En una decisión que los organismos humanitarios calificaron de “histórica” la justicia uruguaya emitió su primera sentencia contra militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos bajo la última dictadura. Y no fue liviana.

“Si no me da 25 años me enojo”, dijo el militar retirado Gilberto Vázquez al juez Luis Charles que se aprestaba a comunicarle su fallo, en la noche del viernes 27. Vázquez no tuvo que enojarse: Charles lo condenó a esa pena de prisión, junto a otros siete ex represores de la dictadura uruguaya. “Es poco”, agregó el militar, sin duda coincidiendo en eso con los familiares de sus víctimas.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia, en 1985, que uniformados son objeto de una condena judicial por sus violaciones a los derechos humanos. Los militares Vázquez, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab y Ernesto Ramas recibieron una pena de 25 años, mientras otro ex oficial, el coronel retirado Luis Maurente, y los ex policías José Sande y Ricardo Medina fueron condenados a 20 años.

Todos estaban detenidos preventivamente, desde hace cerca de tres años, en espera del fallo judicial en una cárcel especial montada en las dependencias de un cuartel del Ejército. Otro de sus compañeros, José Antonio Rodríguez Buratti, se suicidó en la cárcel, mientras un décimo uniformado arrestado por las mismas causas, el coronel retirado Manuel Cordero, fugó hacia Brasil, donde fue luego detenido y está esperando la decisión de la justicia de ese país sobre si lo extradita a Uruguay o hacia Argentina, de donde también lo reclaman, o si lo deja en libertad.

Los ex represores enviados a la cárcel, probablemente por el resto de sus días, fueron encontrados culpables de 28 “homicidios muy especialmente agravados”, por su responsabilidad en lo que se conoce como el “segundo vuelo”, el traslado clandestino, en 1976, desde Buenos Aires, donde fueron secuestrados, hacia Montevideo de un grupo de dirigentes e integrantes del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay.

La fiscal Mirtha Guianze había pedido que a los ex represores se les aplicara la figura de “desaparición forzada”, pero el juez los condenó por el de homicidio-

La operación de detención y traslado de los militantes del PVP fue un acto típico de “terrorismo de Estado” enmarcado en el “Plan Cóndor”, “la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, señala el fallo. Ese plan comprendía “el seguimiento, vigilancia, detención e interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región”, prosigue la sentencia del juez Charles.

Los militares y policías uruguayos encausados constituyeron un grupo que actuó a sus anchas en territorio argentino, y que tenía su base en Buenos Aires en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, por donde pasó, en algún momento, la gran mayoría de los más de 200 uruguayos que desaparecieron en Argentina.

De Orletti nadie salía vivo, llegó a confesar Gilberto Vázquez en sus declaraciones ante la justicia.

A los ocho condenados, se puede leer en la sentencia de Charles, “los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces, como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no sólo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes”.

El magistrado subraya que las pruebas reunidas contra los ocho encausados son concluyentes. Las declaraciones de testigos y denunciantes a lo largo de la instrucción, indica la sentencia, fueron “contundentes”. “En ningún momento resultaron dubitativos, sino claramente aseverativos; minuciosos en cuanto a los detalles relativos a la forma de comisión de los hechos y armónicos con los demás elementos de convicción existentes”.

Entre los agravantes encontrados por el juez, destaca el hecho del ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. “Se ha llegado al extremo que décadas después de finalizada la dictadura cívico militar no se han localizado aún los restos” de los casi 300 uruguayos desaparecidos en territorio nacional y países vecinos, considera Charles. En todos estos años, sólo han podido ser ubicados los cuerpos de dos militantes desaparecidos, ambos secuestrados y asesinados en territorio nacional. Las búsquedas de restos de otros desaparecidos, tras ser interrumpidas luego de comprobarse que los datos comunicados anónimamente por algunos militares eran falsos, están a punto de ser retomadas.

La decisión judicial de la semana pasada no podía caer en mejor momento para las asociaciones de derechos humanos, centrales sindicales (la UITA entre ellas), partidos, grupos de todo tipo y personalidades que impulsan la anulación de la ley que veinte años atrás dejó sin castigo a la mayoría de los uniformados responsables de aberraciones bajo la dictadura.

El fallo judicial de esta semana fue posible porque el gobierno del presidente Tabaré Vázquez interpretó esa norma de tal manera que permitió la intervención de la justicia en algunos casos, pero los responsables de muchos otros no podrían ser sancionados sin una supresión de la ley “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, como se la llamó.

De llegarse a la cantidad de firmas requeridas para la convocatoria a una consulta popular (equivalentes al 10 por ciento del electorado, es decir unas 250.000), la ley sería sometida a plebiscito el mismo día de las elecciones nacionales, el último domingo del mes de octubre próximo.

El plazo para reunir las firmas vence el 24 de abril, pero según informó el lunes 30 el diario La República, ya se habría alcanzado la cantidad de voluntades exigidas. Incluso se la habría superado.

De todas maneras, la Comisión Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (CNN) considera que para evitar cualquier “mala sorpresa de último momento” (por ejemplo que las autoridades electorales desechen gran cantidad de firmas por distintos motivos) “la campaña de recolección debe proseguir hasta que el plazo se cumpla”.

“La sentencia del juez Charles marca un hito. Es ejemplar desde todo punto de vista y nos da las fuerzas necesarias para sobrepasar con creces la cantidad de firmas que se nos exige para la convocatoria al plebiscito”, declaró a Sirel el abogado Oscar López Goldaracena, portavoz de la CNN. El objetivo del organismo es entregar a la Corte Electoral unas 300.000 papeletas. “No solamente estaríamos a resguardo de cualquier eventualidad sino que demostraríamos que contamos con la fuerza suficiente como para desterrar una ley que es una verdadera aberración jurídica y ética”, concluyó López.