Sólo en un año fueron liberadas en Brasil más de 2.600 personas que habían sido sometidas al estado de esclavitud en el medio rural, mientras cada año mueren decenas de campesinos y dirigentes asesinados.

Alberto Broch

El trabajo forzoso es una situación penosa, que nos avergüenza a todos como sociedad, y esto ocurre infelizmente desde hace muchos años. La CONTAG ha tenido un papel histórico en la lucha por la erradicación de esta práctica odiosa, desde la denuncia internacional junto a la OIT hasta exigirle al Ministerio del Trabajo brasileño la fiscalización en el medio rural. Hemos trabajado intensamente por la erradicación de este flagelo junto a otras entidades como la Comisión Pastoral de la Tierra. Recientemente, durante el gobierno de Lula se ha intensificado la presencia de los inspectores en los puntos más remotos, y el resultado es que sólo en el año pasado se han liberado 2.600 personas que estaban sometidas a este régimen oprobioso. En dos años de este gobierno se han liberado más esclavos que en los ocho años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Se ha integrado un grupo de trabajo donde participan varias instituciones como el Ministerio de Trabajo y la OIT que proporcionan un seguimiento a las propuestas concretas tendientes a acabar con el trabajo esclavo.

Una de ellas ya está en práctica y es muy útil: se trata de la publicación de los nombres de los terratenientes que esclavizaban trabajadores y trabajadoras y fueron descubiertos. Este instrumento muy poderoso ha permitido desenmascarar ante toda la sociedad a personas muy conocidas, influyentes en la Cámara de Diputados y en los poderes locales, que tenían esclavos en sus haciendas. En el mismo sentido, estamos promoviendo una reforma constitucional que permitirá la expropiación inmediata de las tierras de los hacendados en cuyos predios sea hallada mano de obra esclava. Esta reforma fue aprobada en Diputados, recibió modificaciones en el Senado y ahora está nuevamente en Diputados. Debería ser rápidamente aprobada, pero están apareciendo muchas presiones que hacen prever un trámite más lento de lo deseable. Además, hemos trabajado intensamente en la elaboración de la Norma Reglamentadora 31 referida a la salud y la seguridad de los trabajadores, y estamos presionando al gobierno y al Parlamento para lograr la ratificación del Convenio 184 de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Agricultura. Estos instrumentos nos permitirán caminar más rápida y seguramente hacia al erradicación del trabajo esclavo en Brasil.

La imposición del trabajo forzoso se prepara como una trampa: las personas son contratadas casi siempre por terceros que los colocan en una hacienda donde no tienen contacto con el mundo externo. Allí trabajan dos o tres meses, en general sin que se cumplan las promesas que les hicieron, y cuando quieren retirarse del lugar no pueden hacerlo porque todo lo que comieron y el techo bajo el que durmieron les es cobrado a precio de oro. De esta manera, el patrón crea una deuda que el trabajador debe pagar y esto dura hasta que el patrón lo decide. La persona pierde de hecho su libertad y cuando logra salir lo hace sin un peso en el bolsillo.

Esto ocurre generalmente con personas que dejan sus familias esperando, y trabajan sin que les sea respetado ningún derecho laboral, sin contrato firmado y por eso es un delito difícil de probar.

Estimamos que en la actualidad hay en Brasil 20 mil trabajadores sometidos a trabajo esclavo. Este problema siempre viene aparejado al de la violencia en el campo. Desgraciadamente, hace muchos años que venimos conviviendo con este otro problema enorme, principalmente sufrido por las organizaciones sociales rurales como la CONTAG y los asentamientos del MST. Constantemente hemos estado expuestos a la violencia, especialmente en las “fronteras” donde se encuentran los trabajadores sin tierra y el latifundio, porque allí siempre se plantea una lucha por la propiedad de la tierra. Se puede afirmar que en los últimos 30 años, todo el proceso de reforma agraria –hay quien dice que nunca hubo tal cosa en Brasil– ocurrió en función de la lucha de los trabajadores rurales y de los movimientos sociales en el campo brasileño. En estos años hemos sufrido el asesinato de muchos dirigentes sindicales, religiosos y religiosas, abogados y una lista muy larga de trabajadores muertos. Con el inicio del gobierno de Lula la tendencia es que en algunos casos la violencia ha disminuido. Hace un poco más de un mes, en el Estado de Pará, fue asesinada la hermana Dorothy, una religiosa estadounidense naturalizada brasileña con más de 20 años de lucha a favor de los trabajadores rurales, apoyando las acciones de nuestros sindicatos, en la región Norte del país que actualmente es una de las más violentas. En Pará todavía hay una extensa frontera intacta, de tierras vírgenes, donde hay una fuerte disputa por la tierra.

Los principales actores de esta disputa son los grandes intereses madereros que codician los montes naturales de maderas nobles. Pero la confrontación no sólo es por la distribución de la tierra, contra las “quemazones” de bosques, sino también contra el sistema de desarrollo impuesto por esos intereses. Nuestros sindicatos promueven los Proyectos de Desarrollo Sustentable (PDS) que es algo completamente opuesto a devastar un área de bosques naturales para vender la madera y atrás venir plantando monocultivos de soja o la pradera para la cría de ganado extensiva. Nuestra política es promover un modelo productivo agrícola sustentable, que inclusive comprende una explotación racional de la selva. Con la muerte de la hermana Dorothy el problema de la violencia rural en Brasil alcanzó una repercusión internacional, pero es bueno recordar que en la misma semana en la que fue asesinada Dorothy nosotros perdimos dos dirigentes sindicales de la CONTAG en esa zona, y otros dos trabajadores rurales que también fueron asesinados. Y esto viene ocurriendo desde hace muchos años, son decenas y decenas de muertos en los últimos años. Peor todavía: existe una lista de condenados a muerte que integran muchos dirigentes campesinos y líderes locales que se oponen a esos intereses. Esto ha tomado estado público, el Congreso nacional y el Poder Ejecutivo se han interesado en el problema y ha tomado iniciativas concretas, aunque pensamos que se debe profundizar este esfuerzo.

En primer lugar, hay que terminar con la impunidad que es un gran estímulo a la violencia rural. Los hacendados, latifundistas y madereros asesinos y sus mercenarios deben ser juzgados y condenados, y al mismo tiempo hay que resolver el problema de propiedad de la tierra, hay que hacer una reforma agraria y discutir un modelo de desarrollo. El gobierno colocó en el Estado de Pará una fuerza militar considerable para impedir esta violencia impune, y esperamos que esto continúe hasta que se resuelvan los problemas de fondo que es la regularización de las propiedades en Brasil y especialmente en la región Norte.

Es necesario que el mundo conozca lo que sucede aquí, ya que los grandes medios de comunicación internacionales no se interesan en estos hechos “cotidianos”, a no ser que ocurra una muerte tan triste como la de la hermana Dorothy. La presión y la solidaridad internacionales tienen una fuerza gigantesca. En este momento creo que deberían dirigirse a apoyar las acciones que está adoptando el gobierno contra los embates políticos que tenemos en la región, contra el latifundio, contra los madereros y el capitalismo internacional que pugna por instalarse en estas regiones. Tampoco debemos olvidar la importancia de la solidaridad humana de las familias con los trabajadores, con nuestras organizaciones, para que podamos formar esta gran corriente de apoyo, unidad y solidaridad en el terreno.

Alberto Broch *

5 de abril de 2005

* Vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) e integrante del Comité Latinoamericano de la UITA.