La
Juventud reseñó una primera parte de lo que fuera la
conferencia brindada por el brasileño Jair Krischke esta
semana en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Vale la
pena ir ahora a otro pasaje de sus palabras, donde el
veterano luchador por los derechos humanos opinó sobre la
democracia, la Ley de Caducidad y las leyes similares de la
región, y el capítulo poco conocido de la política del
gobierno de Lula en materia de derechos humanos y Fuerzas
Armadas, que lleva a Krischke a decir que conociendo ese
aspecto del gobierno del Partido de los Trabajadores, lo que
vino luego sobre la corrupción ya no le sorprendió tanto.
Consejero del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de
Brasil, activista por los derechos humanos y jurista de
prestigio internacional, Jair Krischke tiene una relación
desde épocas de la dictadura con los familiares de detenidos
desaparecidos de nuestro país y con uruguayos que se
refugiaron en la nación norteña. Así lo demostraban los
saludos afectuosos al visitante en la conferencia que
realizó en la sala 15 del anexo del Parlamento, donde
pudimos reconocer a Sara Méndez, Luisa Cuesta y Luz Ibarburu,
de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También
presenciaron conferencia la doctora Hebe Martínez Burlé
–abogada denunciante en varios casos sobre violaciones a los
derechos humanos en la dictadura-, integrantes del Servicio
Paz y Justicia, Raúl Olivera y Eduardo “Lalo” Fernández del
PIT-CNT, y el diputado encuentrista Guillermo Chiflet.
Acompañado por el ex vicepresidente de la Cámara de Diputados
Oscar López Balestra, en varios tramos de su exposición Jair
Krischke se emocionó, resaltando la dura lucha de los
familiares de los desaparecidos y un episodio de una ofrenda
floral ante el mausoleo de Artigas en plena dictadura,
impulsada por el jurista brasileño y una delegación de
parlamentarios latinoamericanos que congregó espontáneamente
a centenares de transeúntes en la Plaza Independencia que
culminaron el hecho entonando el Himno Nacional.
Al entregar un reconocimiento al periodista Roger Rodríguez,
Krischke resaltó igualmente el papel de los comunicadores
que tanto en la dictadura como en la actualidad han
contribuido a difundir y mantener en el orden del día estos
temas.
Los subtítulos del tramo de la conferencia del abogado
brasileño que transcribimos a continuación son de nuestra
redacción.
¿Para qué sirve esta
democracia?
El pueblo, que logró reconquistar la democracia tiene todo el
derecho de ser inmensamente exigente con esta democracia. Si
no –especialmente atención a los jóvenes- cabe la pregunta:
¿para qué sirve esta democracia sino para decirnos lo que
pasó, dónde están los restos mortales de los desaparecidos,
quién tiene que ver con esto, quiénes son los responsables?
Y no me vengan con que acá hay una Ley de Caducidad...
Señores, yo tengo que reconocerlo: ningún otro país hizo
algo tan impresionantemente bien hecho para tapar este tema.
Lo que hicieron en Argentina ya se borró, la Suprema Corte
argentina dice que era inconstitucional, el Parlamento
también dijo que no. En Brasil hicieron una ley de amnistía,
y es inmensamente discutible porque amnistió un lado
solamente, el otro no. En Chile lo mismo.
Pero acá en Uruguay esta caducidad del derecho del Estado,
esto jurídicamente es de una elaboración maquiavélica. Y se
olvidan de que está el artículo cuarto, que dice que se
tiene que investigar. Entonces, que se cumpla la ley, y
después vamos a discutir el tema más profundamente. Ustedes
tienen acá juristas extraordinarios, excelentes, que tienen
ya una argumentación muy buena sobre que esta Ley de
Caducidad es contraria a la Convención Americana sobre
Desapariciones. Ya leí un trabajo muy bueno.
No tocar archivos
Quiero especialmente contarles lo que pasa en mi país,
Brasil, y los errores que cometimos nosotros y estamos
pagando un alto precio. En Brasil, después de varios
gobiernos que fueron elegidos por el pueblo y que nunca
hicieron absolutamente nada para abrir los archivos, se
eligió a Lula da Silva. 53 millones de votos. ¿Ustedes se
dan cuenta? 53 millones de votos.
Cuando se estaba terminando el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso, el Diario Oficial de la Nación, del 30 de diciembre
(de 2002) publica un decreto alterando una ley de Collor de
Mello. Una ley que es una copia de la ley americana de
clasificación y desclasificación de documentos. Una ley que
dice claramente: un documento para ser desclasificado como
ultrasecreto es responsabilidad única del Presidente de la
Nación. Para clasificar un documento como secreto, tiene que
tener status de Ministro. Un documento ultrasecreto no se
puede dar a conocer antes de 50 años, y se puede renovar por
otros 50. Secretos, 30 años, renovables por otros 30.
Fernando Henrique firma entonces un decreto inconstitucional,
porque cambiaba la ley, en verdad arremetiendo para no tener
nunca más la posibilidad de examinar los documentos. Me
llamó la atención. Y ¿saben lo que pasó? En verdad, Fernando
Henrique firma este decreto porque Lula lo pidió, porque ya
había empezado a hacer acuerdos con los militares.
Asciende Lula. Sigue la cosa. Hacía 30 años que había una
causa en la Justicia Federal de Brasil que trataba el tema
de Araguaia, una guerrilla que hubo en Brasil en la región
amazónica, donde los señores militares brasileños mataron a
62 personas. Hombres y mujeres. Las mataron y desaparecieron
sus cadáveres.
Treinta años después una señora jueza federal de Brasilia
firma un fallo diciendo que el Ejército tiene que abrir los
archivos de la guerrilla de Araguaia, solamente esto. ¿Qué
hace nuestro Presidente? Manda al abogado general de la
Nación ingresar un recurso para no abrirlos. La presión de
los familiares entonces empieza, ahí se dan cuenta de que
está pasando algo raro y se empiezan a mover. Lula crea una
comisión multiministerial (Ministerios de Justicia,
Relaciones Exteriores, Defensa) para examinar los documentos
y reclasificarlos. Ahí estamos frente a una violación de la
ley. ¿Cómo se puede reclasificar lo que ya estaba
clasificado? Pero además de esto, formada esta comisión
nunca más se trató el tema.
Guerrilleros condecorados
por militares
El años pasado, el 22 de agosto, Día del Soldado en Brasil,
el hasta hace pocos días Presidente Nacional del Partido de
los Trabajadores, José Genoíno -¡guerrillero de Araguaia, un
guerrillero preso, uno de los raros sobrevivientes!-, recibe
del Ejército Brasileño la Medalla del Pacificador.
Si en Brasil uno tiene dudas acerca de si Fulano o Mengano
fue o no torturador, la manera fácil de solucionar el tema
es saber si tiene la Medalla del Pacificador, ¡porque si la
tiene fue un torturador!
Es tan impresionante que un mayor y un coronel, que
destruyeron la guerrilla de Araguaia, los que la terminaron,
los que mataron, tienen esta medalla. Es una contradicción
brutal. El Presidente Nacional del PT la recibe frente al
predio del Comando del Ejército, con bombos y platillos.
Entonces comenzamos a entender de qué se trataba. Estos
escándalos de corrupción que pasan ahora ya no nos
sorprendieron.
En momentos en que los familiares estaban presionando de una
manera muy fuerte –porque además Lula está cumpliendo tres
años de gobierno y no recibió a los familiares hasta hoy- un
general, Jorge Armando Félix, el jefe del Gabinete de
Seguridad da una entrevista a la prensa, y un diario de
Montevideo lo publicó, diciendo “No conviene abrir los
archivos. Hay mucha información que va a causar problemas”.
Le pregunta el periodista: “¿Qué tipo de problemas?”. “No,
porque algunos eran maricones, otros traicionaban a su
mujer, otros estaban comprometidos con robos y estafas,
entonces no hace falta, esto va a crear problemas”... ¡Por
favor! ¡Esto es un insulto! ¡Esto no es serio! Yo esperaba
al otro día leer en los diarios que Lula había decidido
poner en la calle a este general. Sigue a su lado. Sigue
igual.
Hernán
Salina
La
Juventud
29 de
setiembre de 2005