos del ejército tres sindicalistas más: Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto.

Investigaciones posteriores han determinado que los soldados sacaron a los tres por la fuerza de una casa y les dispararon por la espalda. También han revelado que la afirmación de que las víctimas habían abierto fuego contra los soldados es falsa. Se han presentado cargos contra cuatro militares y un civil por los homicidios. Sin embargo, a pesar de que estos hechos arrojan serias dudas sobre su detención, Samuel Morales y Raquel Castro continúan encarcelados.

Raquel Castro pertenece a la Asociación de Educadores de Arauca, a cuyos dirigentes las fuerzas de seguridad han sometido a registros y detenciones arbitrarias y los grupos paramilitares respaldados por el ejército a reiteradas amenazas de muerte y homicidios. Samuel Morales, ex educador, es presidente de la sección de Arauca de una confederación nacional de sindicatos.

Durante su encarcelamiento, Samuel Morales y su familia han recibido amenazas de muerte. Según informes, el 29 de julio de 2005, cuando se hallaba bajo custodia en una comisaría de policía de la localidad de Saravena, en Arauca, el comisario le dijo que sabía dónde trabajaban sus hermanas, Omayra, Gladys y Matilde Morales, y dónde encontrar a su esposa. Los informes indican que el director de un hospital local ha sido presionado por agentes de la policía para que despida a la esposa de Samuel simplemente por estar casada con él.

El 21 de septiembre de 2005, entre las diez y las diez y media de la mañana, la secretaria del colegio donde Gladys y Omayra Morales trabajaban, recibió una llamada telefónica de un hombre que dijo ser del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El hombre le pidió que dijera a Gladys y a Omayra que tenían 72 horas para marcharse del departamento, que los miembros de la familia de Samuel Morales eran objetivo militar del grupo y que debían desaparecer de Arauca.

En la secretaría del colegio donde trabajaba Matilde, en el municipio de Arauquita, se recibió una amenaza de muerte similar por teléfono entre las diez y media y las once de la mañana.

Amnistía Internacional teme que la detención de Samuel y Raquel forme parte de una estrategia conjunta militar y paramilitar para menoscabar la inestimable labor de los sindicalistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas sociales de Arauca. Incluso si son puestos en libertad, están expuestos a que quienes han amenazado a Samuel y a su familia los maten.

Sólo si se toman medidas decisivas para poner a disposición judicial a quienes sometan a los sindicalistas a abusos contra los derechos humanos se podrá abordar de manera significativa la crisis de derechos humanos de que son víctimas estas personas en Colombia. En la actualidad existe impunidad en más del 90 por ciento de los casos de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

Amnistía Internacional pide a los miembros del movimiento sindical internacional que continúen mostrando solidaridad con sus compañeros de Colombia e insistan en que los gobiernos de sus respectivos países ejerzan presión sobre las autoridades colombianas para que tomen medidas con que poner fin a los homicidios y la persecución de sindicalistas y activistas.