Jair Krischke

“Nuestra sociedad está ganada
por la desmemoria”

Brasil es el único país del Cono Sur latinoamericano que ha permanecido al margen del “boom de la memoria” que se registra en el resto de la región, dijo el activista por los derechos humanos de ese país Jair Krischke.

Krischke estuvo en Montevideo hasta el fin de semana pasado, invitado a un encuentro de Museos de la Memoria de los países del MERCOSUR.

“Fue una muy buena idea hacer esta reunión, porque permitió que nos juntáramos todos los que trabajamos en el tema de la construcción de la memoria sobre el pasado reciente y la difusión de lo que pasó con nuestros pueblos en aquellos años de plomo, ver en qué andamos, comparar situaciones, y trazar planes comunes”, dijo a Sirel el Consejero del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (MJDH).

“En los últimos años hubo avances en todos esos temas en la mayor parte del área. En Argentina son muy notorios, pero también se dieron en Chile, en Uruguay, incluso en Paraguay. Lamentablemente, el contraste viene de Brasil”.

Krischke, un incansable difusor de denuncias sobre la colaboración de las recientes dictaduras latinoamericanas, hizo en parte responsable al gobierno del presidente Luis Inácio “Lula” da Silva de que “la desmemoria campee” en su país.

“No me explico bien por qué, pero estoy convencido de que hay un acuerdo entre Lula y los militares brasileños para impedir que se conozca la verdad sobre lo sucedido bajo la dictadura, y que se castigue a los responsables del terrorismo de Estado”, dijo.

Ojos que no ven…

“Me remito a los hechos”, agregó, y citó varios. Uno de ellos, tal vez de los más fuertes, es que hasta ahora el gobierno brasileño se ha opuesto a la apertura de los archivos sobre la represión en aquellos años, que existen, “están ahí”, pero “nadie los toca”.

“Al lado del despacho de Lula tiene su oficina un general que asesora al Presidente en temas de seguridad. Un día le pregunté a ese general qué pasaba con los archivos, por qué no los abrían, y me contestó: ‘No conviene, allí hay cosas muy feas, van a quedar en evidencia traiciones, hechos turbios, y a nadie le gustaría que eso pasara’. Sonaba como una amenaza. La hice pública. De haber estado yo en el puesto de Lula a ese señor lo hubiera destituido. El Presidente nada hizo”.

Otro hecho, prosigue Krischke: desde hace ya mucho tiempo, un año después de asumir Lula la Presidencia de su país, la justicia brasileña viene ordenando, sin éxito, la apertura de los archivos del Ejército relacionados con la destrucción de un foco guerrillero en Araguaia. En esa localidad del estado norteño de Pará, en 1972 fueron masacrados más de 50 guerrilleros por fuerzas militares, y aún permanecen como “desaparecidos”.

En un primer fallo, un Tribunal Federal dispuso que todas las informaciones en poder del Ejército fueran liberadas. Se otorgó un plazo de 15 días para cumplir con la sentencia; de lo contrario, el Estado debía pagar una fuerte multa por cada día de incumplimiento. El gobierno apeló, la justicia confirmó el fallo, nueva apelación, y finalmente la Suprema Corte ratificó que los archivos debían ser abiertos.

“Pese a todas esas decisiones todavía no ha pasado nada. Es una situación clara de desobediencia de parte de la administración Lula. ¿Por qué esa resistencia del gobierno a cumplir con un fallo judicial que significa un avance en el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura?”, se pregunta el activista.

Y vuelve a cargar, esta vez apuntando al ex-presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino. “Él fue uno de los raros guerrilleros sobrevivientes de la masacre de Araguaia. Sin embargo, hace un tiempo, en una ceremonia militar clásica, el Ejército lo premió con la Medalla del Pacificador. Cuando en Brasil uno quiere saber quién fue torturador o cómplice de los torturadores, es casi una norma que se vaya a la lista de quienes recibieron la Medalla del Pacificador. Los dos coroneles que comandaron la destrucción de la guerrilla de Araguaia la tienen. ¿Por qué también Genoino? Cuando tiempo atrás el Ejército se la quiso otorgar al legendario arzobispo de San Pablo y luchador Evaristo Arms, éste se negó.”.

Krischke continúa acumulando “hechos” que tenderían a probar la existencia de algún tipo de “acuerdo” entre el actual gobierno y las jerarquías castrenses brasileñas. “Yo trabajé personalmente -dice- con el magistrado italiano que en diciembre pasado pidió la extradición de 146 represores latinoamericanos vinculados con el Plan Cóndor y con el secuestro y desaparición de ciudadanos italianos en nuestros países. Entre esos militares había varios brasileños, pero el gobierno intervino para evitar su extradición”.

Apenas se emitió el pedido de extradición, el ministro de Justicia respondió que iba a rechazarlo, porque según él estos uniformados estaban cubiertos por la ley de aministía. “Se equivocó. Los dos casos por los que Italia reclamaba la extradición databan de 1980, cuando la amnistía brasileña fue de agosto de 1978. Los crímenes cometidos después no están abarcados por ella. Acorralado, el Ministro dijo después que de todas maneras aquellos delitos estaban prescritos. Se equivocó otra vez. Se le objetó que se trataba de crímenes imprescriptibles, en virtud de que la legislación internacional actual establece que las desapariciones forzadas de personas son delitos permanenentes que se siguen cometiendo hasta que el cuerpo de la víctima aparezca”. Pero no hubo caso, y los uniformados cuya extradición había sido solicitada por la justicia italiana “continúan sin ser molestados”, apunta Krischke.

Por suerte, dice, “en el gobierno también hay contradicciones”. El secretario general de Derechos Humanos, que tiene estatuto de Ministro, es partidario tanto de responder positivamente a la demanda del magistrado europeo como de abrir los archivos de la represión.

¿Y por casa cómo andamos?

De la “desmemoria” de la sociedad brasileña Krischke no hace responsable solamente al poder político. También a buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a las asociaciones humanitarias, tan activas en la oposición a la dictadura y a gobiernos posteriores como los de Fernando Collor o Fernando Henrique Cardoso, pero que desde que Lula asumió el poder tienen un perfil muy bajo.

Del “estado de desmemoria” de la sociedad brasileña, piensa Krischke, son igualmente cómplices los grandes medios de comunicación, que “muy, muy raramente evocan aquel pasado”, o el sistema educativo, que hasta el momento excluye el tratamiento de ese período.

“Recién ahora, tantos años después de terminada la dictadura, hay en las universidades brasileñas cinco tesis sobre la represión en aquellos tiempos. Menos mal, pero son evidentemente muy pocas”, comenta.

“Los que en Brasil mantenemos la presión para que el pasado salga a luz, que se hable de lo sucedido en los setenta, que se limpie esa historia para que sea posible un verdadero ‘Nunca más’ al terrorismo de Estado y no apenas un ‘Nunca más’ declarativo, sin sustento, estamos librando una batalla muy desigual. Cuando pienso que en Uruguay están presos dos ex presidentes y varios altos militares relacionados con la dictadura, y sobre todo veo lo que sucede en ese plano en Argentina me da cierta envidia”, dice Krischke, aun siendo consciente de que en ambos países del Río de la Plata, sobre todo en Uruguay, las organizaciones de derechos humanos piensan que lo hecho hasta ahora desde el poder político es insuficiente.

Hay también “hechos alentadores, que demuestran que no todo el mundo ha elegido el olvido”, matiza el activista.

“Desde setiembre de 2006 se está ventilando ante la justicia un caso muy interesante: el de una familia que quiere que se diga públicamente que un coronel actualmente retirado fue torturador. No piden que se lo castigue penalmente, no piden indemnizaciones: simplemente reclaman esa ‘acción declaratoria’, para ellos reparadora”.

El militar en cuestión es Carlos Alberto Brilhante Ustra, que en los años setenta se destacara por haber sido comandante del Departamento de Operaciones e Informaciones y líder de la Operación Bandeirantes, un organismo clandestino de represión que actuaba sobre todo en San Pablo y reunía a uniformados de diversas reparticiones.

Brilhante Ustra fue por un período agregado militar en la embajada brasileña en Uruguay. Debió abandonar el cargo luego de que una diputada del PT que formaba parte de la comitiva que acompañó al entonces presidente José Sarney durante una visita a Montevideo lo reconociera como quien la había torturado.

Quienes interpusieron  la “Acción declaratoria” para que Brilhante Ustra sea reconocido como torturador, la primera acción judicial contra un militar acusado de violar los derechos humanos en Brasil, son sobrevivientes de la masacre de Araguaia.

“Es una muy buena cosa para colocar el tema en la escena pública”, observa el Consejero del MJDH.

Para este año, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre que anima Krischke está preparando una serie de iniciativas.

Una de ellas tendrá lugar en noviembre, cuando se cumplan 30 años del secuestro en Porto Alegre de dos militantes de izquierda uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Otra se desarrollará el 10 de diciembre, fecha del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una tercera tres días después, a los 40 años de la promulgación de uno de los actos institucionales clave en el andamiaje de la dictadura. Esta última se desarrollará en el marco de una pluralidad de actividades destinadas a recordar la resistencia al régimen. “Vamos a ver si con todo esto ayudamos a cambiar el panorama”, concluye Krischke.