Disparidades sociales

En 1998, el 20 por ciento más rico del país tenía un 64,4 por ciento de los ingresos o del consumo, mientras que el 20 por ciento más pobre sólo tenía el 2 por ciento.

La tasa de homicidios en los centros urbanos de Brasil es una de las más altas del mundo. Sólo en el 2002 se cometieron casi 50.000 homicidios, y cientos de miles de personas sufrieron agresiones o robos con violencia.

La tasa de asesinatos se concentra en zonas de mayor exclusión socioeconómica y presencia policial reducida. En la ciudad de São Paulo, en el 2001 se cometieron 309 homicidios, es decir, 123 por cada 100.000 habitantes, en Jardim Ângela, distrito con carencias sociales del sur de la ciudad, mientras que en el mismo año, el distrito de clase media de Moema, situado a sólo unos kilómetros de distancia, se cometieron sólo dos, lo que representa 3 por cada 100.000 habitantes.

El número de automóviles blindados de propiedad privada en Brasil es uno de los más elevados del mundo.

Violencia policial

Según las estadísticas oficiales, entre 1999 y el 2004, la policía de los estados de Río de Janeiro y São Paulo mató a 9.889 personas en situaciones registradas oficialmente como "resistencia seguida de muerte". Como consecuencia de estos incidentes, fueron sancionados 558 agentes de policía de Río de Janeiro, 14 de los cuales fueron expulsados del cuerpo.

Los agentes de policía tienen también un riesgo elevado de sufrir agresiones. En Río de Janeiro, sólo en el 2004 murieron en acto de servicio 52 policías.

Víctimas de la violencia policial: perfil

La mayoría de las víctimas de la violencia policial son jóvenes pobres de raza negra o mestiza, muchos de los cuales carecen de antecedentes penales.

Según la UNESCO, el 93 por ciento de las víctimas de homicidio en Brasil en el 2000 fueron varones. Los jóvenes de entre 15 y 24 años tienen 30 veces más probabilidades de ser víctimas de un homicidio. Los jóvenes negros padecen el doble de homicidios. De los 17.900 jóvenes que murieron por homicidio en el 2002, 11.308 eran negros y 6.592, blancos.

Matanzas

2005, Baixada Fluminense: matanza de 29 personas por un "escuadrón de la muerte".

1997, Eldorado dos Carajás: asesinato de activistas agrarios.

1993, Catedral de Candelaria: asesinato de niños que dormían en la escalinata de la iglesia.

1993, Vigário Geral: asesinato de residentes de la favela.

1992, prisión de Carandiru: asesinato de internos desarmados en un centro de detención de São Paulo.

Un gran número de homicidios más no han sido denunciados.

Armas pequeñas

En Brasil hay alrededor de 17 millones de armas pequeñas, de las que 15 millones están en manos de ciudadanos particulares. De ellas, casi 9 millones están en posesión ilegal; se cree que 4 millones están en manos de delincuentes.

En Río de Janeiro la policía confiscó 3.891 revólveres entre 1960 y 1969. Esta cifra aumentó a 53.526 entre 1990 y el 2001. Aunque la mayoría de armas de fuego requisadas son revólveres y pistolas, se ha producido un notable aumento del número de armas de alta velocidad, como rifles de asalto, ametralladoras y subametralladoras.

La policía también ha encontrado granadas, morteros, bazukas y minas terrestres en manos de facciones del narcotráfico, algunas de las cuales se cree que han sido robadas u obtenidas ilegalmente del ejército.

Brasil es el mayor fabricante y exportador de armas pequeñas de la región. Alrededor de tres cuartas partes de las armas confiscadas por la policía están fabricadas en Brasil.

Según declaraciones recientes del jefe de la unidad de inteligencia de la policía de Río de Janeiro, el 80 por ciento de las armas de las favelas de Río de Janeiro proceden de Paraguay, donde los controles sobre las ventas de armas de fuego son menos estrictos. Esto incluye armas de fuego fabricadas en Brasil que se exportan a Paraguay que se introducen de nuevo ilegalmente en el país.

En julio del 2004 el gobierno lanzó una campaña de desarme. En junio del 2005 se habían recogido y destruido en todo el país 356.139 armas de fuego.

Seguridad pública

En mayo del 2005, una encuesta realizada por la Universidade Federal Fluminense concluía que el 30 por ciento de la población aceptaba parcial o totalmente la idea de que "el delincuente bueno es el delincuente muerto". En abril de 2005, Marcelo Itagiba, secretario de Estado de Seguridad Pública de Río de Janeiro, declaró que "si la policía fuera más activa mataría a más personas".

CASOS

Homicidios policiales

Cinco jóvenes, entre ellos un muchacho de 13 años, murieron el 6 de enero de 2004 en la favela de Cajú, en el norte de Río de Janeiro. Un testigo que sobrevivió al incidente y varios familiares de las víctimas denunciaron a la policía que dos agentes de policía habían llegado corriendo y disparando a los cinco jóvenes, que estaban sentados en un bar. Las víctimas trataron infructuosamente de identificarse. El 7 de enero fueron encontrados sus cuerpos en un lodazal situado detrás de un garaje, cerca de la comunidad. Se abrió una investigación policial sobre los hechos. Poco después de denunciar lo sucedido, el único testigo sobreviviente, que también había sido alcanzado por los disparos, se marchó de la comunidad con su familia por miedo a la policía.

En abril del 2005 Amnistía Internacional entrevistó a Elizabete Maria de Souza, madre de tres hijas y hermana de la víctima de 13 años. Dijo que no podía dormir por las noches por miedo por la seguridad de sus tres hijas, y que sólo descansaba periodos breves por la mañana, antes de ir a trabajar. Elizabete declaró a los delegados de Amnistía Internacional que las patrullas de policía pasaban por su casa periódicamente, reduciendo la velocidad al aproximarse. Añadió que estaba buscando medios para llevarse a sus hijas de la comunidad para que pudieran estar seguras.

Incursiones policiales en favelas

A las cinco de la mañana del 28 de agosto de 2005, un grupo de miembros de la policía militar de São Paulo entró en Jardim Elba, una favela situada en Sapopemba, al este de São Paulo. Los habitantes de Sapopemba describen así el incidente: "Fue como si hubiera una guerra. La policía invadía nuestra 'favela' desde arriba y desde abajo. Las calles estaban bloqueadas, pues la policía militar a caballo bloqueaba todos los accesos peatonales."

Las autoridades informaron posteriormente a los líderes de la comunidad de que la operación "Saturación" estaba dirigida a combatir el narcotráfico en la comunidad y estrechar lazos entre los residentes y la policía. Según una declaración de prensa publicada en el sitio web de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo, la policía había dado el alto e interrogado a 4.797 personas y registrado 474 vehículos, 401 motocicletas y 210 establecimientos comerciales.

Sin embargo, los movimientos sociales de Sapopemba denunciaron que se habían cometido violaciones de derechos humanos durante la operación, como entradas en domicilios sin mandamiento, registros abusivos y violentos de mujeres y confiscar o tirar paquetes de almuerzos de residentes

Amnistía Internacional

Convenio La Insignia / Rel-UITA

6 de diciembre de 2005

Foto: http://img.terra.com.br