Ayer, 17 de diciembre, la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, fue escenario de una vigilia que reunió a organizaciones y movimientos sociales de ex presos políticos de todo el país que buscan que se responsabilice a los torturadores y asesinos de la Dictadura Militar. La manifestación contó con la presencia de participantes de la 11ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos que está siendo realizada en la capital federal.

"El objetivo de esta vigilia es presionar para que el debate sobre la amnistía se amplíe y para que el Supremo Tribunal Federal nos conceda la decisión favorable", afirma la vicepresidente del Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, Victoria Grabois, que participó el pasado martes 16 del panel sobre derecho a la memoria y a la verdad en la Conferencia Nacional.

Según Victoria, todavía falta mucha información sobre la cuestión de la amnistía en el país: "Las personas no tienen idea de lo que significa la amnistía. Me sorprendí al ver el auditorio del panel completamente lleno". Durante la vigilia de mañana, víctimas y parientes de las víctimas van a protestar para que se abran los archivos secretos de la dictadura y para que sean castigados los torturadores de aquella época.

Representantes de varios estados estarán presentes. Del Grupo Tortura Nunca Más, delegaciones de Río de Janeiro, Bahía, Sao Paulo y Minas Gerais participarán de la manifestación. Se exhibirán cerca de 100 paneles con fotos de presos políticos asesinados durante la dictadura.

Esta semana, el gobierno va a enviar al STF su manifestación sobre la Acción Declaratoria de Precepto Fundamental (ADPF), propuesta por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil, que cuestiona el dispositivo del artículo 1° de la Ley de Amnistía, de 1979. El gobierno no va a posicionarse en contra o a favor de la tesis de que los crímenes de tortura no fueron beneficiados por la Ley de Amnistía.

Quedó determinado que la Abogacía General de la Unión recogiera las opiniones de los ministerios de la Defensa, Justicia, Casa Civil y Secretaría de Derechos Humanos y las enviara al Supremo. El presidente Lula quiere que el Poder Judicial decida sobre el castigo o amnistía a los torturadores. Dentro del Gobierno, el ministro de Justicia Tarso Genro y el ministro Paulo Vannchi, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, sostienen que los torturadores no deben ser beneficiados por la prescripción de los delitos.

La Asociación Jueces para la Democracia (AJD) requirió el ingreso como "amicus curiae" en la ADPF 153. "Consideramos fundamental que se establezcan los parámetros para la democracia brasileña. Concordamos con la OAB en el sentido que la amnistía no se extienda a los delitos comunes practicados por los agentes de represión durante el régimen militar. Por eso, ingresamos como ‘amicus curiae’", explica la presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación Jueces para la Democracia, Dora Martins.

Para la AJD, esta acción es un marco para la democracia brasileña: "Es necesario conocer nuestro pasado para que sea posible construir otro futuro, libre de la desesperanza, del miedo y de la tiranía, que se refleja en nuestra vida cotidiana. Los pasos dados por la llamada Justicia de Transición deben ser seguidos. Ella exige el cumplimiento del Derecho a la Justicia: es necesario investigar, procesar y castigar; ofrecer reparación adecuada de carácter monetario o no; revelar la verdad a las víctimas, familiares y a la sociedad y exigir reformas institucionales con la reorganización del Estado", afirma el comunicado de la asociación.