Desde el 16 de mayo, los presos políticos Pablo Vargas López, Hardy Peña Trujillo y Claudio Melgarejo Chávez se encuentran en huelga de hambre demandando su derecho a la libertad.

Llevan más de 13 años de encierro, condenados prácticamente de por vida a permanecer en prisión sino se allanan caminos que los dejen libres. Una prisión bastante cuestionable si se revisa la legislación con la que fueron condenados y el contexto histórico del Chile de principios de los '90. No se puede obviar que los actuales presos políticos chilenos fueron detenidos en los primeros años de los gobiernos de la Concertación, en un país sin un verdadero estado de derecho. Al decir de las autoridades de la época, Chile vivía una eterna "transición a la democracia" -que aún no ha terminado-, temerosa del militarismo derrotado en las urnas el 5 de octubre de 1988, y con un pinochetismo dueño de un enorme poder que los gobiernos de la Concertación no le quisieron quitar.

En aquellos años, el dictador Augusto Pinochet continuó como comandante en Jefe del Ejercito y, posteriormente, fue proclamado senador vitalicio, entre otras tantas "anormalidades" vividas por la sui generis "transición", como la Ley Reservada del Cobre, la imposibilidad de investigar las tropelías económicas y privatizaciones ocurridas en dictadura, las leyes secretas, el sistema binominal, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), la inamovilidad de jueces y comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas, y la continuidad espuria de la Constitución de 1980 hasta nuestros días.

Los presos políticos fueron condenados por Fiscalías Militares y jueces civiles que no respetaron un debido proceso o tenían un dudoso conocimiento de los derechos humanos y las normas internacionales en la materia. Se les sancionó, además, ocupando los parámetros y abultadas condenas de la Ley Antiterrorista, la misma que en 1984 promulgó el dictador Augusto Pinochet para castigar a los opositores que resistieron su cruenta dictadura. Paradójicamente, el ex ministro de Justicia, Francisco Cumplido -uno de los reformadores de dicha normativa durante el gobierno de Patricio Aylwin-, manifestó que fue mal aplicada en el caso de los prisioneros políticos y que era una "aberración jurídica" condenarlos por infringir las "conductas terroristas", sin que eso significara una revisión de sus procesos o una anulación de sus condenas como debió proceder.

Los días y semanas que se avecinan serán trascendentales para concluir o no con este capítulo de la prisión política. En el Senado se discutirá un Proyecto de Ley -que ya fue aprobado en la Cámara Baja-, que les a los presos políticos el beneficio de libertad condicional. Este fin de semana, al cumplir 50 días en huelga de hambre, algunos senadores de la Concertación los visitaron en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

"Hemos venido a ver a los presos políticos que están aquí en huelga de hambre", señaló el senador demócrata cristiano Andrés Zaldívar en las puertas de la CAS. "Yo estoy tras la aprobación de un Proyecto de Ley que les puede conceder la libertad provisional, y que no esta condicionado a que retiren o no la huelga de hambre. Espero que lo hagan. Ellos han quedado de estudiarlo… Más que nada les he venido a decir nuestra disposición política en el Senado y espero tengamos mayoría para que este Proyecto se apruebe. Además, el gobierno se ha comprometido con nosotros a otorgarle 'urgencia'. El día martes 5 de julio esa urgencia debe llegar al Senado. Espero que la Comisión de Derechos Humanos despache el proyecto el miércoles, como lo comprometió el presidente de la comisión, Enrique Silva Cimma. El proyecto pasará luego a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde yo soy miembro junto al senador José Antonio Viera-Gallo, y esperamos lograr también su aprobación. En todo caso, los presos políticos me han informado que han decidido trasladarse al Hospital Penitenciario. Allí van a estar bajo cuidado médico. Están en condiciones difíciles y con mucha decisión de tratar de buscar una salida, una solución a sus problemas. Así, como la vez pasada aprobamos un indulto, que era una medida mucho más profunda, mucho más discutible, la libertad provisional no veo cómo pudiera ser rechazada. Si hemos dado un indulto, con mayor razón se puede otorgar una libertad provisional a personas que ya llevan más de diez años en prisión, y que han pagado más que suficiente cualquier posible delito que se les pueda imputar. Además, ellos ha asumido un compromiso de reinsertarse en la sociedad sin dificultades".

"Del Senado depende que Hardy Peña viva o muera, así de simple", manifestó el senador radical Nelson Ávila. "Están en una lucha por su libertad que, pienso, llevarán hasta las últimas consecuencias sino se genera un escenario que brinde la posibilidad de poner término a esta situación que se hace insostenible. Es una buena oportunidad para una parte de la derecha, específicamente Renovación Nacional, para distanciarse de ese sector más duro e irreductible en materia de derechos humanos y todo lo que se relaciona con ellos. Ojalá estén los votos necesarios para poner término a esta situación".

El socialista Jaime Gazmuri, vicepresidente del Senado, también visitó a los presos políticos, señalando: "Tengo la impresión que aquí hay un elemento de inequidad que tenemos que corregir. Hubo una ley que permitió que una cantidad muy importante de presos que estaban en esta Cárcel de Alta Seguridad recuperaran su libertad. Fue una ley que aprobamos en el Congreso hace más de un año, y ocurre que seis ciudadanos chilenos que cometido los mismos actos que los otros, en la misma época y bajo las mismas motivaciones, siguen presos, mientras los demás están libres. Se debe corregir esta evidente injusticia".
 

Para la abogada Alejandra Arriaza, la situación que enfrentan los presos políticos es extremadamente difícil y se puede agravar aun más si no se vislumbra nítidamente la voluntad de aprobar el Proyecto de Ley en cuestión: "Estamos preocupados. Los tiempos del congreso son muy distintos a los de las personas privadas de libertad. Claramente un senador puede decir que el trámite se puede demorar tres semanas, un mes o varios años, pero para las personas que privada de libertad, y que el año pasado confiaron en que se iba a terminar la prisión política, no es sencillo comprender esta demora y esperar tranquilamente en una celda los plazos del Senado. Es primordial que se le dé suma urgencia al Proyecto".

La abogada agrega: "Las condiciones en las que se les procesó y debieron cumplir sus condenas, el régimen carcelario impuesto, las altas penas y la aplicación de una Ley Antiterrorista que posteriormente fue reconocida como improcedente por sus propios gestores, hace necesario que se asuma la responsabilidad política y se ponga fin a esta situación injusta. Ellos no quieren morir. La huelga de hambre no es una acción suicida. Aman la vida por sobre todas las cosas. Quieren salir en libertad a disfrutar de la vida y no permanecer como enfermos crónicos, pero, claramente, sienten que es la única forma de que su situación se ponga en el tapete. El que hayan decidido trasladarse al Hospital Penitenciario habla de que no son intransigentes".

Incertidumbres y esperanzas rodean este tortuoso camino. Parece posible que el proyecto que se discute sea aprobado, pero eso no terminará con la prisión política. Basta mirar hacia el sur, al territorio mapuche, o recordar a muchos de quiénes resistieron la dictadura y que hoy viven la clandestinidad o el forzado exilio, entre ellos los dignos hombres que emboscaron en 1986 a la comitiva del general Pinochet y que hoy se encuentran refugiados en diversos países.

Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra

Convenio La Insignia / Rel-UITA

5 de julio de 2005

Fotografías: Jorge Zúñiga
1) Alejandra Arriaza, abogada de derechos humanos.
2) Manifestación ante la embajada de Holanda en Santiago