Un día después de que una fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó la extradición de Alberto Fujimori, el juez Urbano Marín ordenó el pasado 8, el arresto domiciliario del ex presidente de Perú

 

 

Fujimori ya fue notificado de la resolución por el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, aunque se desconoce aún su paradero. Medios de prensa señalan que el ex mandatario se encontraría en una residencia en el exclusivo sector de Chicureno, en el norte de Santiago, y no en su departamento ubicado a escasos metros de la embajada de Japón en Chile.

 

El día 7, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, envió un informe al ministro Orlando Álvarez, en el cual desestima aplicar la inmunidad de ex jefe de Estado en favor del otrora mandatario peruano. Maldonado llegó al convencimiento de que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, participó, al menos como indoctor directo, en una serie de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gobierno que hacen posible que sea extraditado a su país para que sea juzgado por cada uno de los cargos.

 

En una compleja sentencia de 55 páginas, la alta funcionaria judicial examina uno a uno los doce cuadernos de cargos enviados por el Estado peruano para solicitar la extradición del ex mandatario y considera que en la mayoría de los casos se cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la extradición. En círculos judiciales, sorprendió el dictamen de la Fiscal, ya que se esperaba que la extradición fuera concedida sólo por delitos de derechos humanos y algunos casos de corrupción, pero no por casi la totalidad de los cuadernos que se solicitó.

 

La Amnistía Internacional acogió la decisión de la fiscal Mónica Maldonado con gran satisfacción. Según la entidad, si por alguna razón no fuera posible realizar la extradición, Chile tiene la obligación de investigar a Fujimori y, si hubiera suficientes pruebas admisibles, de enjuiciarlo conforme a las debidas garantías procésales. La organización documentó miles de casos en los que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de los derechos humanos.

Entre otras, hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos, amenazas de muerte, hostigamiento, detenciones arbitrarias y juicios injustos. En comunicado, la entidad señaló que, "junto con otras organizaciones de derechos humanos chilenas y peruanas, lleva años haciendo campaña para evitar que Alberto Fujimori evada la justicia y para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y a una reparación plena que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición".

 

Adital

12 de junio de 2007

Imágen: milenio.com