República Dominicana

La crisis económica que atraviesa la República Dominicana ha tenido consecuencias devastadoras. La grave devaluación del peso dominicano junto con una fuerte subida del precio de los bienes de primera necesidad y los problemas en aumento en relación con el suministro eléctrico en el país han provocado un aumento notable de las protestas públicas contra la política económica del gobierno. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de detener arbitrariamente a activistas, hacer uso excesivo de la fuerza y perpetrar homicidios ilegítimos tanto de manifestantes como de transeúntes en el curso de muchas de estas protestas, según concluye un informe elaborado por Amnistía Internacional.

"Las autoridades dominicanas deben ordenar públicamente y de forma clara a las fuerzas de seguridad que se abstengan de emplear la fuerza de forma ilegítima y la violencia para responder a protestas pacíficas", ha manifestado la organización.

Aunque proliferan las denuncias de violaciones graves contra los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, en rara ocasión comparecen ante la justicia a quienes se acusa de ellas. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en una manifestación celebrada en julio, agentes de policía abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud que protestaba contra los efectos de las políticas económicas del gobierno, alcanzando con sus disparos en la cabeza a una persona que no estaba participando en la manifestación, Juan Lin, tendero de profesión.

"El caso de Juan Lin es una más de las decenas de denuncias de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Las autoridades no deben permitir que se reaccione contra la población civil en el contexto de estas protestas", ha recalcado Amnistía Internacional.

Según informes, la crisis ha contribuido asimismo a que se hagan más frecuentes las restricciones de la libertad de prensa, dado que las autoridades intentan impedir que los detractores de las políticas gubernamentales aireen sus opiniones.

En julio, dos locutores de una emisora de radio local de la provincia de Montecristi, Horacio Emilio Lemoine y Carlos Martínez, permanecieron detenidos durante varios días, tiempo durante el cual fueron llevados a la Jefatura de la Policía Nacional en Santo Domingo donde los interrogaron. Su "delito" consistió, según los informes, en realizar un sondeo informal para averiguar a quién iban a votar los oyentes en las próximas elecciones presidenciales y en el que varios oyentes manifestaron que preferirían tener como candidato al diablo antes que al actual presidente, Hipólito Mejía.

"Amnistía Internacional ha tomado nota y se congratula del compromiso manifiesto de las autoridades dominicanas de respetar plenamente los derechos humanos. Con todo, a la organización le preocupa que estas expresiones de compromiso parecen no concordar en absoluto con la situación real que vive el país hoy día", ha expresado la organización.

"Las autoridades deben garantizar además que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos se investigan de forma exhaustiva e imparcial. La impunidad es un problema muy real y la República Dominicana está sufriendo sus consecuencias prácticas".

Amnistía Internacional

2 de marzo de 2004