Álvarez fue
procesado, junto a otro uniformado, el
capitán de la Armada, Juan Carlos
Larcebeau, quien también fue
detenido, y al capitán de navío Jorge
Tróccoli, que hace unos días
abandonó el país y contra el cual ya se
cursó un pedido de captura internacional
vía Interpol.
Todos son acusados de “reiterados
delitos de desaparición forzada de
personas” en una causa seguida por el
secuestro en Argentina, en 1978,
y posterior traslado clandestino a
Montevideo de más de 20 militantes de
organizaciones de izquierda uruguayas.
Hasta último momento, el ex dictador
dijo no saber nada sobre esos hechos,
pero tanto la fiscal, Mirtha Guianze,
como el juez, Luis Charles,
entendieron que tal afirmación era
“imposible de creer”: Álvarez era
en aquella época el comandante en jefe
del Ejército y estos casos se
inscribieron en un “plan sistemático de
represión que incluía desapariciones
forzadas, torturas, violación de mujeres
y secuestro y apropiación de niños”,
según resumió Guianze.
De la misma opinión fue el juez
Charles, quien en su auto de
procesamiento contra Álvarez hace
constar que el ex dictador había dejado
constancia escrita de que en la
eventualidad de que se procediera a
acciones judiciales contra subalternos
en casos de violaciones a los derechos
humanos, él asumiría personalmente la
responsabilidad por esos actos.
“Los hechos denunciados se ubican en el
período dictatorial cívico-militar,
comprendido entre 1973 y 1985, y
responden a la coordinación operacional
de las cúpulas de los gobiernos de hecho
-denominada Plan Cóndor-
que regían en los países del Cono Sur de
América, es decir Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay, cuyos
objetivos eran el seguimiento,
vigilancia, detención, interrogatorios
con apremios psicofísicos, traslados
entre países y desaparición o muerte de
personas consideradas por dichos
regímenes como subversivas del orden
instaurado, o contrarias al pensamiento
político o ideológico opuesto o no
compatible con las dictaduras militares
de la región”, señala el auto de
procesamiento dictado por el juez.
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Álvarez no se privó nunca de
reivindicar en público lo
actuado por las Fuerzas
Armadas en dictadura |
Antes de ser comandante en jefe del
Ejército, Álvarez fue jefe del
Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y
coordinador de las operaciones “antisubversivas”.
En 1981, ya en dictadura, asumió la
Presidencia de la República designado
por el Consejo de Seguridad Nacional, un
organismo digitado que en la época
integraban los mandos militares y
algunos civiles que colaboraban con el
régimen. Abandonó ese puesto en 1985,
cuando tras una salida negociada con la
oposición política se celebraron
elecciones y resultó electo el
conservador Julio María Sanguinetti.
El fallo contra Álvarez tiene una
doble importancia simbólica: por un
lado, se trata del militar vivo con
mayor rango que haya ido a parar a la
cárcel por delitos cometidos bajo la
dictadura; por otro, es el primer
procesado en aplicación de una reciente
ley que penaliza la desaparición forzada
de personas, un delito que, se
considera, se sigue cometiendo mientras
la víctima no aparezca, viva o muerta.
En la cárcel especial construida en 2006
en las afueras de Montevideo, en el
predio de un cuartel del Ejército,
Álvarez y Larcebeau se
sumarán a otros siete militares y
policías también procesados por delitos
de lesa humanidad.
Además de estos nueve militares (debería
haber un décimo, el oficial retirado
Juan Antonio Rodríguez Buratti, pero
se suicidó el año pasado antes de ser
detenido) están también bajo arresto dos
civiles, el ex dictador Juan María
Bordaberry y su canciller, Juan
Carlos Blanco.
El alcance simbólico de la detención de
Álvarez se vio reflejado en la
actitud de miles de habitantes de
Montevideo, que salieron a festejar a
las calles como no lo habían hecho
cuando se dictó prisión para los otros
uniformados o al propio Bordaberry.
Álvarez no se
privó nunca de reivindicar en público lo
actuado por las Fuerzas Armadas en
dictadura, negando la veracidad de las
denuncias por violaciones a los derechos
humanos en esa época y tratando a la
prensa con patoterismo y provocaciones.
Con tono amenazador, acostumbraba
responder las preguntas que se le hacían
exigiendo al comunicador que se
identificara. Hasta el día anterior a su
detención solía salir a la puerta de su
casa, donde estaban apostados
periodistas de varios medios, para
anotar con ampulosidad el número de
matrícula de los autos de prensa.
El acto público con mayor concurrencia
de los realizados el lunes 17 fue el
convocado por la Coordinadora Nacional
por la Anulación de una ley (llamada de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado) que limita severamente las
posibilidades de sanción penal a los
militares responsables de violaciones a
los derechos humanos.
Ese organismo viene recabando a un ritmo
cada vez más acelerado las más de 250
mil firmas necesarias para convocar a un
plebiscito en que se ponga a
consideración de los ciudadanos la
anulación o no de la ley de Caducidad.
En tres meses de trabajo, la Comisión ha
superado las 50 mil firmas y prevé que
el procesamiento de Gregorio Álvarez
dará un espaldarazo a su campaña.
“La caída de este dictador demuestra que
se puede mandar a la cárcel incluso a
los más altos jerarcas de la dictadura
sin que se produzca el caos con que
intentan amedrentar a la gente quienes
dicen que la anulación de esa ley de
impunidad desestabilizaría a la
democracia”, comentó a Sirel uno
de los portavoces de la comisión, el
abogado Oscar López Goldaracena.
