Crímenes de la dictadura que asoló a Uruguay

Hay pistas sobre crímenes cometidos por el régimen “cívico-militar” que asoló a Uruguay a partir del 27 de junio de 1973. El Poder Legislativo y el Ejecutivo están en condiciones de investigar. Si hay voluntad, podrán hacerlo.

De los asesinatos de dos ex presidentes de la Cámara de Representantes, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyos cadáveres aparecieron junto a los de los jóvenes William Whitelaw y Rosario Barredo, hay datos, también, al alcance del Ministerio del Interior, que deben conducir al éxito de una investigación.

También es posible seguir pistas que conducen al secuestro y asesinato del maestro, profesor y excepcional periodista uruguayo Julio Castro.

Cuando se produjo su secuestro, el Ministerio del Interior publicó un primer comunicado junto a una fotografía de Julio Castro con el título “Se busca”, en el cual se solicitaba información “a quien pudiera aportarla”.

Un segundo comunicado informó que Julio Castro había viajado a Buenos Aires en un vuelo de PLUNA, cuyo número se aportó. Pero los voceros de la dictadura actuaron con tal torpeza que, de inmediato, un periodista responsable les desmintió, informando que el aludido vuelo -para el cual él mismo tenía pasaje- no se había concretado por malas condiciones atmosféricas.

Hoy, el Ministerio (o la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento) están en condiciones de saber quién o quiénes redactaron esos comunicados. Los responsables de los mismos, sin duda funcionarios de la dictadura, deben informar por orden de quién los redactaron.

Los medios de prensa que los difundieron están en condiciones de indicar cómo obtuvieron esa información de la cual, como es obvio, la responsabilidad corresponde a jerarcas del Ministerio. ¿Alguien podrá pensar que una información de esa índole se redacta y difunde sin conocimiento de los jerarcas?

Los periodistas que publicaron los comunicados deben indicar cómo los obtuvieron. En la Oficina de Prensa de la Jefatura de Policía de Montevideo hay quien puede aportar información. ¿No es posible ofrecerle garantías para que indique la fuente de la cual la recibió?

Sólo de esa manera, cuando llegue la hora de la investigación -¡que llegará!- no habrá funcionarios que deban ser procesados como cómplices.

Un detalle complementario: los secuestradores robaron, además, el auto de Julio Castro, que comercializaron en Brasil y es perfectamente rastreable.

Por los días del secuestro supimos que Julio fue conducido, en primer lugar, a una dependencia policial ubicada entonces en las proximidades del monumento a Aparicio Saravia, en la Avenida Millán. ¿Quiénes ejercían el mando en esa dependencia?

¿Qué se establece, al respecto, en el expediente sobre la desaparición de Julio Castro? ¿Cuáles son sus conclusiones?

Todos estos datos permitirán, sin duda, “tirar de la manta” y determinar responsabilidades. No hacerlo sólo aportaría desprestigio a la institución policial y al país.

El Ministerio del Interior debería referirse a estos hechos y aclarar todo lo que sea posible ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que sin duda está en condiciones de reclamar respuesta a las interrogantes que tiene planteadas el país sobre una de las etapas más sombrías de su historia.