El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) había convocado a la población a participar a una marcha para celebrar el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 10º de la Declaración de los Defensores de los DDHH. Al mismo tiempo, la oficialista Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había hecho lo mismo, concentrando centenares de militantes sandinistas pertenecientes a organizaciones sociales afines al gobierno.

Lamentablemente, lo que pretendía ser una jornada de celebraciones se transformó en un paradójico enfrentamiento iniciado por los militantes sandinistas, enardecidos por los rótulos y las consignas críticas lanzadas por organizaciones de la sociedad civil que se oponen al actual gobierno de Daniel Ortega, las que se habían sumado a la convocatoria del CENIDH.

Llegando en las inmediaciones de la Rotonda El Güegüense, en Managua, y frente a la escasa presencia policial, la marcha oficialista desvió su recorrido hasta llegar a toparse con el otro grupo, comenzando de esta manera un intercambio de acusaciones y ofensas que pronto degeneraron en empujones y pedradas.

Los militantes sandinistas se adueñaron de la Rotonda y de sus alrededores, desalojando a los miembros del CENIDH y de las demás organizaciones y obligándolos a replegarse haciendo también uso de morteros caseros. Afortunadamente, el enfrentamiento no pasó a mayores y no hubo que lamentar lesionados, aunque en medio de la trifulca los verdaderos derrotados fueron los derechos humanos que se iban a celebrar.

Para Gonzalo Carrión, director del Área Legal del CENIDH, “Reafirmamos nuestro compromiso de defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y no es posible que se nos ataque de esta manera, violando nuestro derecho a la libre manifestación y movilización. ¿Cómo es posible que la Policía haya otorgado un permiso a la PDDH para que pasara en el mismo lugar donde estábamos nosotros?”, se preguntó.

Bayardo Izabá, director del CENIDH, declaró que  “Hemos visto cómo se nos está reprimiendo por el simple hecho de emitir un punto de vista que no coincide con el gobierno, y es absolutamente contradictorio que se haya ejecutado esta acción para dispersar nuestra marcha. Es algo que condenamos y que vamos a denunciar en todas las instancias de derechos humanos a nivel internacional. Pedimos al gobierno que respete nuestro derecho a expresarnos”, concluyó.

Esta lamentable situación es el reflejo de la difícil coyuntura que está viviendo Nicaragua después del proceso electoral que acaba de concluir, y que marcó el triunfo del FSLN en 105 de los 146 municipios que participaron en la contienda. La denuncia de supuestos fraudes por parte de los partidos de oposición y de diferentes organizaciones de la sociedad civil ha incendiado aún más el ambiente, y está llevando al país hacia una nueva crisis institucional y un preocupante estado de enfrentamiento entre los diferentes bandos que se disputan el control de las calles de la capital.

En este día tan importante para la defensa de los derechos humanos es indispensable hacer un llamado a la calma y la tolerancia, para que las partes en conflicto busquen las formas adecuadas para dirimir sus diferencias, en aras de una salida que tenga como único objetivo el bien de Nicaragua y su camino hacia la consolidación del bienestar para la población más pobre.

Estado de Nicaragua bajo observación

En 1980, a pocos meses del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Nicaragua ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprometiéndose con esta entidad de las Naciones Unidas a presentar un informe cada cinco años.

Pese a ese compromiso, el Estado nicaragüense cumplió ese deber solamente en 1993, y es por eso que para el actual gobierno representa un logro muy importante haber presentado ese informe periódico el pasado noviembre al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, entre ellas el CENIDH, se dieron a la tarea de presentar un informe alternativo que también fue analizado por el Comité antes de publicar sus observaciones y recomendaciones al Estado de Nicaragua.

Entre los aspectos positivos, el Comité señaló la aprobación de una serie de leyes, entre las cuales destacan la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, la Ley de Participación Ciudadana, la de promoción y protección de los derechos humanos ante el Sida, entre otras. El Comité consideró positivas también “las medidas tomadas contra la pobreza como uno de los pilares fundamentales de la política nacional que se refleja en los programas Hambre Cero, Usura Cero, Soberanía y Seguridad Alimentaria para la Vida, el programa ‘Yo, sí Puedo’, así como la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Humano 2009-2012”, señala el documento.

El Comité pasó posteriormente a presentar los principales motivos de preocupación y las recomendaciones al Estado nicaragüense. Bayardo Izabá dijo a Sirel que “Entre las diferentes recomendaciones se pidió al Estado que garantice de manera efectiva los derechos para las poblaciones indígenas de la Costa Caribe, el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley de Igualdad de Oportunidades, el goce de los derechos de los y las trabajadoras de las maquilas, la aplicación efectiva de las leyes laborales y que el salario mínimo cubra el 100 por ciento de la canasta básica y la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria”.

Entre las otras recomendaciones, Izabá recordó la toma de medidas inmediatas para frenar el asesinato de mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia de género, la efectiva implementación de los programas gubernamentales cumpliendo con el criterio de no discriminación consagrado en el Pacto, y una revisión de la legislación nacional que actualmente prevé la prohibición total de cualquier forma de aborto.