Era un reto para los organismos de derechos humanos: copar las calles luego del fracaso del plebiscito para anular la ley de amnistía a los militares y de una polémica con el presidente José Mujica sobre la “reconciliación” posible de la sociedad con los culpables de delitos de lesa humanidad. La edición número 15 de la “Marcha del silencio” fue finalmente todo un éxito.

Fueron decenas de miles los uruguayos que el jueves 20 llenaron las calles del centro de Montevideo en una nueva manifestación convocada por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, esta vez bajo la consigna de “Sin la verdad y sin la justicia no hay reconciliación”.

“Desde 1996, año de la primera, siempre decimos que cada Marcha del Silencio es especial, pero ésta sí que lo era. Se daba en un contexto novedoso: al comienzo del segundo gobierno del Frente Amplio, presidido por un ex guerrillero que sin embargo insistía con un discurso que tradicionalmente se le conocía sobre todo a los partidos conservadores: el de dar vuelta la página del pasado reciente”, comentó a Sirel en el curso de la manifestación un abogado ligado a los organismos de derechos humanos.

Desde antes de las elecciones de fines de 2009, y sobre todo desde que asumió la presidencia, en marzo, Mujica ha insistido en la necesidad de “reconciliar al país, y sobre todo a la izquierda, con sus fuerzas armadas”.

Los gestos de acercamiento hacia los militares que el presidente ha realizado en estos casi tres primeros meses de mandato han sido numerosos. Uno de ellos en particular sublevó a las organizaciones de derechos humanos y a la mayor parte de los partidos de la izquierda gobernante: la insistencia de Mujica en promulgar una ley que disponga la libertad automática de los presos mayores de 70 años, incluidos los pocos militares y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad que han podido ser llevados a la cárcel.

Más los sublevó la insistencia del presidente en una reconciliación entre “la sociedad” y sus Fuerzas Armadas. La consigna de la marcha del jueves fue decidida en respuesta directa a esa idea.

“Yo le tengo aversión a la palabra reconciliación. Es algo que no se puede imponer. No se le puede ordenar a alguien: ¡Reconcíliese!”, comentó en una entrevista Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura e hijo de desaparecidos. Miranda asumió su cargo con la llegada al gobierno de Mujica, y ese mismo día renunció a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para “no estar de los dos lados del mostrador”, pero mantiene con la política de derechos humanos del presidente algunas discrepancias.

“Estamos en la búsqueda de la verdad, y sólo puede haber reconciliación cuando ésta se conozca. Ya lo dijimos en otras marchas y lo seguimos diciendo ahora: la verdad seguirá secuestrada mientras no se conozcan los hechos y mientras nuestros familiares sigan desaparecidos”, dijo a su vez Marta Passelle, una de las dirigentes de la Asociación de Familiares.

Miranda y Passelle coinciden en que el gobierno debe plantarse firme ante los militares para que revelen lo que saben sobre el destino de los desaparecidos y otros crímenes cometidos por la dictadura que se extendió entre 1973 y 1985. Lo que han dicho hasta ahora han sido a lo sumo “medias verdades” y principalmente muchas mentiras, señalaron ambos. 

La eliminación de la ley de amnistía a los militares culpables de delitos de lesa humanidad es uno de los objetivos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos uruguayas.

Adoptada en 1986, esa ley, llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, fue ratificada en dos plebiscitos. En el último de ellos, realizado junto a las elecciones nacionales del 31 de octubre pasado, los partidarios de anularla casi logran su objetivo: les faltó dos puntos para llegar al exigido 50 por ciento del electorado.

El resultado del plebiscito fue de todas maneras, un duro golpe a las aspiraciones de “justicia” del conglomerado que respaldó la campaña de anulación de la “ley de impunidad”, y que abarca un arco que va desde la gran mayoría de los partidos de izquierda hasta un vastísimo conjunto de organizaciones, pasando por centrales sindicales, incluida la UITA.

De ahí que la marcha del jueves fuera vista como un termómetro de la fuerza del reclamo de “verdad y justicia”.

En la manifestación se hizo presente, caminando como un ciudadano más, tal como lo había hecho en años anteriores, el presidente Mujica. Hubo quienes lo observaron con desconfianza, otros que lo saludaron efusivamente. Alguno habrá querido susurrarle algo al oído. Por ejemplo, que no se olvide de la vieja aspiración a verdad y justicia de la izquierda uruguaya.