En 1964, cuando se produjo en Brasil
el golpe de Estado que destituyó al
presidente João Goulart, en un
muro de Río Janeiro apareció un grafitti
que resultaba toda una definición.
Decía: “Basta de intermediarios:
Lincoln Gordon al poder” (Gordon
era el entonces embajador de Estados
Unidos en Brasil).
A medida que van quedando atrás los años
de dictaduras y enfrentamientos
radicales, el análisis permite una más
clara interpretación de los hechos.
Aunque en general los militares han
mantenido en secreto el destino de los
detenidos-desaparecidos, en una actitud
propia de las mafias, poco a poco se va
conociendo toda la verdad sobre la
violación de derechos humanos. De esa
información surge que en Uruguay,
antes del decreto que el 27 de junio de
1973 disolvió las Cámaras, ya el país se
había ido deslizando hacia la dictadura;
las arbitrariedades, persecuciones,
torturas y asesinatos se reiteraban,
contando con la impunidad favorecida por
la censura de los medios de
comunicación.
Mientras el Parlamento estuvo en
funciones las denuncias que allí se
planteaban podían ser recogidas por la
prensa, que incluso llegó a estar
sometida a censura previa.
Las “Medidas Prontas de Seguridad”, que
la Constitución establece para los casos
de agresión exterior o grave conmoción
interior imprevista, primero se
aplicaron en forma esporádica, pero a
partir del 13 de junio de 1968 se
establecieron de forma permanente. A su
amparo se produjeron desbordes de las
fuerzas de represión. Cuando esos hechos
eran denunciados por legisladores como
Zelmar Michelini, desde sectores
blancos y colorados se sostenía que esos
planteamientos tenían como objetivo
desprestigiar al gobierno y a las
Fuerzas Armadas.
Hoy se sabe que hasta militares honestos
creyeron en ese enfoque. El hoy retirado
general Oscar Pereira, por
ejemplo, en un libro que tituló
“Recuerdos de un Soldado Oriental del
Uruguay” expresa: “Como tantos otros,
consideré que las primeras denuncias
sobre el deshonesto saqueo de viviendas,
el ultraje de mujeres indefensas y la
desnaturalización materna de recién
nacidos eran patrañas orquestadas para
socavar al máximo la imagen de las
Fuerzas Armadas; pero lo contundentes
argumentos que se acumularon en el
tiempo me convencieron de que las
injustificadas aberraciones fueron
cometidas por unos pocos delincuentes y
sádicos desenfrenados, al margen de la
mayoría que seguramente las condenaba
tanto como yo; aunque también estaba muy
clara la omisión irresponsable de todo
el Escalón de Mando, porque nuestro
Código establece que la supuesta
ignorancia de los hechos no es causa
para eximir la total responsabilidad
superior”.
En las tareas de represión las
dictaduras de la región actuaron en
alianza estrecha. Están absolutamente
comprobados los crímenes de la “Operación
Cóndor”, tales como los asesinatos
en Buenos Aires del general
Arturo Prats (chileno) y de su
esposa, del general Juan José Torres,
ex presidente de Bolivia, y de
los legisladores uruguayos Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Los propios militares de la época han
declarado por mandato de quién
cometieron esos crímenes. El almirante
argentino Emilio Eduardo Massera,
entrevistado por la periodista Olga
Wornat declaró: “Los que hoy
protestan y se horrorizan por las cosas
que pasaron son los mismos que me
decían: ‘Almirante: vaya y mátelos a
todos. Persígalos hasta sus guaridas y
destrócelos’”. Y ha definido con
claridad lo sucedido: “Si ha habido
torturas yo me hago cargo. Nunca me
borré”.
Admite, además, que existieron centros
clandestinos de detención y hasta asume
la defensa de las torturas y
arbitrariedades destacando hechos
propios de todas las guerras: “¿O qué se
piensan que hacían los Estados Unidos
en Vietnam”?, afirma. Y agrega:
“¿Creen por un segundo que todo lo que
hicimos fue sin el aval de los
políticos, los empresarios y los curas?”
Luego, refiriéndose a los grandes
empresarios (“los dueños de la
Argentina”, como él los define)
informa: “¿Cree que alguna vez alguno de
ellos protestó por lo que pasaba o me
pidió por un desaparecido? Jamás”. Y
expresa, en cambio, que le decían:
“Extermínelos a todos, Almirante, que
nosotros necesitamos tranquilidad para
hacer nuestros negocios”.
Más allá de la identificación de los
responsables directos y ejecutivos
-militares y policías- de instrumentar
el terrorismo de Estado en la región, el
tiempo irá seguramente develando la
espesa trama de complicidades,
colaboraciones e intereses políticos y
económicos que promovieron y se
beneficiaron con él. La mano que blandió
la espada.
