El pasado 23 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó la prescripción del delito de genocidio y la imposibilidad de aplicar la ley de forma retroactiva a quienes cometieron ese tipo de delitos antes de 1982. En consecuencia, las posibilidades de enjuiciar al ex presidente Luis Echeverría y a otros altos ex funcionarios de gobierno por su responsabilidad en la sangrienta represión de las décadas de 1960 y 1970 parecen ahora lejanas.

Los jueces se basaron en la ratificación del Senado mexicano de 2001 del Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que estableció que dicha ley no es retroactiva, según el artículo 14 constitucional. En otras palabras, el Senado estableció el castigo de crímenes políticos del futuro, pero no los del pasado.

Activistas de derechos humanos afirman que de esa forma se busca proteger a la clase política. El triunfo electoral de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000, rompió 71 años de monopolio del Partido de la Revolución Institucional (PRI), en parte gracias al interés ciudadano por un cambio. Se creó luego la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Politicos del Pasado (Femospp), donde se hicieron numerosas y documentadas denuncias contra ex funcionarios (incluido el ex presidente Luis Echeverría).

En 1968, el movimiento estudiantil mexicano presionaba para lograr cambios democráticos en la sociedad. El 2 de octubre, miles de estudiantes y trabajadores marcharon hasta la Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad de México. Ahí fueron atacados a balazos por el ejército. Se cree que unos 500 jóvenes fueron asesinados. Numerosos testimonios aseguran que algunos fueron llevados heridos a cuarteles del ejército, pero sus cuerpos jamás aparecieron. Fue la "Noche de Tlatelolco". Era el sexenio (1964-1970) de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, nacido en 1922, sería su sucesor.

Durante la presidencia de Echeverría (1970-1976) se daría la segunda matanza colectiva de estudiantes. Fue el 10 de junio de 1971, durante una marcha en la ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Nuevo León, quienes habían sido duramente reprimidos por exigir mayor presupuesto y libertades en las universidades. Los jóvenes, desarmados y sin mediar provocación, fueron atacados violentamente por los Halcones, grupo paramilitar organizado, entrenado y financiado por las fuerzas de seguridad.

Eduardo Stanley
Convenio La Insignia/Rel-UITA

2 de marzo de 2005