Una comunidad de indios brasileños lucha por su derecho a la tierra. Acusa a Lula de abandonar a los indígenas para evitar disputas con los terratenientes

"Dorvalino pide a través de mi cuerpo que se libere esta tierra", dice en guaraní Liria Fernandes Rocha al lado de la cabaña donde vive con sus cinco hijos. Habla por su marido, Dorvalino Rocha, asesinado a tiros el pasado 24 de diciembre por un vigilante a sueldo del dueño de la hacienda que ocupan. "Dorvalino pensaba que iba a conseguir esta tierra antes del día de su muerte, pero ellos lo mataron antes", se lamenta Liria.

"Ellos" son los terratenientes, los dueños de la tierra que disputan a docenas de familias de guaranís-caiowás en el municipio de Antonio Joao, a pocos kilómetros de la frontera de Brasil con Paraguay. Desde marzo del año pasado los indios vivían allí, amparados por un decreto presidencial que había declarado territorio indígena esta hacienda y otras ocho vecinas. En total, más de 9.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y al cultivo de soja comenzaron a ser pobladas por centenares de guaranís.
La alegría de los indios duró pocos meses. En diciembre, una medida cautelar del Supremo, tomada a partir de un recurso de los propietarios, suspendió la validez del decreto: los jueces entendieron que se estaban lesionando los derechos de los terratenientes y ordenaron la evacuación del terreno.

Chozas improvisadas

Liria, Dorvalino y otros pocos más se quedaron en una pequeña parcela cedida a regañadientes por el propietario. La mayoría, sin embargo, tuvo que dejar las tierras. Hoy viven a pocos metros de allí, en las márgenes de una carretera de barro y piedras por la que circulan camiones cargados de ganado y potentes todoterrenos conducidos por hombres blancos que contemplan con indiferencia el campamento. Alrededor de 700 indios esperan, bajo chozas improvisadas con palos y toldos de plástico negro, que la justicia brasileña resuelva el proceso.

"Por nosotros, pueden esperar ahí 20 años si quieren, somos capitalistas honrados que defendemos nuestro derecho a la propiedad privada", asegura Dácio Queiroz Silva, dueño de la mayor hacienda de la zona y responsable de contratar a los vigilantes que acabaron con la vida de Dorvalino. "Fue un suceso fatal, nosotros no queríamos matar a nadie, ni nos pintamos la cara ni bailamos para asustar a las personas. Nuestros vigilantes sufrieron una emboscada y no tuvieron más remedio que disparar. Los indios son violentos y anárquicos, causaban desperfectos en la hacienda y hasta lavaban con jabón a sus hijos en los abrevaderos: están en la carretera sólo para llamar la atención".

Movimientos sociales

El conflicto en António Joao es uno entre tantos que opone a terratenientes e indios en Brasil. Según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), una organización de defensa de los derechos indígenas ligada a la Conferencia Episcopal brasileña, 38 indios murieron el año pasado a consecuencia de enfrentamientos relacionados con la tierra, la cifra más alta en una década. El CIMI y otros movimientos sociales le echan la culpa al Gobierno, al que acusan de no demarcar tierras y olvidarse de los indios.

"El Gobierno de Lula no tiene política indigenista", afirma Marcelo Brito dos Santos, del Centro de Derechos Humanos de Mato Grosso do Sul. Según Brito, "el Ejecutivo no quiere enfrentarse a los grandes propietarios, por eso apenas demarca tierras y deja a los indios abandonados: en nombre de los pactos y la gobernabilidad han gobernado sólo para unos pocos".

Las críticas han creado un clima de ruptura con un Gobierno llamado en su momento a responder a las expectativas de los excluidos. "Los movimientos sociales apuntan al blanco equivocado", se defiende Luiz Fernando Villares, procurador general de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), para quien la cifra de muertes de indios se ha exagerado. Además, según Villares, "el Gobierno no demarca tantas tierras porque cada vez quedan menos disponibles. Sin embargo, ha creado más reservas que cualquier otro Gobierno del pasado, y eso a pesar de los poderes locales y el conservadurismo de los magistrados, como se ve en el caso de Antonio Joao".

Emboscada ficticia

Las explicaciones no convencen a los movimientos sociales y tampoco a los indios. En el campamento de Antonio Joao, Léia Aquino Pedro, una de las líderes de la comunidad, se pregunta: "¿Quién manda aquí? ¿Un presidente con millones de votos o un juez? Los indios elegimos a un presidente para que decidiese lo mejor para su pueblo, así que Lula tiene que hacer valer su firma".

Pero lo que más irrita a Léia es la actitud de los terratenientes. Niega que Dorvalino o cualquiera de los otros indios de la comunidad preparase una emboscada contra los vigilantes. "Nosotros dejamos las tierras pacíficamente y ya estábamos viviendo en la carretera, pero ellos querían una muerte para asustarnos y causarnos más sufrimiento", explica ante la tumba de Dorvalino.

En el pequeño cementerio instalado en las tierras que reclaman, descansan los restos de otros líderes indios. Léia se emociona al hablar de los muertos por la causa indígena y sentencia: "No queremos vivir así, sólo queremos ser libres y ejercer nuestro derecho a la tierra. No queremos ser tratados como animales, asesinados y abandonados en la carretera como si fuésemos extranjeros en nuestro propio país".

Tomado de comfia.info

 8 de febrero de 2006

 Fotografías: photographersdirect.com