La ley que consagró la impunidad de los violadores a los derechos humanos en Uruguay será letra muerta  en las próximas semanas, declaró a Sirel el abogado y senador Oscar López Goldaracena, uno de los referentes de la campaña por la anulación de esta ley.

La bancada parlamentaria del oficialista Frente Amplio (FA) se puso de acuerdo en un proyecto que sería aprobado por ambas cámaras en el correr del mes de octubre, justo a tiempo para evitar una condena a Uruguay por parte de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El lunes 4 ese organismo se reúne en Quito para examinar oralmente una denuncia presentada por Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija nacida en cautiverio de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y asesinada en Montevideo tras dar a luz.

El  proyecto fue trabajosamente negociado en el marco de una comisión que reunió a representantes de los distintos espacios políticos que coexisten en la coalición progresista de gobierno. “Yo hubiera preferido que la ley de impunidad fuera lisa y llanamente anulada, pero en el Frente Amplio existen diferentes culturas políticas, ideológicas y jurídicas y algunas no están a favor de la nulidad. Finalmente se llegó a un texto que permitirá satisfacer la necesidad de suprimir esta aberración jurídica”, señaló López Goldaracena.

El acuerdo se traduce en una interpretación de la Constitución de la República y de la propia ley de impunidad, adoptada en 1986 bajo el nombre de ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Un artículo de la Constitución, el 72, llamado “norma ventana” por López Goldaracena, porque “permite darle rango constitucional a todos los derechos inherentes a la persona humana y a la forma republicana de gobierno”, incluso a aquellos que no están descritos en la propia Carta, fue interpretado de manera tal que se consagra a texto expreso “el derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, y el derecho y el deber de indagar, perseguir, juzgar y castigar crímenes de lesa humanidad”.  

El proyecto establece también, y López Goldaracena lo considera “fundamental”, que los jueces deberán ahora aplicar los tratados internacionales ratificados por Uruguay según los cuales los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser juzgados y castigados.

Muy pocos magistrados se atenían a esos tratados, y preferían aplicar la ley de Caducidad, que los obliga a consultar al Poder Ejecutivo cada vez que les es sometido un caso de violación a los derechos humanos producido en la época de la dictadura (1973-1985) para que sea el gobierno de turno el que determine si ese caso está comprendido en la ley o no.

“El nuevo proyecto les facilitará la tarea. El artículo 2 les dice directamente a los jueces: la ley de caducidad es inaplicable, ya fue declarada inconstitucional en algunos casos por la Suprema Corte, de manera que apliquen este nuevo texto y juzguen. Se establece igualmente que el Poder Judicial debe reabrir todos los casos archivados por la ley de caducidad y que no se podrá invocar la validez de esta ley o acciones administrativas, como actos del Poder Ejecutivo, para continuar con el archivo, para impedir que se reabran casos ya examinados o para archivar causas nuevas que se presenten”, precisa López. 

Y para aquellas situaciones en que un juez entendiera que para algún delito que debe juzgar corre la prescripción, el nuevo texto sostiene que “el término de prescripción no se aplicará entre el día que se sancionó la ley de caducidad y el día que se vaya a promulgar esta nueva ley”, es decir unos 24 años.

“Esta fórmula permite consensuar las distintas posturas existentes en el FA, reconociendo por un lado que la ley de caducidad existe pero al mismo tiempo que es letra muerta”, resumió López.

Consultado acerca de qué piensa del hecho que se demoró tanto en aprobar un texto de este tipo, cuando el Frente Amplio ya fue gobierno una primera vez en los cinco años anteriores (entre 2005 y 2009) y tenía una mayoría parlamentaria aun más amplia que la actual, el abogado manifestó que “A veces cuando se es gobierno predomina el pragmatismo de lo cotidiano frente al mandato imperativo  que deriva de lo ideológico, el mandato jurídico y el mandato moral. Se pretende gobernar estando bien con todos. Y gobernar implica hacer opciones. Los crímenes cometidos por el Estado deben ser juzgados en todo momento y en todo lugar. Cuando la izquierda subió al poder en Uruguay tenía clara conciencia del mandato de anular una ley que ética y jurídicamente era nula, que había sido durísimamente condenada por organismos internacionales, pero el pragmatismo hizo que ese esfuerzo para anular la ley quedara diluido en los bolsones de la militancia”

López Goldaracena fue portavoz de una Comisión Nacional de Nulidad de la ley de Caducidad creada en vistas de convocar a un plebiscito para decidir si la ley de amnistía a los violadores de los derechos humanos bajo la dictadura cívico militar debía ser mantenida o no. En un comienzo la iniciativa fue apoyada por algunas pocas organizaciones de la sociedad civil (la Rel-UITA entre ellas) y partidos de izquierda. Con el paso del tiempo fue creciendo y terminó siendo apoyada por el conjunto de la izquierda, sectores minoritarios de los partidos conservadores y una pléyade de organizaciones sociales. El plebiscito se realizó al mismo tiempo que las elecciones nacionales, en octubre de 2009. Para que la ley fuera anulada las papeletas por el “Sí” debían superar el 50 por ciento de los votos.

Se llegó al 48 por ciento, 6 puntos más que los conseguidos en una votación similar realizada 20 años antes pero también insuficientes para acabar con la impunidad. El fracaso suscitó un fuerte debate interno en el FA, al resultar evidente que muchos de sus dirigentes -que presionados por sus bases- anunciaron que apoyarían la anulación de la ley de amnistía poco hicieron en esa dirección.

“Cuando perdimos este segundo plebiscito ratificamos que la ley había nacido nula, que seguiría siendo nula y que llegaría el tiempo en que sería removida. Las organizaciones sociales se siguieron movilizando, otros preferimos movernos también en el plano político y ese tiempo llegó”, subrayó López. Ayudó que la Suprema Corte se pronunciara en al menos dos casos declarando inconstitucional a la Caducidad, lo cual convenció a los sectores de izquierda aún reticentes a obrar por su eliminación y también a sectores de la oposición de derecha. Años atrás, estos sectores de oposición exigieron la eliminación total de un impuesto a los jubilados una vez que la Suprema Corte lo había declarado inconstitucional en ciertos casos. “Por coherencia deberían actuar de la misma manera en esta ocasión”, piensa López. Pero difícilmente lo hagan.

También ayudó que la CIDH esté a punto de condenar a Uruguay en el caso Gelman. “Para un gobierno de izquierda significaría una vergüenza”, apunta López Goldaracena. El caso llegó a la Corte porque Uruguay fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber hecho caso omiso a observaciones precedentes por haber mantenido en su ordenamiento jurídico una ley aberrante como la de 1986.

El abogado piensa que en caso que la ley de Caducidad se convierta efectivamente en letra muerta se habrá dado un paso positivo, pero opina también que en este mismo terreno no todas son rosas en Uruguay. Le parece por ejemplo “una contradicción preocupante” que el Estado uruguayo durante mucho tiempo haya pagado a los abogados que defienden a los militares indagados por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. Esa situación habría sido corregida bajo el gobierno de José Mujica, y esos profesionales estarían siendo remunerados actualmente por los círculos de retirados castrenses.

Pero no sucede lo mismo con los militares uruguayos condenados por la justicia chilena por complicidad en el asesinato del ex integrante de los servicios de inteligencia de la dictadura de Pinochet,  Eugenio Berríos.

Berríos fue secuestrado y asesinado en Uruguay en 1993 por agentes chilenos en complicidad con militares uruguayos, cuando ya no había dictadura en ninguno de los dos países. Se la llamó entonces una operación propia del Plan Cóndor pero en democracia.

El caso nunca fue investigado en Uruguay, pese a que no estaba cubierto por la ley de Caducidad. De hecho se lo está ventilando en Chile, donde tres uniformados uruguayos acaban de ser condenados. A los tres los defienden abogados pagos por las Fuerzas Armadas, es decir por el Estado uruguayo.