Como si después del golpe de Estado parlamentario no tuviéramos bastante con los despidos y otras cosas que ya creíamos que habían pasado, ahora quisieron volver a poner en vigor una ley stronista(1).

Se trata de la ley 569 de 1975 sobre las consecuencias del no cumplimiento del servicio militar obligatorio, y su impulsor es el general Migdonio Godoy, director general de Reclutamiento, Reserva y Movilización.

La argumentación que esgrimió este personaje fue curiosa: se debía reimplantar “porque existe una ley que debe de ser cumplida”.

¿Habrá caído en la cuenta el general de

que los tiempos son muy diferentes?

El militar recordó a las empresas que, según esta ley, serían multadas y deberían pagar tres salarios mínimos por cada empleado que no tuviera la baja del servicio militar.

“La persona que no tiene la baja no debe de trabajar”. Así de sencillo y de absurdo, cuando existe tanta falta de trabajo.

Ante este hecho, el Ministro de Justicia y Trabajo ha mostrado su disconformidad. El viceministro de esta Cartera fue claro: “Lo único que para nosotros es obligatorio es el cumplimiento del Código Laboral”. Y añadió que las FF.AA. no tienen autorización para inspeccionar las empresas.

Por otra parte, existe una ley sobre la objeción de conciencia aprobada hace poco tiempo. Esta ley es acusada de inconstitucionalidad por la presión de militares y otras personas.

Y una y otra vez nos preguntamos dos cosas: ¿tan retrógrado ha sido este golpe de Estado parlamentario como para volver descaradamente a tiempos de la dictadura?

El general Godoy ha sido destituido, pero es raro que un militar de su rango, por su cuenta, siendo las Fuerzas Armadas tan jerárquicamente disciplinadas, haya tomado esta iniciativa por sí solo.

Por eso la segunda pregunta: ¿qué siniestro personaje estaría detrás de él?