En Argentina, muy pocos testigos que declaran en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1976-1983) aceptan ser custodiados, a pesar de estar supuestamente en peligro. Si bien ya han pasado tres décadas, la sombra de la represión sigue vigente entre los argentinos, ya que dos testigos de estos juicios han sido secuestrados y varios han sido amenazados.

En septiembre de 2006, Julio López -testigo clave en la causa que dio prisión perpetua al ex policía Miguel Etchecolatz- desapareció en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y no se supo más nada de él.

En diciembre pasado desapareció Luis Gerez, testigo en otro de estos juicios. Luego apareció con vida en cuestión de horas, pero su secuestro alarmó nuevamente al gobierno y a la sociedad.

Debate

Los organismos de derechos humanos, e incluso el gobierno, creen que detrás de estas amenazas y secuestros hay policías -en actividad y retirados- relacionados a los presuntos represores juzgados. Estos casos instalaron el debate acerca de qué protección se les debe dar a los testigos, considerando que en los próximos meses unos cien ex policías y militares serán juzgados por delitos de lessa humanidad cometidos durante el ultimo gobierno de facto.

Como consecuencia, son miles los testigos que desfilarán por los tribunales para relatar los tormentos que presenciaron o que sufrieron en carne propia. Se estima que, solamente en la provincia de Buenos Aires, en los próximos meses declararán unas 1.800 personas.

Tampoco se debe subestimar el odio de muchos oficiales de Fuerzas Armadas, al ver que 200 oficiales incriminados en casos de violaciones a los derechos humanos fueron trasladados desde los cómodos cuarteles a las “incómodas” cárceles comunes, mientras esperan los juicios.

“Un zorro en el gallinero”

Luego del caso López, el gobierno ha ofrecido custodia policial a todos los testigos. Sin embargo, según pudo saber Rel-UITA, sólo tres de estos 1.800 testigos aceptaron la custodia. También se han implementado dispositivos electrónicos de seguimiento ambulatorio para los testigos, pero -según informaron en el Ministerio de Seguridad bonaerense- sólo 13 personas lo han pedido.

Sucede que la enorme mayoría de los testigos desconfía de la Policía, institución que en Argentina ha quedado muy desprestigiada por su actuación durante el gobierno militar.

Carlos Zaidman, uno de los testigos que rechazó la custodia, explicó a Rel-UITA que lo hace " porque esta Policía no ha cambiado. No sólo porque permanecen allí más de 9.000 que estuvieron en la época de la represión, sino porque ideológicamente no han cambiado. Además, está el caso del compañero López -agregó-, y creemos que donde hay que buscar a los responsables del secuestro de López y de Gerez es, precisamente, entre los cuadros de la Policía bonaerense que actuaron en esa época y que hoy lo siguen haciendo", denunció.

Este hombre, un taxista de la ciudad de La Plata, declarará en el próximo juicio sobre derechos humanos contra el sacerdote Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía bonaerense acusado de numerosos delitos aberrantes.

"Ofrecernos custodia policial es como meter un zorro en el gallinero. Es poner al investigado a cuidar a quienes los van a denunciar", graficó Zaidman.

Rel-UITA se contactó con la policía bonaerense para poder incluir su opinión en este artículo, pero voceros del Ministerio de Seguridad dijeron que no hablarían del tema.

"Poner fin a la impunidad"

Ernesto Moreau, abogado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, señaló a Rel-UITA que a los testigos "les resulta difícil tomar contacto con la misma Policía que los ha reprimido, en una sociedad donde se debate la necesidad de hacer cambios en esa institución pero que, en realidad, son cambios muy paulatinos, que no llegan".

La solución no es poner policías a cuidarlos uno por uno, pues "para custodiar a un testigo son necesarios cuatro policías, y además se sabe que si quieren hacerle daño pueden hacerlo igual, en forma organizativa", afirmó el abogado. En opinión de Moreau, la solución para "que nadie sea torturado o amenazado es terminar con la impunidad. Hagamos justicia, dictemos sentencias". Y añade que si la justicia acelerara sus tiempos, los juicios podrían terminar en cuestión de meses, y así los testigos finalmente estarían tranquilos.

Paralelamente, el abogado destacó la importancia de educar a la Policía en cuestiones humanitarias. De acuerdo con los organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas fueron asesinadas por el gobierno durante el último régimen militar de Argentina.

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