Durante
el último año, un cuarto de los
trabajadores liberados por el Grupo
Móvil de Fiscalización del Trabajo
Esclavo estaba empleado en el sector
sucroalcoholero de Mato Grosso do Sul.
Según el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE),
ellos trabajaban en una situación
semejante a la de la esclavitud. Aún
así, el gobierno del estado sigue
concediendo beneficios a los empresarios
del sector.
El presupuesto estadual de 2008 prevé un
descuento fiscal para los
sucroalcoholeros de casi 25 millones de
dólares. Serán beneficiadas 43 nuevas
usinas de azúcar y alcohol -16 de ellas
ya están en construcción- que
demandarían aproximadamente 1,5 millones
de hectáreas de cañaverales.
El diputado estadual Pedro Kemp (PT –
MS) presentó un Proyecto de Ley para
impedir que recursos públicos puedan
continuar financiando las actividades
que violan los derechos humanos y
laborales. De acuerdo con el actual
texto del Proyecto, las exenciones ya
concedidas también podrán ser
suspendidas inmediatamente, en el caso
de que se compruebe la práctica de este
crimen.
Si la ley ya estuviera en vigor, dos usinas
deberían ser punidas hoy, la Destilaría
Centro Oeste Iguatemí (Dócil) y
la Debrasa, del grupo José
Pessoal, en Brasilândia (MS). En
el mes de mayo de 2007, en la Dócil,
aproximadamente 500 personas, un tercio
de ellas indígenas, fueron rescatadas.
En el área de la Debrasa, fueron
rescatados más de mil trabajadores
indios el último mes de noviembre.
El proyecto también obliga al Estado a exigir
en las licitaciones el Certificado de
Regularidad, expedido por la
Superintendencia Regional del Trabajo (SRT).
Silvia Adoue
Radioagencia Noticias do
Planalto
1 de abril de 2008
