El viernes 27 de octubre, en la comunidad de Santa Lucía del Camino, un grupo armado abrió fuego contra los huelguistas que llevan cinco meses exigiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Del ataque resultaron cuatro muertes, entre ellas la del periodista Bradley Roland Will, de Nueva York, quien trabajaba para la red Indymedia.

La fiscal del estado de Oaxaca, Lizbeth Caña, comentó que el ataque armado fue obra de "vecinos cansados de la situación" creada por los huelguistas que han tomado el centro de la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, la verdad parece ser otra. "Después de la balacera, los supuestos vecinos seguían sonriendo y gozando de la impunidad les da el ser supuestos policías", escribió Diego Osorno en el diario Milenio, de Ciudad de México.

Los atacantes llevaban rifles AR-15, usados por fuerzas policíacas; el propio embajador estadounidense en México, Toni Garza, comentó que los asesinos podrían ser policías. No debería sorprender: es el estilo de Ruiz, fiel a la tradición caciquil del Partido de la Revolución Institucional (PRI), que gobierna Oaxaca desde 1929. Las excusas de la fiscal forman parte de un guión repetido desde que se inició el conflicto.

En mayo, los maestros oaxaqueños pidieron aumentos salariales y una rezonificación, es decir, compensación adicional de acuerdo al costo de vida en determinadas zonas. El gobierno se negó y responsabilizó al gobierno federal. Este se lavó las manos. Los maestros fueron a la huelga. Organizaron protestas y plantones en el centro de la Ciudad de Oaxaca. El 14 de junio, el gobierno quiso desalojar a los huelguistas por la fuerza, hubo violencia y muertes. Entonces, el movimiento se radicalizó, exigió la renuncia del gobernador y se creó la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que incluye a maestros, organizaciones de base y activistas.

"Pedimos al gobierno soluciones de fondo, desde mejoras en la infraestructura hasta desayunos escolares -explicó Fernando Mendoza, maestro oaxaqueño en una reciente visita a Fresno-. Pero el proyecto de Ruiz es privatizar la educación y dejar de formar maestros". Mientras los turistas disfrutan la belleza de la Ciudad de Oaxaca, "Patrimonio de la Humanidad" según Naciones Unidas, miles de oaxaqueños deben emigrar a otras tierras para escapar de la miseria. En Oaxaca, hogar de dieciséis étnias indígenas, se encuentran los municipios más pobres de México; "privilegio" compartido por zonas también indígenas de Guerrero y Chiapas.

Pero la noche del 27 de octubre, después del nuevo ataque mortal contra los huelguistas, el gobierno federal decidió por fin intervenir y envió una fuerza de casi 4.000 policías para "recuperar y limpiar" la ciudad de Oaxaca. La muerte del periodista estadounidense "internacionalizó" el conflicto y sin duda aceleró la decisión del gobierno de Fox. Sin embargo, las fuerzas policiales querían evitar enfrentamientos. También los huelguistas. Mientras los maestros aceptaron regresar a clases el lunes 30 de octubre, la APPO se está retirando lentamente de la ciudad tomada.

"No me parece justo que Ruiz quede en el gobierno", dijo Catalina Ventura, oaxaqueña residente en Fresno y madre de dos niños. "¿Hubo 14 muertes y ahora nos vamos a olvidar de todo?" pregunta con cierta frustración por la aparente conclusión del conflicto en Oaxaca. Pero nada indica que éste sea el fin. "Mi opinión personal es que Ulises Ruiz tiene los días contados -declaró vía telefónica Rogelio Hernández, periodista de Milenio-. Posiblemente los sectores radicales de APPO se retiren de la ciudad a la espera de lo que ocurra en el futuro inmediato."

Según Hernández, el gobernador Ruiz se mantiene gracias a la presión de su partido, aliado del Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente Fox y del presidente electo, Felipe Calderón. Este último, que asume el 1 de diciembre, pidió reiteradamente la intervención federal para que el caso se resolviera antes de esa fecha. Ante la resistencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), segunda fuerza política, a reconocer la victoria de Calderón en las pasadas elecciones del 2 de julio, el PAN necesita el apoyo del PRI. Aparentemente, esta combinación le ha permitido sobrevivir a Ruiz.

Pero parece que su suerte se acaba. "Lo más seguro es que Ruiz salga y se llame a elecciones", dijo Hernández. Y agrega que, de acuerdo a la constitución de Oaxaca, si el gobernador sale al cumplir los dos años en el poder, el Congreso estatal, en manos del PRI, selecciona a su sucesor. Este periodo se cumple el 1 de diciembre del 2006; otra razón por la que Ruiz busca aguantar como gobernador a pesar del repudio generalizado. Si sale antes, habrá elecciones.

Desde que estalló el conflicto en Oaxaca, numerosos analistas han responsabilizado al gobernador por su negativa a negociar y por su estilo violento; no en vano, se le atribuyen asesinatos selectivos de opositores, represión a huelguistas, corrupción y el secuestro del periódico Noticias, que duró casi dos años. Pero también responsabilizan a Fox por su inacción inicial. "Al menos han mandado policías, no al ejército -comenta Hernández-. Es que el ejército reprimiendo trae muchos recuerdos negativos a la mente de los mexicanos." La historia de la represión en México parece estar cambiando de color.