La pulseada

La perspectiva de una oleada de juicios por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura volvió a plantear un escenario de medición de fuerzas entre el poder político y las Fuerzas Armadas.

También quedaron expuestas una vez más contradicciones entre las organizaciones sociales y el gobierno del Frente Amplio a la hora de enfrentar las presiones de las Fuerzas Armadas y de pararse ante el tema del castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad.

El martes 1º de febrero decenas de militares comenzaron a ser citados por la justicia por casos de desapariciones, homicidios y torturas en los años setenta y ochenta.

Entre los días 7 y 14 una veintena de uniformados deberían prestar declaración, y luego, de a poco, otros irán desfilando por los tribunales, hasta llegar tal vez a 150, entre retirados y en activo de diversa graduación. Varios de ellos son verdaderos gerontes, y algunos pocos (una decena) ya están presos.

Como cada vez que corren riesgo de ser procesados y marchar a la cárcel, los militares reaccionan. Con mayor o menor vehemencia.

En voz fuerte reaccionan los gerontes retirados, sotto voce lo hacen buena parte de los oficiales en actividad, que cuando pueden (y en estos años han podido muchas veces) asumen la defensa de sus camaradas de armas “perseguidos”.

Algunos ejemplos

Tres oficiales acusados de un asesinato cometido años después del retorno a la democracia, el del ex agente de la policía secreta de la dictadura chilena Eugenio Berríos, ejecutado en Uruguay a comienzos de los años noventa, han contado con abogados pagos por las Fuerzas Armadas uruguayas. Los tres están presos en Santiago. Se dijo de ese caso que era una prolongación del Plan Cóndor en democracia.

Más recientemente, el general Miguel Dalmao, el único oficial en actividad enviado a prisión (por el asesinato de una joven militante comunista en 1975), fue defendido públicamente por otros militares con mando de tropa.

Numerosas fueron las veces en que comandantes en jefe o altos oficiales en activo declararon en público su oposición a cualquier intento de “revisar” la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que en 1986 intentó asegurarles impunidad.

Aun con mucho menos poder real de amedrentamiento que dos décadas largas atrás, cuando con la complicidad de una parte de la dirigencia política de la época pesaron de tal manera que lograron la aprobación de esa ley, los militares siguen de todas maneras operando para que nunca más uno de ellos sea castigado por sus crímenes y que los pocos que ya lo han sido, aprovechando los “huecos” que la ley deja, sean liberados.

Los retirados no se privan de amenazar. A la justicia, al poder político, y también a sus propios camaradas en activo, por si se vieran tentados a dejarlos solos y abandonarlos a su suerte.

A fines de enero, el Foro Libertad y Concordia, una “instancia informal” que según versiones de prensa nuclearía entre 1.200 y 1.500 retirados de 29 promociones castrenses, dirigió una carta a los comandantes de las tres armas en la que se dicen preocupados por “la profundización del hostigamiento a las Fuerzas Armadas y policiales”.

En el mensaje señalan que podrían no presentarse a declarar ante los tribunales y sostienen que se sienten traicionados por el presidente, y ex dirigente guerrillero, José Mujica, de quien dicen haber tenido señales de que no habría nuevos juicios contra ellos.

Los “foristas” afirman que comenzaron a reunirse a fines del año pasado, cuando les quedó claro que el gobierno de Mujica iría más lejos que su predecesor Tabaré Vázquez en el “hostigamiento” a las Fuerzas Armadas y continuaría encontrándole vueltas de tuerca a la ley de 1986 para habilitar procesos judiciales a militares, policías y civiles.

El colmo para ellos lo representó, en 2010, el procesamiento y envío a prisión de Dalmao, “un punto de quiebre, de inflexión” que no habría recibido de las jerarquías de las Fuerzas Armadas, según señalan, “la respuesta contundente” que “merecía”.

El diario Últimas Noticias, reputado por su facilidad de acceso a “fuentes militares”, afirmó que una delegación de ese grupo de retirados había sido recibida por los tres comandantes.

Paralelamente a los comunicados del Foro, uno de los pocos oficiales que hoy están en prisión, el coronel retirado Gilberto Vázquez, salió a la prensa a justificar las torturas y desapariciones de opositores políticos en los años setenta y ochenta.

Eran “necesarias”, dijo al diario Últimas Noticias: las torturas, para “arrancar información al enemigo”, y la desaparición de los cuerpos de quienes morían “por error” durante la aplicación de los tormentos, “por razones económicas”. “El país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión. La orden fue que cuando muriera alguno, no apareciera. Esto vino de arriba y parecía razonable”, declaró.

Vázquez declaró también que “se veía venir” la reacción de sus camaradas retirados y su eventual resistencia a citaciones de la justicia. “El negocio” ya no cierra, dijo, aludiendo a negociaciones que habrían tenido lugar con el anterior gobierno para que fueran a prisión sólo unos pocos militares (los más connotados, él incluido) en representación de todos.

La suma de movimientos desde filas militares llevó al gobierno de Mujica a reaccionar, algo más fuerte que lo que lo había hecho en ocasiones anteriores.

Dos de sus principales integrantes, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia y el ministro de Defensa Luis Rosadilla, dijeron el martes 1º en una conferencia de prensa que el gobierno no toleraría desacatos a la justicia ni la asunción por parte de las Fuerzas Armadas de posturas políticas o la “defensa institucional de personas indagadas por diversos delitos".

Pero ni Breccia ni Rosadilla encontraron motivos para reprochar a los mandos haberse reunido con representantes de los retirados. No fueron reuniones políticas, los comandantes se limitaron a recibir una carta, dijeron.

El lunes, organizaciones sociales y la central sindical PIT-CNT realizaron movilizaciones callejeras para “poner un freno a las amenazas militares” y anular en el parlamento la ley de 1986, un tema que sigue dividiendo al gobernante Frente Amplio y al propio Poder Ejecutivo.

Washington Beltrán, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, dijo que “el conjunto del movimiento sindical está preocupado por el cúmulo de declaraciones de militares. Son pruebitas que se le hacen a la democracia, pero si no se actúa en consecuencia se vuelve un problema grave para toda la sociedad. El gobierno no puede tolerar que los comandantes se reúnan con los retirados en este contexto. Es un acto político que justificaría aplicar sanciones”.

La central sindical está coordinando con otras organizaciones sociales la convocatoria a un acto público “en defensa de la democracia” para fines de este mes.