Cuando
alguien viola a una mujer, se enfrenta a consecuencias penales y al rechazo
colectivo. Y también quienes explotan a niños, secuestran, torturan o
despojan a pobres. Así ocurre también con otros delitos, casi siempre graves
violaciones de derechos humanos. Pero no hay rechazo y menos aún condena
cuando son los Estados (en realidad, quienes encarnan sus poderes políticos)
los que violan derechos humanos por acción, complicidad, omisión o
incumplimiento de sus compromisos.
La legislación internacional de
derechos humanos que Naciones Unidas elabora y promulga obliga tanto como
las leyes de cada estado. El problema surge cuando los Estados no cumplen
con su obligación de respetar y defender los derechos humanos, como han
firmado y ratificado.
Ponemos en la picota de la
violación de derechos humanos a China, Irán o las repúblicas
de Asia Central de la desaparecida URSS, por ejemplo.
Es justo, pues tales Estados violan derechos humanos de modo sistemático.
Pero entre los estados tenidos por democráticos no es oro todo lo que reluce
en respeto y promoción de derechos humanos. Una cosa es que los estados no
puedan ser condenados y otra que sus infracciones y violaciones de derechos
se ignoren.
En España, hay malos
tratos a detenidos y ninguna respuesta por parte del Estado. Según Amnistía
Internacional, existen serias deficiencias que impiden prevenir, investigar
y sancionar la tortura y otros malos tratos por agentes de la seguridad del
Estado. La organización defensora de derechos humanos ya denunció esa
situación en 2007, pero dos años después el gobierno español no ha afrontado
el grave problema.
El desarrollado Japón
ejecuta a enfermos mentales. El secreto sobre la aplicación de la pena de
muerte impide conocer el número exacto de personas con enfermedad mental,
condenadas a muerte y ejecutadas. Japón vulnera gravemente las normas
internacionales que ha firmado y ratificado.
En Colombia, el gobierno
mira hacia otro lado mientras los paramilitares, guerrilla y efectivos del
ejército o policía perpetran graves violaciones de derechos humanos de la
población civil. Periódicamente se tiene noticia de asesinatos de
campesinos, indígenas o afrodescendientes, mientras sindicalistas y otros
defensores de derechos humanos corren serio peligro, son amenazados o
acusados falsamente.
El gobierno colombiano no se
tomó en serio la advertencia de Amnistía Internacional de que habría más
ataques contra indígenas y el pasado agosto los awá fueron víctimas
de una tercera masacre en menos de un año. Al mismo tiempo se perpetra un
sistemático despojo de tierras de campesinos e indígenas amenazando y
aterrorizando a la población civil.
En Perú, comunidades
indígenas se negaron aceptar las propuestas de presunto desarrollo del
gobierno de Alan García en la Amazonia. Estas
propuestas negaban sus ancestrales derechos a la tierra así como la defensa
de la selva y del medioambiente. Amnistía Internacional comprobó maltrato a
personas indefensas, incluso a heridos en ambulancias, y el uso de armas de
fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones de junio de 2009
contra las resoluciones gubernamentales en las que más de doscientas
personas fueron heridas. El Estado peruano no cumplió su responsabilidad
para con los pueblos indígenas.
A pesar de argumentos, cartas,
ruegos y peticiones para que no fuera promulgado el Código Penal reformado,
por injusto e inhumano, interrumpir el embarazo en Nicaragua hoy es
delito. Esa reforma no considera el peligro para la vida de la madre,
malformaciones o enfermedades incurables del feto o que el embarazo sea por
violación. Las adolescentes violadas no se detendrán por ese código, pues no
querrán un hijo fruto de haber sido forzadas, y recurrirán al aborto
clandestino. Y a un peligro de muerte probable.
Israel ignora las resoluciones
de la ONU en el conflicto con los palestinos, perpetra presuntos
crímenes de guerra y desalojamientos forzosos injustificables, y condena a
la pobreza a la población palestina al convertir la franja de Gaza en el
mayor campo de concentración del mundo... Mientras Estados Unidos
y la Unión Europea miran hacia otro lado.
Se pueden citar otros países
democráticos que incumplen gravemente sus compromisos de defensa y promoción
de los derechos humanos de todos, mientras aparentan ser campeones de esos
derechos. Pero, como en otras cuestiones, obras son amores y no buenas
razones. Como indica la frase popular, el movimiento se muestra andando.