El asesinato de tres diputados salvadoreños y su conductor ha sido la gota que derramó el vaso de sangre en Guatemala.

La ejecución posterior, en una cárcel de máxima seguridad, de los cuatro policías sindicados de ser los autores materiales del asesinato, es sólo un vistazo a través de la rendija de la pesada y oscura pared de la impunidad en Guatemala.

Los dos hechos criminales no son más que una de las miles de escenas de la gran tragedia que sufren a diario los guatemaltecos comunes y corrientes. Cotidianamente los medios de comunicación reportan cadáveres de jóvenes encontrados a la orilla de cauces, carreteras o barrancos con señales de tortura, mutilaciones y con el correspondiente tiro de gracia. En el último año, en Guatemala fueron asesinadas más mujeres que durante diez años en Ciudad Juárez, México.

Del 100% de los casos, el Instituto de Ciencias Comparadas de Guatemala afirma que sólo el 3% ha tenido investigación criminal y ha sido enviado a procesos judiciales. Por lo general, los cadáveres son enviados a la morgue para reconocimiento de los familiares, quienes por miedo ni siquiera presentan denuncia. Cuando existe denuncia, los familiares, testigos, fiscales, periodistas, abogados y jueces son amenazados. Cientos de testigos han sido asesinados, decenas de fiscales y jueces han tenido que salir del país.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, así como numerosas organizaciones civiles han denunciado hasta el cansancio la complicidad de autoridades policíacas y judiciales en estos hechos criminales, afirmando que detrás de las muertes se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales para exterminar supuestos delincuentes y pandilleros. Las autoridades suelen afirmar que los asesinatos son pasadas de cuenta entre pandillas o miembros del crimen organizado.

El Estado guatemalteco ha hecho oídos sordos a las denuncias y se ha tapado la vista ante los cadáveres. En estos días la población guatemalteca sufre un enorme sentimiento de vergüenza porque Guatemala está en la picota pública por el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, pero sobre todo se sienten impotentes, desprotegidos, amenazados, con las manos arriba. Si eso les pasa a tres diputados, ¿qué podría esperar un ciudadano ordinario?

La complicada cadena de la justicia: Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, se enfrenta a una prueba de fuego. No sólo se trata de descubrir a los implicados y destituirlo de los cargos, sino de procesarlos y aplicarles el peso de la ley.

Los números de la PNC guatemalteca dan cuenta de los crímenes. En 2006, la corporación policial contabilizó 1 mil 244 delitos y faltas graves cometidos por sus propios miembros. Si bien el dato arroja 152 casos menos que en 2005, en ellos se incluyen 30 casos de desaparición forzada, 50 detenciones ilegales, 55 agresiones, 30 allanamientos ilegales, 100 casos de cohecho, 50 extorsiones y 25 casos de complicidad con narcotraficantes. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) da más luces con las estadísticas de las 134 denuncias que recibieron el año pasado contra personal de la policía guatemalteca: 55 casos de abuso de autoridad, 31 detenciones ilegales, 18 desapariciones forzadas y cuatro ejecuciones extrajudiciales.

Los datos podrían ser mayores toda vez que - según las estadísticas del Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos (CIIDH) en su informe 'Violencia en Guatemala', de junio de 2006- sólo el 45 por ciento de los delitos son denunciados en Guatemala. De ellos, sólo el 20 por ciento es investigado y un 2 por ciento termina con una condena.

Guatemala sufrió cinco mil 338 asesinatos durante el 2005, con una tasa de 44 homicidios por cada cien mil habitantes y un costo social de 17.9 millar de quetzales (2.4 mil millones de dólares), equivalentes al 7.32 por ciento de su Producto Interno Bruto. El dato, según reporta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los colocaba como el tercer país más violento del continente, sólo abajo de Venezuela y El Salvador. El año pasado el dato aumentó a cinco mil 885 asesinatos y, según datos de la PDH, unos mil 337 de ellos estuvieron relacionados de alguna forma con actividades delictivas.

Adital

15 de marzo de 2007

Foto: www.laprensagrafica.com

Volver a Portada