El informe examina las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los conflictos agrarios, el impacto de los desalojos forzosos y violentos y la discriminación que sufren los trabajadores rurales y los pueblos indígenas, en todos los aspectos del proceso. 

"Mientras se lavan las manos de toda responsabilidad en relación con los derechos de los trabajadores rurales y los pueblos indígenas, las autoridades se muestran prontas a responder enérgicamente a las demandas de finqueros ricos", manifestó Javier Zúñiga, director del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

"Desde que ocupó el cargo en 2004, el presidente Óscar Berger ha acelerado los desalojos y ha hecho caso omiso de los consiguientes abusos contra los derechos humanos. La destrucción de hogares, la vulneración de un proceso con las debidas garantías, incluso homicidios, han acontecido con impunidad", afirma Javier Zúñiga.

Los conflictos de tierras surgen cuando los campesinos ocupan tierras a modo de protesta para pedir la realización de sus derechos laborales o cuando se plantean cuestiones sobre la propiedad de la tierra. De acuerdo con cifras del gobierno, en diciembre de 2005 continuaban sin resolverse 1052 casos de conflictos agrarios, lo que supone un aumento en comparación con los 911 casos de octubre de 2004.

En 2004, 90 familias indígenas q’eqchi de trabajadores rurales, de la finca Trece Aguas, quedaron sin hogar tras negarse a abandonar tierras que ellos consideraban una indemnización justa por lo que se les debía de los despidos. Ellas fueron desalojados por la fuerza y con violencia y actualmente continúan esperando el pago de las indemnizaciones.

La finca Trece Aguas, situada en el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, empleó a un gran número de trabajadores rurales en la producción de café. Cuando el precio del café cayó, ellos fueron los primeros en sufrir las consecuencias.

El informe de Amnistía Internacional documenta también casos similares en otras áreas de Guatemala. Por ejemplo, también en Alta Verapaz, la pequeña comunidad rural de Santa Inés se encuentra actualmente ante un posible tercer desalojo motivado por una persona que afirma tener la propiedad de la tierra. A pesar de que varios órganos gubernamentales confirman que la comunidad posee legítimo derecho a reivindicar la tierra, se ha autorizado una orden de desalojo. En los dos desalojos anteriores se destruyeron varios hogares.

Los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno violento, incluyen un compromiso gubernamental de implementar una serie de medidas concretas para solventar la crisis de las tierras y garantizar que los trabajadores y las comunidades rurales disfrutan de sus derechos humanos. Hasta el momento, ninguna de estas medidas se ha puesto en práctica.

Adital

4 de abril de 2006