La idea del presidente Lula de crear una Comisión de la Verdad que investigara los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura levantó tanta resistencia entre los comandantes de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de su propio gobierno que el proyecto fue modificado.

El proyecto, contenido en un Plan Nacional de Derechos Humanos, fue objeto de una dura pelea entre los sectores progresistas y de derecha del Ejecutivo, no sólo en lo referente al pasado reciente sino a temas como la flexibilización de los castigos aplicados a las ocupaciones de tierras y varios otros.

En lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, salomónicamente Lula cortó por el medio: habrá Comisión, se investigarán los crímenes cometidos por los militares entre 1964 y 1985, se desmenuzará el accionar de los aparatos represivos en la época, pero también estarán en la picota los hechos de violencia cometidos por las organizaciones guerrilleras. Una suerte de aval en los hechos a la teoría de los dos demonios.

Semanas duró la pulseada en el propio gobierno. De un lado, el ministro de Justicia Tarso Genro y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannucchi respaldaban la idea primigenia del presidente, que saldaba una vieja deuda del gobierno con su propia base política histórica: investigar, por fin, la represión política de los años sesenta, setenta y primeros ochenta. Ni siquiera se hablaba de hacer justicia, sólo de investigación.

Pero fue mucho para los comandantes de las tres armas y para el propio ministro de Defensa, Nelson Jobim, un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, que calificaron a ese proyecto de “revanchista” y consideraron que abriría la vía para el juzgamiento de los responsables de las atrocidades cometidas por la dictadura.

“De hecho se pretende pasar por encima de la amnistía de 1978, que saldó aquel pasado y dejó sin castigo aquellos delitos”, comentó Jobim, que mantiene con Vannucchi y Genro un viejo contencioso sobre la legitimidad de la ley. Los dos últimos la consideran inaplicable, pues estiman que los delitos de lesa humanidad como los cometidos por militares y civiles que manejaron el país desde el golpe que derrocó al presidente Joao Goulart en 1964 son inamnistiables.

Jobim y los tres jefes castrenses amenazaron con renunciar. Se estaba ante una suerte de amenaza de golpe de Estado “técnico”. “Es la crisis militar más grave desde el retorno de la democracia”, clamaron los grandes medios de comunicación del país, encabezados por la cadena Globo, que de hecho presionaban a favor de las posturas del ministro de Defensa y de los comandantes.

También Vannucchi amenazó con dimitir si no se respetaba el diseño original del proyecto. El miércoles 13 Lula transó. Jobim se dijo satisfecho. Vannucchi nada comentó.

En otros puntos el presidente no cedió.

La Iglesia Católica puso el grito en el cielo cuando supo que entre las 26 medidas del Plan Nacional de Derechos Humanos se contemplaba marchar hacia la legalización del aborto, el reconocimiento de la unión civil entre parejas del mismo sexo y la prohibición de símbolos religiosos en los establecimientos educativos estatales.

La “bancada ruralista” en el parlamento, los estancieros y hasta el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, protestaron a su vez por la propuesta de modificación de las normas con que se trata a los campesinos ocupantes de tierras, por ejemplo los organizados en el Movimiento de los Sin Tierra, que en los últimos años se ha distanciado más y más del gobierno, entre otras cosas porque lo responsabilizado de no haber llevado a cabo una verdadera reforma agraria.

En todos esos puntos Lula se mantuvo firme. Pero es más que probable que en lo que atañe a las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura por mucho tiempo más Brasil continúe siendo el paraíso sudamericano de la impunidad que hoy es.

Al presentar su proyecto original de creación de una Comisión de la Verdad, antes de irse de vacaciones, Lula había homenajeado a varios integrantes de su gobierno que en los años sesenta y setenta formaron parte de grupos que se opusieron por las armas a la dictadura, como Genro, Vannucchi, el ministro de Comunicaciones Franklin Martins o su propia “delfina” para sucederle en la Presidencia, Dilma Rousseff. Dijo que entre muchos otros ellos representaban “la lucha por un mundo mejor” y que debían ser considerados “héroes”.

Refiriéndose a Rousseff subrayó: “Si alguien detuvo y torturó a Dilma creyendo que había acabado la lucha de ella, yo le digo que es hoy una posible candidata a la presidencia de la República de este país”. Y  agregó: “Debemos transformar a nuestros compañeros en héroes, no en perseguidos, y decir que ellos no están porque lucharon” por modificar el statu quo.

Pero esa línea de pensamiento, que no es la primera vez que Lula defiende, se acompaña de otra: recordar sí, homenajear por supuesto, pero castigar a los culpables no.

En la polémica sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía del 78 Lula no ha intervenido hasta ahora, pero ha formulado varias declaraciones públicas contrarias al castigo de los delitos.

En el terreno puramente judicial es muy poco lo que se ha avanzado en los últimos años en este plano.

En 2008, la Corte Suprema brasileña acogió una demanda de la Orden de Abogados que defiende la inaplicabilidad de la ley de amnistía a los crímenes de lesa humanidad y reclama el juzgamiento de los culpables.

En igual sentido se han pronunciado asociaciones nacionales humanitarias e incluso la alta comisaria para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, para quien Brasil no puede consagrar la impunidad de este tipo de delitos.

El Ministerio Público acaba a su vez de acusar a cinco civiles, incluido uno de los líderes de la oposición, el diputado paulista Paulo Maluf, por haber sepultado clandestinamente a opositores asesinados en los años setenta. Cuando era intendente de San Pablo, en los setenta, Maluf habría ordenado la construcción de un cementerio “especializado” en el enterramiento de “terroristas”.

Son pasos en la buena dirección pero lentos, muy lentos, y no tienen un correlato desde el sistema político, se quejan los (solitarios) activistas humanitarios brasileños.