Desde la
caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, en Paraguay
aumentaron tanto los índices de desigualdad social como de corrupción,
señala el Informe 2004 sobre Derechos Humanos elaborado por la
organización no gubernamental Comité de Iglesias para
Ayudas de
Emergencia (CIPAE).
Paraguay está ubicado actualmente en el puesto
número seis en el ranking de los países más corruptos del mundo, sólo
detrás de Haití en el continente americano y encabezando la lista en
el subcontinente sudamericano.
El CIPAE realizó un relevamiento de las
violaciones a los derechos humanos (polí-ticos, sociales, económicos)
cometidas desde la caída de la dictadura.
Indica así que 90 dirigentes campesinos han sido
asesinados, que se ha acentuado enormemente la concentración de la
propiedad de la tierra (hoy el 20 por ciento de la población más rica
tiene el 60 por ciento de las riquezas), que alrededor de 400 mil
familias carecen de tierras para cultivar, que 2.324.000 personas
viven bajo la línea de pobreza, que el 37,4 por ciento de la población
económicamente activa presenta problemas de empleo (el desempleo
abierto llega al 15,9 por ciento y el subempleo total al 22,1), que la
proporción de población analfabeta de más de 15 años llega al 7 por
ciento a nivel nacional (10 por ciento en el medio rural y 4,5 entre
los jóvenes) y que el 58 por ciento de los habitantes del campo carece
de cédula de identidad.
Estos son los peores índices de desigualdad,
pobreza y exclusión que afronta el país desde la caída de Stroessner.
Paraguay es la nación que menor presupuesto
destina (apenas tres millones de dólares) a gastos sociales para
combatir la extrema pobreza en toda América Latina.
Según Julio Fernández, coordinador técnico del
proyecto "Gasto Social en el Presupuesto del Paraguay", emprendido por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 2005 se han
previsto apenas 300 mil dólares para el combate a la desnutrición. En
el país hay actualmente 35 mil niños menores de cinco años en esa
situación (5 por ciento de la población total de esa franja de edad) y
140 mil en riesgo de desnutrición.
Confirmando esos datos, un informe elaborado por
la asociación internacional Social Watch revela que Paraguay destina
apenas 140 dólares por habitante al rubro gasto social, cuando el
promedio latinoamericano es de 696 dólares.
Si bien en los años noventa se produjo un
crecimiento sostenido del dinero destinado al área social en el
presupuesto general de la nación, esa tendencia se revirtió a partir
de 2000. En 2004 ese rubro experimentó una caída de 11 por ciento
respecto al año anterior, llegando a representar el 38 por ciento del
presupuesto general del Estado, cuando debía haber trepado al menos al
50 por ciento para alcanzar niveles de gasto aceptables en la materia
incluso a nivel regional.
El informe del CIPAE recuerda por otra parte que
en mayo de 2004 el vicepresidente de Paraguay, Luis Castiglioni,
admitió que el gobierno precisaba de 160 millones de dólares para
combatir la pobreza y la exclusión social y llevar adelante un plan
estratégico de desarrollo sostenible.
El año pasado, cita también el CIPAE, Nils-Arne
Kastberg, director regional de la Unicef para América Latina y el
Caribe, aseguró que con las ganancias generadas en 18 días por las
represas de Itaipú y Yacyretá puede reducirse notoriamente la
malnutrición infantil en Paraguay. Igualmente basta con acciones
sencillas y poco onerosas como la fortificación de la harina y el
agregado de yodo a la sal para mejorar los niveles de alimentación de
la población en esas condiciones, agregó Kastberg.
La escasa relevancia del gasto social contrasta
con las elevadas sumas dedicadas por el Estado al rescate de bancos
quebrados y a la indemnización de ahorristas, que superaron los dos
mil millones de dólares en diez años. A su vez, 740 millones de
dólares fueron lisa y llanamente "despilfarrados", una suma que podría
haber bastado para duplicar el presupuesto que en 2004 se destinó a
educación y salud.
En Asunción, Rosalía Ciciolli
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Rel-UITA
26 de
enero de 2005