En Argentina, palabras, conceptos, sensaciones que remitían a situaciones de un pasado reciente pero que se creía en vías de superación, volvieron a emerger. Uno de esos conceptos es el de “desaparición forzada”.

 

Una de esas sensaciones es miedo. La paradoja -o tal vez la explicación del fenómeno- es que esa emergencia se da en un contexto en que, como nunca desde la recuperación de la democracia la justicia está actuando para castigar a los culpables de tantos horrores.

 

Lo cierto es que desde que cuatro meses atrás el ex militante Julio López fue secuestrado en Buenos Aires tras declarar en un juicio contra un represor, comenzó a gestarse un escenario que suena a conocido. De López -que sobrevivió a un anterior secuestro en los años setenta- nada se sabe desde que el 18 de setiembre desapareciera de las inmediaciones de su casa, poco después de haber prestado testimonio en el proceso que permitió condenar a cadena perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz.

 

Poco a poco comenzó a hablarse de López como del “desaparecido 30.001”, partiendo de la cifra de 30.000 secuestros denunciados por los organismos de derechos humanos argentinos.

Pero no fue ése el único caso de secuestro con connotaciones políticas producido hacia fines del año pasado. Entre el 27 y el 29 de diciembre, Luis Gerez, testigo clave para impedir que el ex subcomisario Luis Patti pudiera asumir como diputado nacional por su participación en el genocidio cometido bajo la última dictadura argentina, permaneció desaparecido. Gerez apareció con vida, abandonado en un descampado por sus raptores, pero con claros signos de haber sido torturado.

 

Héctor Bustos, un joven militante vinculado a la agrupación HIJOS, de hijos de desaparecidos, estuvo aun más tiempo “chupado”. Entre el 13 y el 27 de diciembre no se tuvo noticia alguna de su paradero. Antes de liberarlo, sus secuestradores le tatuaron una esvástica en el pecho.  Previamente, había habido numerosas denuncias de amenazas de muerte a testigos en varios juicios a represores y a militantes de organizaciones humanitarias, así como ataques contra jueces, fiscales y abogados que intervienen en esas causas. Atemorizados, algunos testigos desistieron de volver a presentarse ante la justicia, otros están bajo un régimen especial de protección.

 

No sólo esta serie de hechos de violencia hizo pensar en una suerte de miniretorno al pasado. También cierto tipo de comentarios. Por ejemplo, el que formuló -según el diario Página 12- un vecino de la localidad bonaerense de Escobar, donde residen tanto Luis Gerez como el torturador Luis Patti. “Seguro que este -dijo el vecino en cuestión refiriéndose a Gerez, que aún permanecía secuestrado- debe estar tomando el sol en Europa y pasándola bien”.

 

Desde el otro extremo, los propios familiares de la víctima se negaban a aceptar en un primer momento la posibilidad de una desaparición (Luis está viejo y estresado, dijo uno de ellos para explicar la ausencia). Una y otra negaciones fueron habituales -por muy diferentes motivos- treinta años atrás, hasta que se pudo hablar de las desapariciones políticas como realidad innegable.

 

Hoy la aberración vuelve, y con ella se cuelan por la ventana sensaciones y reflejos que se creían desterrados. Incluso vuelven consignas, como aquella que fuera emblema de las organizaciones humanitarias apenas recuperada la democracia, la de “aparición con vida“, que con el paso del tiempo fuera remplazada por otras y que ahora suena extraño escuchar otra vez. La desaparición de Julio López retrotrajo a aquel pasado.

 

“Por momentos da la impresión de que el reloj hubiera ido marcha atrás”, dice un militante de la agrupación HIJOS. “Creo de todas maneras que en estos años hemos avanzado mucho: hay represores presos, los juicios siguen adelante gracias a que se anularon las leyes de amnistía, y el discurso gorila de quienes niegan que lo que se denuncia haya sido verdad ha perdido legitimidad en la sociedad”.

 

“Hay que evitar que el pánico nos gane”, advirtió por su lado un integrante de la Multisectorial de organizaciones de defensa de los derechos humanos. “Infundir otra vez el miedo en la sociedad es el objetivo de quienes llevaron a cabo estos actos. Si lo logran, aun si están en franca retirada, habrán ganado una batalla“.

 

“Pero también hay que evitar que la desaparición de Julio López y todo lo que ha estado sucediendo en estos meses salga de la agenda informativa”, advirtió por su lado Nilda Eloy, que testimonió junto a López en el juicio a Miguel Etchecolatz.

 

En Montevideo, Daniel Gatti © Rel-UITA 31 de enero de 2007

 

 

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