En 2005, 
					la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registró un 
					crecimiento del 106% en las muertes como consecuencia de 
					conflictos agrarios. Sólo en el año que pasó, 64 personas 
					murieron. En 2004, fueron 31 los casos. Según el informe, la 
					violencia en el campo tiene diversas caras. Existe la 
					violencia directa, que expulsa a familias y asesina a 
					trabajadores. Y otra, que llama poco la atención, pero que 
					no es menos perversa, que se revela en el sufrimiento y en 
					las muertes como consecuencia de los conflictos en el campo, 
					fundamentalmente por la posesión de la tierra. 
					
					 
					
					La 
					concentración territorial, la no demarcación de las tierras 
					indígenas y la no realización de la reforma agraria hacen 
					crecer el número de víctimas, sobre todo niños indígenas, 
					que murieron por desnutrición o por falta de atención básica 
					adecuada. También hay denuncias de casos de muerte de 
					trabajadores, cortadores de caña de azúcar, en San Pablo, 
					por exceso de trabajo. El año pasado, fueron registradas 13 
					muertes.
					
					 
					
					
					"Mientras que el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 
					Abastecimiento (MAPA) y los empresarios del agronegocio 
					crean todos los obstáculos y dificultades para que se 
					alteren los índices de productividad de las propiedades, 
					establecidos desde la década de 1970, se exige un esfuerzo y 
					una productividad cada vez mayor de los trabajadores. En las 
					décadas del 70 y del 80 un trabajador en el corte de caña 
					cortaba en promedio de cinco a ocho toneladas de caña/día, 
					hoy ese promedio está entre 12 y 15 toneladas", informa la 
					CPT.
					
					 
					
					En el 
					2005, el número de conflictos registrados fue el mayor de 
					los 21 años desde la publicación Conflictos en el Campo 
					Brasil. Ocurrieron 1.881 conflictos, mientras que en el 
					2004, fueron 1.801. Por lo tanto, hubo un crecimiento del 
					4,4%. Los asesinatos permanecieron inalterados. En 2005 
					ocurrieron 38. Uno menos que en 2004, en que se registraron 
					39. Hubo un aumento significativo de familias expulsadas de 
					la tierra en el 2005: un 42,5% más que en el 2004. El año 
					pasado fueron expulsadas 4.366 familias. En 2004, 3.063.
					
					 
					
					El año 
					pasado, se registró el mayor número de denuncias de 
					ocurrencia de trabajo esclavo, 276, un 16,9% más que en 
					2004, en que hubo 236 casos. El número de trabajadores 
					encontrados en situación de esclavitud llegó a 7.707, un 
					26,8% mayor que en 2004 (6.075 trabajadores). El número, sin 
					embargo, es inferior a 2003, cuando se registró el número de 
					8.385 personas en situación análoga. La cantidad de 
					trabajadores liberados, 4.585, fue un 42,3% superior al de 
					2004 (3.221). Número también inferior a 2003, en que fueron 
					liberados 5.010 trabajadores.
					
					 
					
					Los 
					datos además muestran un aumento considerable en el número 
					de casos de superexplotación e incumplimiento de leyes 
					laborales, afectando a los asalariados del campo, en un 
					66,3% mayor. En 2005 fueron registrados 178 casos, en 2004 
					fueron registradas 107.
					
					 
					
					Los 
					datos de 2005, muestran además el crecimiento de un 18,33% 
					del número de conflictos por el agua (71 ocurrencias) en 
					relación a 2004, cuando hubo 60 conflictos. Los demás 
					números sufrieron una caída con especial énfasis en el 
					número de ocupaciones, 11,8% menor, y en el de campamentos, 
					40% menor. Esta disminución está ligada directamente, para 
					la COT, a la tímida política de reforma agraria del actual 
					gobierno. Las familias se quedan esperando debajo de las 
					lonas negras el área que les será destinada, pero que nunca 
					llega.
					
					 
					
					El 
					reciente informe confirma lo que la publicación viene 
					mostrando desde 2003. Relacionando el número de conflictos y 
					de violencia con los datos de la población rural, estos 
					números son significativamente mayores en los estados donde 
					más crece y se expande el agronegocio, regiones Centro-Oeste 
					y Norte. Mato Grosso aparece con el mayor índice, 6,71, 
					seguido por Pará, 5,15, y después por Goiás, 2,92, Tocantins, 
					2,82, Mato Grosso do Sul, 1,89, Roraima, 1,70, Rondonia, 
					1,48, y Amapá, 0,87. Entre los estados de la región Sur, 
					Paraná presentó el más alto índice de conflictividad y 
					violencia, 1,3%, y en el Nordeste, Alagoas presentó el 
					índice más elevado, 1,02, seguido por Pernambuco, 0,87.
					
					 
					
					En el 
					2006, entre los meses de enero a marzo, la CPT registró dos 
					ocupaciones más que en el mismo período del 2005: 102 
					ocupaciones en el 2006; 100 ocupaciones, en el 2005. Pero el 
					número de familias involucradas es considerablemente mayor. 
					En 2006, 16.109 familias participaron de ocupaciones. El año 
					anterior fueron 10.092. El registro de asesinatos fue menor 
					este año. De enero a marzo de 2006 ocurrieron tres 
					asesinatos. En 2005, en el primer trimestre, ocurrieron 13 
					muertes.
					
					 
					
					Adital
					
					21 de 
					abril de 2006 
					
					 
					
					  
					
					
							
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