El Informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y por la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), revela que, en 2006, más de 1.300 defensores de los derechos humanos, en 90 países, fueron víctimas de represión y tuvieron obstruido su derecho de libertad de asociación. Solamente en América Latina, 55 de estos defensores fueron asesinados o sufrieron tentativas de asesinato y otros 170 sufrieron amenazas de muerte.

 

Colombia lidera ese triste ranking de asesinatos/tentativas de asesinatos con 30 víctimas fatales, 122 amenazas de muerte y 6 agresiones físicas. En total, 217 defensores de derechos humanos colombianos fueron afectados por la violencia y la represión. Según el informe, la defensa de los derechos humanos continuó siendo una actividad de alto riesgo en América Latina en 2006; el objetivo de los autores de los actos de intimidación y agresiones fue claro: "crear un clima de temor destinado a desalentar a los defensores, para que no continúen sus actividades".

 

Después de Colombia, Guatemala es el país latinoamericano con mayor número de asesinatos contra defensores de derechos humanos: 9. Otros 17 guatemaltecos fueron víctimas de amenazas de muerte y 14 de persecuciones. Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ataques y amenazas de muerte, persecuciones, vigilancias y campañas de difamación son la realidad de los defensores de derechos humanos en los 16 países de América Latina analizados. El año pasado, 437 activistas latinoamericanos fueron violentados, en alguna de estas formas.

 

"La tendencia a reforzar los marcos legislativos destinados a restringir las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica por Estados que consideran a la sociedad civil independiente como una amenaza es cada día más fuerte. En América Latina, además de la tendencia a sancionar la actividad de los defensores, las campañas de difamación contra las organizaciones y sus miembros fueron particularmente virulentas, algunos defensores fueron acusados de ‘subversivos’, ‘enemigos’, ‘rebeldes’ o simpatizantes de guerrilla", expresa el informe.

Los movimientos que obtuvieron gran apoyo y participación popular, especialmente en Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más perseguidos con fuertes represiones y truculentas campañas de difamación. En México, en 2006, ocurrieron dos casos de tortura, tres agresiones físicas, tres asesinatos y una tentativa de homicidio contra activistas de derechos humanos. Cinco de ellos fueron detenidos arbitrariamente, 14 fueron amenazados de muerte y 15 fueron perseguidos. Un total de 41 violaciones a los defensores, sin que ninguno de los casos haya sido resuelto por la justicia.

 

Los activistas mexicanos empeñados en la defensa de los derechos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad: trabajadores, minorías, sin tierras y comunidades autóctonas, sufrieron muchas represalias. Además, los defensores que se opusieron a intereses privados -defensa de niños y mujeres, de trabajadores industriales y defensores de los recursos naturales como la contaminación, la extracción no sustentable o la construcción de represas- fueron los más violentados.

 

Haití es el país con menor registro de violencia contra activistas: 2, un asesinato y una amenaza de muerte. En Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Nicaragua no hubo ningún asesinato, pero los defensores fueron víctimas de torturas y agresiones físicas. En las estadísticas de la represión, 13 argentinos defensores de los derechos humanos sufrieron persecuciones y no fueron respetados sus derechos, así como 7 bolivianos, 5 costarriqueños, 26 cubanos (en 23 procesos judiciales irregulares) y 4 nicaragüenses.

 

Muchas de esas violaciones contra activistas de los derechos humanos son cometidas por actores no estatales que actúan protegidos por los órganos del Estado, son ellos: grupos paramilitares, empresas multinacionales, entre otros. Para los miembros del Observatorio, los Estados tiene un importante papel en esta violencia "cuando permiten un clima de impunidad o son cómplices de los agresores". Los Estados deberían ser los primeros en proteger a los defensores, pero en realidad "son la causa de la represión en su contra".

 

Este año, el Observatorio ve una tendencia a un refuerzo en la restricción de libertades, así como una represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales. La disculpa de las autoridades es combatir el delito y garantizar la seguridad pública, pero están dejando de lado la protección de los derechos humanos. En Oaxaca (México), numerosos participantes de las manifestaciones realizadas en la ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación. Mientras que los movimientos son criminalizados, los agentes del Estado mexicano, responsables de esos actos, continúan gozando de impunidad.

Adital

31 de julio de 2007