El Estado debería promover que los ciudadanos cuenten con documentos de identidad, para que puedan ejercer sus derechos fundamentales, pero la vida y necesidades de los más excluidos no ha sido tradicionalmente una prioridad. Es más, los indocumentados han sido vistos como una fuente de recursos. Al elevado costo de las partidas de nacimiento, se sumaba hasta hace poco la obligación de que toda persona que desease obtener el DNI, debía presentar como requisito obligatorio la libreta militar. Para muchos campesinos, obtener la libreta militar implicaba asumir gastos de multas, fotografías, viajes y trámites. La ley 28316, promulgada el 5 de agosto, ha abolido por fin este requisito.

Desde 1999 el servicio militar es voluntario, por lo que no tenía mayor sentido que los peruanos siguiéramos obligados a portar un documento de identidad específico para las Fuerzas Armadas. La libreta militar obligatoria parte precisamente de una concepción de servicio militar obligatorio.

Algunas voces dentro de las Fuerzas Armadas han señalado que perciben anualmente aproximadamente 13 millones de soles por concepto de la expedición de las libretas militares. Sin embargo, creemos que la prioridad para el Estado debería ser facilitar el acceso a la documentación a casi dos millones de personas. Los ingresos de las Fuerzas Armadas, deberían, en todo caso, provenir de los impuestos que los ciudadanos pagan.

Otro argumento que se planteó es que en caso de conflicto armado externo, resulta imprescindible para las Fuerzas Armadas contar con una relación de los reservistas. Sin embargo, de darse el peregrino caso, es posible simplemente acceder a los registros de la RENIEC, donde, además, se estipula si los ciudadanos tienen alguna discapacidad que impediría su accionar.

La abolición del requisito de la libreta militar es un paso importante, pero todavía existen muchas trabas generadas por el Estado para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales. Hasta el gobierno de Fujimori, quien alcanzaba los dieciocho años obtenía la libreta electoral, que tenía carácter permanente. En realidad, normalmente, nadie se quedaba con la misma libreta toda la vida: se cambiaba el documento en caso de extravío o deterioro, al llenarse todos los espacios asignados para las elecciones o para precisar un cambio de domicilio. Todos estos trámites eran gratuitos y dependían de las circunstancias personales del ciudadano.

El gobierno de Fujimori reemplazó a la libreta electoral por el DNI en un contexto por demás sórdido: un año antes, se había obligado a los peruanos a sacar otro documento, la libreta electoral mecanizada. Luego, se anunció que ésta no tenía validez, por lo que obtener el DNI era la única alternativa para identificarse. Después se supo que el entonces jefe de la Reniec, Julio Vargas Prada, había organizado un fraude millonario con la emisión de documentos de identidad.

Millones de peruanos jamás han podido canjear su libreta electoral por el DNI y se han visto excluidos de la condición de ciudadanos. No sólo se trata de campesinos andinos o nativos amazónicos, sino de los migrantes en el exterior, para quienes el precio de los trámites consulares es más elevado... y el viaje hasta el consulado peruano más cercano puede ser muy costoso. En algunos discursos oficiales se alude a la supuesta "irresponsabilidad" de los peruanos que no cambian su documento de identidad. Habría que preguntarse si no fue irresponsable el propio Estado al generar una obligación adicional y onerosa para todos los ciudadanos.

La situación es más grave, naturalmente, porque el DNI que con esfuerzo y resignación otros millones de peruanos obtuvieron, a los seis años pierde vigencia. El argumento oficial de la provisionalidad del documento es la necesidad de actualizar los datos. En la práctica, como se ha dicho, la actualización depende de circunstancias individuales y carece de mayor sentido establecer un único plazo para ello. La renovación del DNI implica nuevamente pagos, fotografías, viajes y demoras.

El carácter provisional del DNI es uno de los problemas que pueden terminar convirtiendo al Perú en un país de indocumentados. Actualmente, por problemas económicos o un rechazo consciente a este trámite, una abrumadora mayoría de peruanos de todos los sectores sociales no ha cumplido con renovar el DNI en el plazo dispuesto y no parece estar dispuesta a hacerlo. Probablemente, si esta especie de resistencia pasiva de la ciudadanía continúa, la respuesta inicial será continuar amenazando con multas elevadas... y luego prorrogar una y otra vez la vigencia del DNI, hasta el punto que la gente asuma que siempre habrá prórrogas.

Para enfrentar este problema, existe ya el proyecto de ley 9698, proyecto de ley 9698 presentado por el congresista José Luis Risco, que establece el carácter permanente del DNI. Esperamos que, así como el Congreso por unanimidad aprobó la norma que eliminaba el requisito de la libreta militar para la obtención del DNI, también apruebe esta iniciativa. La gratuidad de las partidas de nacimiento sería otra norma que ayudaría a muchas personas. La lucha por conservar la ciudadanía debería ser una bandera de todas las organizaciones civiles en todo el país y de todos los políticos que dicen defender los intereses de los peruanos