No es sobre una verdad recortada que se pueden sentar las bases para que se adopten desde las instituciones del Estado todas las medidas que obligan las normas del derecho humanitario internacional y nuestra Constitución.

La pregunta con la que comenzamos a buscar a nuestros desaparecidos ¿Dónde están? aún sigue sin respuesta. ¿Dónde está la información de los hechos que llevaron a su desaparición? ¿Dónde están los responsables? El por qué, dónde, cuándo, cómo y por quién, deberá ser la repuesta que se nos brinde.

Es inadmisible que luego de 20 años de vida democrática, existan archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex funcionarios del Estado a los que no se puede acceder. Democratizar esa información sería una importante contribución al esclarecimiento de los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos.

Es inadmisible que el sistema judicial continue, en muchos casos, ignorando lo que establece la normativa humanitaria internacional, que es derecho vigente en nuestro país. Sólo esta omisión puede explicar hoy que cuando el Poder Ejecutivo no oficia de sostén de la impunidad siga sin responsabilizarse y sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de tantos horrendos crímenes.

La acción eficaz de la justicia es un elemento esencial de construcción de las democracias en su función de investigación, contralor y garante independiente de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sólo una adecuada acción de ella, puede ser un imprescindible acto de educación y normalización después que años de dictadura arrasaron con los mas elementales derechos. La acción de un Sistema Judicial independiente, con valor y compromiso para hacer justicia, es la garantía para un estado de derecho. El otro camino, el de la impunidad, ya sabemos a donde nos conduce: a la impunidad de la corrupción generalizada desde el Estado.

El Estado uruguayo adhirió a compromisos internacionales que establecen que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad que como tal no prescribe. Ha aceptado que por su naturaleza es permanente, por lo que se sigue cometiendo de forma continuada hasta que aparezca la persona con vida, o, en su caso, hasta que aparezcan sus restos y pueda certificarse legalmente la fecha y causa de su muerte. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no deberá entorpecer en ningún caso la labor de la Justicia y debe prestar la mayor cooperación a las instituciones nacionales e internacionales en todos aquellos casos donde se tramiten causas originadas en violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora el nuevo gobierno, ha dicho que así actuará y en aquellos casos que le han llegado, ha actuado. Esperamos que se mantenga esa conducta.
 

Consideramos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de gravísimas violaciones a los derechos humanos, toda la sociedad uruguaya y particularmente quienes sufrieron directamente los arrestos indebidos, las torturas, los juicios ilegales y/o sin garantías, la cárcel, el asesinato, la desaparición forzada y los menores apropiados y sus familias. Y sobre esas conductas, no aceptamos que se nos haga también responsables.

La víctimas del terrorismo de Estado, los que sufrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, tienen el irrenunciable derecho de reclamar el enjuiciamiento de esos hechos, de sus ideólogos, instrumentadores y colaboradores. Y tienen además el derecho a reclamar la no permanencia en cargos estatales de personas civiles y militares que hayan actuado con responsabilidad directa tanto en la instrumentación del golpe de Estado como en delitos de tortura, asesinatos, desaparición de personas, apropiación de menores.

No es aceptando reivindicaciones genéricas de las actuaciones del pasado de las fuerzas armadas, que se construye el nunca más. No es manteniendo una versión falsa de nuestra historia en las páginas web del Ejercito, que se visualiza un cambio de mentalidad en nuestras fuerzas armadas. No es inundando las páginas de los diarios con informaciones falsas, dando informaciones a cuenta gotas y calculando como mantener la impunidad, que se fortalece la democracia.

No podemos dejar de señalar, sin embargo que en esta coyuntura en la que nos encontramos, hay algunos hechos nuevos que revelan un cambio político notorio y público.

La Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por nuestro país debe ser cumplida cabalmente.

La Ley de caducidad originó según el Informe 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes”.

La figura del desaparecido representa el ejemplo máximo del horror. Ese horror aún nos atrapa. A nosotros y al conjunto de la sociedad.
La desaparición de los detenidos, condenados a no vivir y a no morir, produce una herida atroz que no cierra, que permanece con la ignorancia de sus paraderos.