“La
existencia de presos políticos mapuche
evidencia que las autoridades han hecho
uso abusivo del poder punitivo del
Estado para reprimir las acciones de
protesta social del pueblo mapuche, y
desactivar sus organizaciones por la vía
del encarcelamiento de sus líderes”,
dice José Aylwin, director del
Observatorio de Derechos de los Pueblos
Indígenas.
“Sus condenas son injustas y su
encarcelamiento es la dramática conse-cuencia
de la política de criminalización de la
protesta social indígena, impulsada por
los gobiernos de la Concertación. La
presidenta Michelle Bachelet no
ha cumplido su promesa electoral,
asumida en reunión con organizaciones
indígenas congregadas en Nueva Imperial,
de dar cumplimiento a las
recomendaciones del Relator de la ONU
para los derechos indígenas. Antes bien,
se han mantenido las situaciones de
criminalización de la protesta mapuche”,
agrega. Chile no ha cumplido con
el compromiso de ratificar el Convenio
169 de la OIT sobre pueblos
indígenas, ni la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Decenas de comunidades mapuche se
encuentran actualmente cercadas por
extensos predios de plantaciones de
pinos y eucaliptos, propiedad de grandes
holdings, entre ellos el Grupo
Angelini, dueño de Forestal
Bosques Arauco SA, y el Grupo
Matte, dueño de Forestal Mininco
SA. La extensa superficie que poseen
estas dos compañías -y otras más
pequeñas- supera los 2 millones de
hectáreas. El pueblo mapuche cuenta con
apenas 700 mil.
El negocio maderero -que incluye plantas
de celulosa- es resguardado celosamente
por las políticas gubernamentales y
genera ganancias por más de 3.000
millones de dólares. Se dice que los
inversionistas del sector forestal
aspiran a aumentar las superficies
plantadas a más de 5 millones de
hectáreas.
El silencio de los culpables
Nadie habla de los daños que produce
esta política y que se manifiestan en
varios aspectos. Por un lado,
irreversibles perjuicios ecológicos. Las
plantaciones forestales erosionan la
tierra hasta convertirla en no apta para
la agricultura. Las comunidades
indígenas se ven afectadas por la
disminución de sus fuentes de agua,
agotadas por el sobre consumo de las
especies exóticas. Otro daño lo producen
las fumigaciones con químicos altamente
tóxicos para la salud. La fauna
silvestre y el bosque nativo son
lentamente arrasados y, con ello, las
plantas medicinales utilizadas por las
machi*.
Otra problemática ocultada por las autoridades
han sido los proyectos viales. La
construcción de la Carretera de la Costa
-que intenta unir Tirúa con Puerto
Montt- ha obligado a muchas comunidades
a exigir desvíos del trazado original,
sin obtener hasta el momento respuesta
del gobierno. La obra no beneficiará a
propietarios indígenas de la zona,
sino a las grandes empresas que
necesitan vías de acceso rápidas y
destruirá de paso, gran parte del
ecosistema de la zona. Similar conflicto
originó la construcción del trébol de
Temuco, proyecto que ocupó la tierra de
comunidades mapuche destruyendo incluso
sitios arqueológicos.
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Decenas de comunidades
mapuche se encuentran
cercadas por extensos
predios de plantaciones de
pinos y eucaliptos,
propiedad de grandes
holdings |
Tras 66 días de huelga de hambre, el
viernes 14 de diciembre los presos
políticos mapuche José Huenchunao,
Juan Millalen y Jaime Marileo,
decidieron suspender su prolongado
ayuno. Héctor Llaitul y
Patricia Troncoso continúan sin
ingerir alimentos y están próximos a
cumplir 70 días de movilización ante la
indiferencia de las autoridades.
Patricia Troncoso debió ser
trasladada de urgencia al Hospital de
Angol, tras sufrir un desmayo. Los
doctores Germán Bass y Tania
Muñoz emitieron un informe en el que
advierten que los presos políticos
mapuche se encuentran en un “estado de
salud crítico, con riesgo vital”. La
pérdida de peso fluctúa entre 14 y 23
kilos. “Requieren de supervisión médica
diaria, con exámenes de laboratorio
periódicos”, señalan los facultativos.
La Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) manifestó su
“extrema preocupación por la salud de
los huelguistas” y exhortó al gobierno a
que “se revisen las sentencias y a que
se liberen a las personas condenadas
arbitrariamente”.
Los huelguistas han sido visitados por decenas de
organizaciones y personalidades, entre
ellas el dirigente aymará boliviano
Felipe Quispe y el ex juez Juan
Guzmán Tapia, quien procesó y pidió
el desafuero del ex dictador Augusto
Pinochet. “La lucha de los
mapuches
es política y, de hecho, como se hizo
durante la dictadura, se le fabrican
delitos para criminalizarlos”, escribió
el ex juez en el periódico La Nación.
“Ellos persiguen el cumplimiento de las
promesas hechas por presidentes
anteriores -agregó-, el reconocimiento
por el Estado de los derechos que les
son inherentes y su igualdad dentro de
la diversidad que les es propia. Lo
cierto es que durante la gestión de
Michelle Bachelet, la represión, el
hostigamiento y la persecución política
contra las comunidades, sus comuneros y
dirigentes se ha intensificado. Además,
han sido víctimas de la persecución
policial, como también de la de los
fiscales, conforme a la ley de conductas
terroristas”.
Para algunos, la dictadura continúa
Desde el inicio de la huelga se ha
acrecentado la represión a las
comunidades mapuche. En Ercilla fue
detenido por efectivos del Servicio de
Inteligencia Policial (SIP) de
Carabineros, Omar Huenchullan,
dirigente de Temucuicui. “Los policías,
sin darle a conocer el motivo de su
violenta detención, lo llevaron amarrado
a la Comisaría de Ercilla, donde le
informaron que existía una orden de
detención en su contra”, señala un
comunicado de su comunidad.
Huenchullan fue trasladado al
Tribunal de Garantía de Collipulli,
donde el fiscal Ricardo Traipe le
informó que existía una orden de
detención emanada del Tribunal de
Garantía de Victoria, de 2004, por
“amenazas” en contra del latifundista
René Urban. Pero Huenchullan
ya había sido detenido en varias
ocasiones en 2005 y 2006, y en
septiembre de 2007 por esa causa,
presentándose a diferentes audiencias,
la última de ellas en compañía del ex
juez Juan Guzmán. A pesar de que
siempre compareció ante el tribunal,
Carabineros lo volvió a detener. “¿Por
qué motivo en todas estas detenciones,
encarcelamientos y audiencias
anteriores, no se le informó de dicha
orden de detención?”, se pregunta la
comunidad. “Esta detención demuestra la
persecución y seguimiento permanentes de
que somos objeto por parte los
organismos policiales”, agregan.
Comunidades de Rofue, Zullinko y
Ragintuleufu denunciaron que el machi
Pascual Catrilafy otras
autoridades mapuche de Ragintuleufu,
comuna de Nueva Imperial, fueron
violentamente allanados y detenidos por
efectivos policiales de la 4ª Comisaría
de Nueva Imperial. Carabineros arrasó y
destruyó instrumentos espirituales. Para
informarse sobre la situación, se
presentaron en la Comisaría el machi
Fidel Tranamil, de la comunidad José
Jineo Ñanco, de Rofue, y el lonko**
Diego Valdivia, del sector
Zullinco, comuna de Freire. Pero
Carabineros los golpeó y detuvo
violentamente, ejerciendo torturas y
maltratos físicos, según denuncian. A
efectos de dejar constancia de las
lesiones y heridas provocadas, las
autoridades mapuche se dirigieron al
Hospital Intercultural de Nueva
Imperial, en donde el personal médico
constató las lesiones provocadas por la
brutal golpiza.
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Durante los gobiernos de la
Concertación más de 420
mapuches
han sido procesados por la
Ley de Seguridad Interior
del Estado y la Ley
Antiterrorista |
Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, estuvo dos meses en
prisión, acusado por la Fiscalía de
Cañete y el Ministerio Público de
“tenencia de armas de guerra”.
Llanquileo estaba en prisión desde
el 31 de agosto y había sido trasladado
a la cárcel El Manzano, de Concepción,
desde donde se sumó a la huelga de
hambre. Estuvo 25 días sin ingerir
alimentos. Le acusaban de esconder un
fusil M-16, que fue encontrado a
kilómetros de su hogar. Señaló Iván
Llanquileo: “Estoy libre como
siempre ha debido ser... Este no es más
que un montaje muy bien urdido para
encarcelar a los mapuches
que luchamos por nuestros derechos. La
resolución judicial respalda lo que
siempre dijimos. El tiempo en la cárcel
sirvió para reafirmar nuestra posición
y, por lo tanto, el Estado debe entender
que defendemos nuestros espacios
territoriales”.
La condena internacional
Daniel Salinas
(PS), miembro del Comité Central
de su partido y concejal por Algol,
envió una carta a la presidenta
Michelle Bachelet, también militante
socialista, solicitando la libertad de
los presos políticos mapuche: “Espero
que nuestra presidenta preste oídos
activos a este llamado que por un
imperativo de conciencia, frente a una
injusticia flagrante, le he realizado.
Los conflictos no se resuelven
reprimiendo a ciegas e inculpando a
inocentes. Conquistamos la democracia,
entre otras cosas, para ganarnos el
derecho a dialogar y a discrepar, cuando
sea necesario”, dice.
Pero las cosas no mejoran. José Lepicheo,
de 17 años, mapuche del sector de
Huetelolen, acaba de ser reconocido por
las comunidades indígenas como otro
preso político mapuche, con la
particularidad de que es menor de edad y
está detenido en la Cárcel de Menores de
Coronel. Se le acusa de participar en la
quema del vehículo de un corresponsal de
Radio Bío Bío a quien los mapuches
catalogan de “informante de
Carabineros”. El hecho ocurrió el pasado
17 de noviembre. Un testigo “protegido”
(sin rostro) atestiguó contra del menor
y se le procesó por “robo con
intimidación e incendio”. El juez de la
causa decretó seis meses de
investigación.
Durante los gobiernos de la Concertación más de
420 mapuches
han sido procesados por la Ley de
Seguridad Interior del Estado y la Ley
Antiterrorista. Amnistía Internacional (AI),
Human Rights Watch (HRW), la
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),
la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), el Comité
Derechos Económicos y Sociales y el
Comité de Derechos Humanos de la ONU,
además del Relator Especial sobre
libertades fundamentales y derechos de
los indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
entre otros, han condenado la aplicación
de la Ley Antiterrorista para perseguir
la protesta social y, eventualmente,
delitos comunes que puedan haber
cometido los mapuches
en el marco de la lucha por recuperar
sus tierras. En decenas de oportunidades
han emplazado a las autoridades chilenas
a que, en cumplimiento de obligaciones
internacionales asumidas por el Estado,
reviertan
esta situación.
El Comité de Derechos Humanos de la
ONU manifestó su “preocupación ante
la definición amplia de terrorismo
comprendida en la Ley Antiterrorista
18.314, lo que ha permitido que miembros
de la comunidad mapuche hayan sido
acusados de terrorismo por actos de
protesta o demanda social, relacionados
con la defensa de los derechos sobre sus
tierras”, y añade que la normativa legal
antiterrorista “no garantiza el derecho
a un debido proceso y ha concluido en la
aplicación de condenas totalmente
desproporcionadas”.
