El sindicalista había recibido amenazas
por oponerse a la privatización del
puerto de Quetzal
La Federación Internacional
de los Trabajadores (ITF) y la Confederación Sindical
Internacional (CSI) de Guatemala han presentado una
queja oficial ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para que aumente la presión sobre las
autoridades del país centroamericano por el asesinato del
sindicalista Pedro Zamora Álvarez,
cometido el pasado 15 de enero.
La ITF
y la CSI reclaman que se investigue "a fondo" el
suceso ya que, según denuncian, la investigación "ha sido
insuficiente y se han perdido importantes pruebas".
En los últimos años se han producido cientos de asesinatos en
Guatemala que aún no han sido resueltos. Zamora
había encabezado una campaña para detener los planes
gubernamentales de reestructuración del puerto de Quetzal,
proponiendo un programa de inversiones y modernización
destinado a aumentar la eficiencia y promover el empleo en
el puerto.
Según denuncian la ITF y la CSI, otros representantes
sindicales han recibido en estos últimos años frecuentes
amenazas. Por este motivo, la CSI reclama que el
Gobierno asuma su responsabilidad de protegerlos y demanda
que reincorpore a sus trabajos a los nueve afiliados
sindicales del puerto despedidos hace cuatro meses por sus
actividades sindicales.
La delegación de la OIT aprovechó su estancia en
Guatemala --desde el 28 de enero al 2 de febrero-- para
entrevistarse con el presidente de este país, Oscar
Berger. Sin embargo, éste declinó la invitación. La
delegación sí mantuvo conversaciones con sindicalistas,
autoridades judiciales y gubernamentales, la dirección del
puerto de Quetzal, diplomáticos, políticos y militantes de
Derechos Humanos.
Para el secretario general de la CSI, Guy Ryder,
el asesinato de Pedro Zamora "muestra una vez
más la cruel falta de respeto de los derechos fundamentales
existentes en Guatemala y la facilidad con la que
poderosos intereses pueden cometer los delitos más terribles
y quedar impunes".
Según Ryder, los inversores que están contemplando la
posibilidad de participar en el proyecto de privatización
del Puerto de Quetzal u otras empresas en Guatemala
"deberían pensarlo antes, por lo menos hasta que el Gobierno
no termine con el clima de terror contra los sindicalistas
en Guatemala".
Por su parte, la ITF y la CSI han exigido a otros
gobiernos de la zona así como a las instituciones
financieras internacionales, que presionen a las autoridades
guatemaltecas para garantizar el respeto de los derechos
sindicales, y que se termine con la impunidad de que gozan
los criminales en estos países.
EP
16 de
febrero de 2007
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