América Latina sigue
siendo la región más peligrosa para el ejercicio de
actividades sindicales, y Colombia encabeza una vez más la
lista de asesinatos, actos de intimidación y amenazas de
muerte. Setenta sindicalistas colombianos pagaron con su
vida por haber intentado defender los derechos fundamentales
en el trabajo.
Otros países que destacan por actos de violencia y represión
contra los sindicalistas son Irak, Irán, El Salvador,
Yibuti, China, Camboya, Guatemala, Zimbabue y Birmania.
Algunos países del Golfo continúan prohibiendo totalmente
los sindicatos, en tanto que otros muchos, entre los que
figura Corea del Norte, los "sindicatos oficiales"
controlados por el gobierno están a la orden del día. En
Australia, el gobierno se apresuró a aprobar nuevas leyes
que privan a los trabajadores de aquel país de la protección
más elemental.
"El informe
de este año revela tendencias muy preocupantes,
especialmente para las mujeres, los trabajadores migrantes y
los funcionarios del sector público", afirma el secretario
general de la CIOSL, Guy Ryder. "El número de muertes fue
ligeramente inferior en 2005 que el año anterior, pero
estamos no obstante siendo testigos de una intensificación
de la violencia y la hostilidad contra los trabajadores y
trabajadoras que pretenden defender sus derechos", añadió.
Además de los 70
asesinatos registrados, 260 sindicalistas colombianos
recibieron amenazas de muerte, en un clima de persistente
impunidad de los asesinos, y donde los sindicalistas se
están convirtiendo en el blanco deliberado de ataques por
parte de grupos armados.
El sector de la educación ha sido particularmente objeto de
represión, lo que ha contribuido a un creciente fenómeno de
violencia contra las mujeres trabajadoras.
En otros puntos de
América, ocho defensores de los derechos de los trabajadores
rurales fueron asesinados en Brasil, mientras que en
Honduras, el coordinador sindical regional Francisco Cruz
Galeano moría acribillado a balazos en diciembre. En
Guatemala persiste el clima de violencia y terror,
especialmente contra las mujeres trabajadoras, siendo las
principales víctimas los trabajadores en los sectores de la
educación, la banca y la agricultura.
La
Administración Bush ha continuado atentando contra la
libertad sindical y la negociación colectiva en Estados
Unidos, contribuyendo así a que las campañas organizadas
para destruir sindicatos sigan a la orden del día. Uno de
los empleadores más notoriamente antisindicales en aquel
país, Wal-Mart,
ha exportado también sus prácticas a Canadá. Varias
provincias canadienses adoptaron igualmente otras medidas
para debilitar los derechos sindicales. Al igual que en
otras regiones,
las violaciones sistemáticas
de los derechos de los trabajadores en las zonas francas han
sido una característica destacada en México y en la
República Dominicana en particular, donde las compañías
multinacionales sacan provecho de los bajos salarios y de
unas condiciones de trabajo abusivas, especialmente en las
cadenas de suministros para los sectores del textil y el
metal.
Las zonas
francas industriales en varios países asiáticos,
especialmente Bangladesh, India, Pakistán, Filipinas y Sri
Lanka han destacado también por acciones antisindicales por
parte de los empleadores, muchas veces en complicidad con
los gobiernos, como parte de la implacable batalla a la que
se han librado muchas empresas globales para desbancar a sus
competidores.
En
Birmania, diez organizadores clandestinos de la ilegalizada
Federación de Sindicatos de Birmania fueron arrestados y
condenados a penas de prisión de entre tres y 25 años, en
tanto que la Junta militar reforzaba su poder absolutista.
En Corea del Sur, Kim Tae-huan, de la central sindical FKTU, ha sido uno
de los 17 sindicalistas asesinados en Asia en el transcurso
de 2005, al ser arrollado por un camión cuyo conductor
cumplía órdenes de la policía de lanzar su vehículo a través
de un piquete de trabajadores del cemento.
La violencia antisindical por parte de la policía y las
fuerzas de seguridad ha quedado documentada repetidas veces
en India, Camboya, China y muchos otros países.
Los
sindicatos nepalíes son un elemento central del movimiento
de la sociedad civil que busca restaurar los derechos
humanos y sindicales tras el golpe de Estado del rey
Gyanendra. Entre tanto, los trabajadores son sujetos a un
estricto control del gobierno en Corea del Norte, Laos y las
Maldivas, al igual que la única federación sindical nacional
que existe en Vietnam. Docenas de sindicalistas chinos
continúan en prisión, y las autoridades reprimieron
violentamente las protestas de los trabajadores en distintas
localidades, habiéndose recibido informes no confirmados de
dos personas muertas.
El gobierno
conservador de Australia consiguió que el Parlamento
nacional aprobase a finales de año una serie de leyes
antisindicales, que imponen considerables restricciones al
derecho de los trabajadores a contar con representación
sindical. Se ha eliminado la protección frente al despido
improcedente para casi todos los trabajadores australianos,
además de introducir disposiciones para la imposición de
importantes multas a los dirigentes sindicales y
trabajadores simplemente por intentar que el empleador
conceda permisos remunerados para participar en cursos de
formación del sindicato o pretender garantizar que no se
despida a los trabajadores sin un motivo justificado.
En Oriente
Medio, una serie de acciones de protesta organizadas por los
trabajadores iraníes, incluyendo al sector de transporte,
fueron reprimidas de forma extremadamente violenta por la
policía, habiéndose recibido informes de casos de tortura y
agresiones contra los huelguistas. Las autoridades pusieron
fin a los intentos de los trabajadores de formar un
sindicato en la planta de automóviles Iran Khodro, que
suministra a
Renault,
y numerosos trabajadores fueron despedidos por haber exigido
el pago de sus salarios. Un trabajador fue aprehendido por
los agentes de seguridad de la empresa, brutalmente
golpeado, para reaparecer varias semanas más tarde en la
conocida prisión de Evin, en Teherán. El conflicto en Irak
ha hecho que las actividades sindicales resulten
extremadamente difíciles, habiéndose registrado la muerte de
13 representantes sindicales como consecuencia directa de
sus actividades sindicales, incluyendo al dirigente de la
Federación Iraquí de Sindicatos, Hadi Salih, brutalmente
torturado y ejecutado por unos asesinos que irrumpieron en
su domicilio durante la noche del 4 de enero.
Los
trabajadores y trabajadoras emigrantes han sido víctimas de
una explotación abusiva en varios países de Oriente Medio,
entre los que figuran Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita,
Libia y Jordania. En muchos de estos países, los sindicatos
siguen estando totalmente prohibidos, o sujetos a fuertes
restricciones legales. En los Emiratos Árabes Unidos, 130
trabajadores de la construcción fueron violentamente
atacados por haber iniciado una huelga, y algunos
trabajadores migrantes no recibieron sus salarios durante
hasta 16 meses. En Bahrein, las esperanzas de que el
gobierno pudiera tomar medidas positivas para que la
legislación esté conforme con las normas internacionales se
vieron frustradas tras la promulgación de una nueva
disposición legal aún más restrictiva. En Qatar se registró
un hecho positivo, con la adopción de un nuevo Código
Laboral que, pese a sus deficiencias en varios aspectos,
permite la formación de sindicatos libres.
En uno de
los peores incidentes registrado en el continente africano,
la policía de Yibuti ocasionó un muerto y varios heridos al
disparar para dispersar una manifestación de conductores de
autobuses. En ese mismo país, una huelga de trabajadores
portuarios se saldó con 170 detenciones y 70 despidos. El
movimiento sindical de Zimbabue ha sido víctima de continuos
actos de hostigamiento por parte del gobierno, profiriéndose
amenazas de muerte contra sus dirigentes, y registrándose
arrestos y detenciones de activistas, además de varios casos
de violencia física en su contra.
El uso de
balas de goma y gases lacrimógenos ha sido una
característica generalizada de la respuesta policial a las
protestas de trabajadores en Sudáfrica, donde dos
trabajadores tuvieron que ser hospitalizados como resultado
de las acciones policiales. Mientras tanto, en Nigeria, una
nueva ley establece severas restricciones al derecho de
huelga y prohíbe totalmente los sindicatos para algunos
trabajadores. Las autoridades de Etiopía han reprimido
particularmente a los periodistas, manteniendo la
prohibición del sindicato de docentes en aquel país, cuyos
miembros fueron detenidos y acusados de alta traición.
También se produjeron acciones antisindicales en el sector
educativo en Argelia y Camerún. En Sudán, Egipto y Libia,
únicamente se permite la existencia de centrales sindicales
nacionales controladas por el Estado.
En Europa,
la peor represión contra los sindicatos tuvo lugar en
Bielorrusia, donde el régimen de Lukashenko no ha aplicado
ninguna de las recomendaciones de una Comisión de Encuesta
de la OIT, y en cambio ha consolidado la posición de la
organización controlada por el gobierno, la FBP, manteniendo
un alto grado de injerencia en los asuntos de los sindicatos
independientes. El gobierno de Moldova también intentó
coaccionar a los trabajadores, especialmente en el sector
educativo, para que se afiliasen a las estructuras
sindicales "preferidas" por las autoridades.
Las
autoridades turcas han protagonizado igualmente actos de
violencia contra los docentes, y más de 500 trabajadores
turcos fueron despedidos por sus actividades sindicales. En
la Unión Europea, en Polonia se ha informado de injerencia y
control estatal sobre los sindicatos, mientras que el
gobierno alemán se negó a levantar la prohibición de las
huelgas en el sector público. En ese mismo país, la cadena
de supermercados Lidl sigue mostrándose abiertamente
antisindical, mientras que la compañía de catering Gate
Gourmet también se ha distinguido por sus acciones
represivas, tanto en Alemania como en el Reino Unido.
CIOSL
9 de junio
de 2006
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